Competitividad y reforma agriola

Cada vez hay un mayor consenso en la sociedad espa?ola respecto a que la competitividad de nuestros sectores productivos no se puede lograr s¨®lo acudiendo a pol¨ªticas macroecon¨®micas (reducci¨®n de la tasa de inflaci¨®n, tipo de cambio, reducci¨®n de tipos de inter¨¦s, etc¨¦tera), sino que adem¨¢s es necesario llevar a cabo reformas estructurales.Desgraciadamente, en nuestro pa¨ªs hemos tardado bastante en reconocer esta gran verdad, hoy admitida por todos, y hemos tardado m¨¢s todav¨ªa en llevarla a la pr¨¢ctica. Ha habido que esperar unos cuantos a?os para empezar a creernos que esto de las reformas estructurales va en serio.

La agricultura, un sector m¨¢s de nuestra econom¨ªa real, cada vez m¨¢s integrada en los circuitos econ¨®micos, no ha sido una excepci¨®n. Desde el programa de pol¨ªtica agraria del ministro Lamo de Espinosa, ?en l979!, no se hab¨ªa llevado a cabo ninguna iniciativa estatal de relevancia en materia de reforma estructural (hace por tanto 15 a?os).

Por fin, el Consejo de Ministros acaba de aprobar y remitir al Parlamento el proyecto de ley de modernizaci¨®n de las explotaciones agrarias, que ha tardado m¨¢s de dos a?os en redactarse, despu¨¦s de que sus preparativos se iniciaran en la etapa del ministro Solbes, continuaran en la del ministro Albero y, finalmente, fuese presentada por el ministro Atienza. La elaboraci¨®n de una ley de estas caracter¨ªsticas no era f¨¢cil. Primero,por la propia complejidad del tema. Segundo, por las limitaciones impuestas por el reparto competencial Estado-CC AA (en agricultura hay muchas competencias transferidas a las CC AA) y por la pol¨ªtica agraria comunitaria (PAC). Tercero, porque deb¨ªa ser negociada con las comunidades aut¨®nomas, en el nuevo marco de cooperaci¨®n establecido en la conferencia sectorial, y con las organizaciones profesionales agrarias, para garantizar el ¨¦xito de aplicaci¨®n de la ley.

La necesidad de que en el sector agrario se produzcan mejoras estructurales es algo muy dificilmente discutible. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la deficiente estructura productiva de nuestra agricultura es uno de los principales obst¨¢culos para que ¨¦sta afronte con ¨¦xito el nuevo reto de la competitividad.

Pero tan indiscutible es la necesidad de que se operen cambios estructurales en nuestra agricultura como cierto es que estos cambios no se est¨¢n produciendo de forma espont¨¢nea. As¨ª, aunque en los a?os ochenta el descenso de activos agrarios ha sido importante, la dimensi¨®n media de las explotaciones apenas ha aumentado. El efecto reestructurador de este proceso de disminuci¨®n de la poblaci¨®n activa agraria ha sido por lo tanto exiguo, a diferencia de lo ocurrido en Europa.

Las rigideces del mercado de la tierra, el escaso ¨¦xito del arrendamiento como instrumento movilizador de las tierras y la resistencia de muchos seudoagricultores dejar el cultivo de sus parcelas, aunque consideran la actividad agraria como algo totalmente marginal y a lo que no merece la pena dedicarle mucho esfuerzo ni atenci¨®n, son algunas de las principales causas que explican por qu¨¦ no se est¨¢ produciendo el cambio estructural de forma espont¨¢nea, es decir, sin intervenci¨®n p¨²blica.

El proyecto de ley define como modelo estructural en el que hay que concentrar los apoyos p¨²blicos el de la agricultura viable y profesional (dedicaci¨®n a la explotaci¨®n). Es lo que se conoce en el proyecto como explotaci¨®n prioritaria. El n¨²mero de este tipo de explotaciones, seg¨²n nuestras estimaciones y aplicando los criterios propuestos para definirlo, es de 346.961, lo cual representa el 16% del total de explotaciones. En cuanto a las explotaciones hoy marginales, la idea que subyace en el proyecto de ley es que algunas de ellas puedan llegar a ser explotaciones prioritarias, para lo cual se establecen tres v¨ªas fundamentales: el incentivo a la constituci¨®n de explotaciones prioritarias asociativas mediante f¨®rmulas muy flexibles, la eliminaci¨®n de rigideces en el mercado de la tierra, especialmente la liberaci¨®n de la actual legislaci¨®n sobre arrendamientos r¨²sticos, y la concesi¨®n de ayudas y beneficios fiscales para posibilitar el incremento de la base territorial de la explotaci¨®n.

Las explotaciones muy eficientes o eficientes pero cuyo titular no es agricultor profesional no se consideran explotaciones prioritarias. Seg¨²n nuestras estimaciones, se trata de 43.588 explotaciones, lo que supone el 2% del total, pero el 11,5% de la superficie agraria ¨²til nacional. Es indudable que este tipo de explotaciones debe poder afrontar el reto de la competitividad. Lo ¨²nico que es discutible es si debe ser objeto preferente de ciertos tipos de ayudas o no. La opci¨®n elegida por el proyecto de ley es razonable y en cualquier caso no impide el acceso de estas explotaciones a las ayudas de la PAC.

Quiz¨¢ uno de los elementos m¨¢s novedosos del proyecto de ley, y que supone una apuesta pol¨ªtica valiente, es la utilizaci¨®n de la asignaci¨®n o reasignaci¨®n de derechos de producci¨®n a las explotaciones prioritarias, como instrumento para fomentar su constituci¨®n y contribuir a orientar la evoluci¨®n estructural hacia el modelo deseado.

En la medida en la que un Estado miembro, como es el caso de Espa?a, tiene un grave problema estructural y un pr¨®ceso de reestructuraci¨®n bloqueado en los ¨²ltimos lustros, se plantea la imperiosa necesidad de inducir, a trav¨¦s de todos los instrumentos posibles, la creaci¨®n de explotaciones de mayor tama?o que el mercado no genera a causa de las distorsiones existentes en el mismo. Por ello, una de las batallas pol¨ªticas m¨¢s importante que nuestro ministro de Agricultura puede librar en Bruselas es aumentar el grado de autonom¨ªa en la asignaci¨®n a cada agricultor de lo nuevos derechos de producci¨®n y en la definici¨®n de los criterio a seguir para realizar dicha individualizaci¨®n, respetando siempre los derechos de producci¨®n (hect¨¢reas o cabezas de ganado a nivel nacional. El principio de subsidiariedad establecido en el Tratado de la UE aporta la bases jur¨ªdica necesaria para sustenta esta decisiva batalla.

Pero para que una estruptura agraria sea competitiva no basta con que las explotaciones sea de mayor tama?o y est¨¦n mejor configuradas sino que es necesario adem¨¢s mejorar y racionalizar su capitalizaci¨®n, y que a frente de ella se encuentren agricultores j¨®venes y capaces. Par lo primero se ha optado por dirigir preferentemente las ayuda a la modernizaci¨®n de explotaciones, hacia las explotacione prioritarias. En cuanto a la instalaci¨®n de j¨®venes agricultores en explotaciones prioritarias, proyecto de ley ha establecido un conjunto de instrumentos beneficios de gran alcance. El riesgo de fracaso y las dificultades de un joven agricultor en su primera instalaci¨®n son muy elevados, de ah¨ª que consideramos muy positivo que, sabiendo la importancia que tiene la incorporaci¨®n de poblaci¨®n activa joven a la agricultura, se hayan pretendido crear las condiciones ¨®ptimas para garantizar el ¨¦xito. de la pol¨ªtica de rejuvenecimiento de la poblaci¨®n activa agraria.

A tenor de lo que ha pasado en los ¨²ltimos 10 a?os (inmovilismo estructural), no es f¨¢ci creerse que en los pr¨®ximos 10 a?os el n¨²mero de explotaciones se reducir¨¢ fuertemente. Bien es verdad que el dinamismo que puede generar el nuevo marco de liberalizaci¨®n acordado en la Ronda Uruguay de GATT puede desencadenar cambios estructurales agrarios hasta hace poco impensables. De ah¨ª la oportunidad hist¨®rica

del proyecto de ley.

Sin embargo, somos algo esc¨¦pticos sobre el ¨¦xito de la aplicaci¨®n de la ley. La culpa de este escepticismo la tiene la situaci¨®n de des¨¢nimo de los agricultores Una de las condiciones para que el proceso de reestructuraci¨®n se lleve a cabo es que los agriculto res tengan expectativas de futuro y crean en sus propias posibilidades y en las de la agricultura ?sta no es, por desgracia, la situaci¨®n actual. El des¨¢nimo se ha instalado en nuestra agricultura. Si esta situaci¨®n no se supera, el necesario proceso de inversi¨®n e innovaci¨®n que toda reestructuraci¨®n sectorial comporta no tendr¨¢ lugar, por muchas leyes que se aprueben.

Esperemos que la superaci¨®n del actual estado de desconcierto, des¨¢nimo y desconfianza, a medida que las nuevas orientaciones de la pol¨ªtica agraria se vayan asentando, impida que una de las m¨¢s importantes iniciativas legislativas agrarias de los ¨²ltimos 15 a?os se convierta en algo in¨²til.

Jos¨¦ Mar¨ªa Sumpsi Vi?as es catedr¨¢tico de Econom¨ªa y Ciencias Sociales de la Universidad Polit¨¦cnica de Madrid.