El fondo de ayuda a las v¨ªctimas de la violencia entrar¨¢ en vigor en 1996

El fondo de asistencia a las v¨ªctimas de delitos violentos, cuya creaci¨®n prepara el Ministerio de Justicia e Interior, empezar¨¢ a funcionar en 1996 y no tendr¨¢ car¨¢cter retroactivo, seg¨²n indicaron fuentes de este departamento. Los damnificados por hechos anteriores a la entrada en vigor del fondo recibir¨¢n asistencia si la siguen necesitando, pero no tendr¨¢n derecho a cobrar atrasos, dado el alto coste econ¨®mico que implicar¨ªa una medida de este tipo, explicaron las mismas fuentes.

El funcionamiento de este fondo ser¨¢ regulado por un proyecto de ley que pr¨®ximamente aprobar¨¢ el Consejo de Ministros. Teniendo en cuenta que la tramitaci¨®n parlamentaria llevar¨¢ varios meses, no ser¨¢ posible incluir una partida con este fin en los Presupuestos Generales del Estado para 1995, que entrar¨¢n en el Congreso antes del 1 de octubre, agregaron las mismas fuentes.El proyecto que ultima el Ministerio de Justicia e Interior tiene car¨¢cter "asistencial" y no se limita al pago de compensaciones econ¨®micas, sino que prev¨¦ cualquier tipo de apoyo legal, sanitario o psicol¨®gico que puedan necesitar las v¨ªctimas de delitos violentos intencionales, lo que incluye los atentados terroristas y excluye los accidentes.

Las indemnizaciones se fijar¨¢n en funci¨®n de unos baremos que tendr¨¢n en cuenta no s¨®lo la gravedad de los delitos, sino tambi¨¦n la situaci¨®n econ¨®mica de los damnificados.

Se compensar¨¢n los da?os efectivos sobre la capacidad econ¨®mica de la v¨ªctima o su familia, as¨ª como los gastos sanitarios y funerarios, cuando no estuvieran cubiertos por un seguro; pero no los da?os morales, que con frecuencia son cuantificados econ¨®micamente por los jueces. Habr¨¢, asimismo, un l¨ªmite m¨¢ximo para la cantidad que puede percibirse con cargo al erario p¨²blico.

La responsabilidad de indemnizar a las v¨ªctimas corresponde a los delincuentes, por lo que el Estado s¨®lo desembolsar¨¢ ayudas econ¨®micas cuando se demuestre la insolvencia del condenado o no sea posible identificar al culpable. Se arbitrar¨¢n f¨®rmulas para atender situaciones de necesidad y urgencia, anticipando indemnizaciones antes de que haya sentencia firme.

El Estado podr¨¢ recuperar parte del dinero abonado subrog¨¢ndose el derecho a cobrar del delincuente la indemnizaci¨®n por responsabilidad civil que corresponda a la v¨ªctima o percibiendo el importe del seguro, cuando lo hubiera.

Convenio europeo

Fuentes de Justicia e Interior admitieron que el Gobierno ten¨ªa ya listo un proyecto de ley sobre este tema en marzo de 1993, que ha servido como base al actual texto. La experiencia de los pa¨ªses que cuentan con un fondo de estas caracter¨ªsticas -como Francia o B¨¦lgica, entre otros- y las recomendaciones del convenio del Consejo de Europa sobre indemnizaci¨®n a las v¨ªctimas de delitos violentos, de 24 de noviembre de 1983, tambi¨¦n se han tenido en cuenta.El proyecto incluye igualmente el programa de centros de asistencia a las v¨ªctimas de delitos violentos que Justicia e Interior ha puesto en marcha en Las Palmas, Valencia, Bilbao y Palma de Mallorca mediante acuerdos con ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas, y que se propone extender a otras grandes ciudades.

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, declar¨® ayer a Radio Nacional que "hay que hacer una ley que articule la solidaridad y, a ser posible, evite el riesgo de la demagogia". El ministro agreg¨® que, en contra de lo que ha sugerido el PNV, no puede hacerse ninguna excepci¨®n con los terroristas a la hora de pagar las indemnizaciones civiles fijadas por los tribunales. "Eso es una funci¨®n judicial que no admite excepciones y que debe funcionar cualquiera que sea el delincuente", dijo.

"Lo razonable es que primero pague el delincuente. Pero si carece de medios, l¨®gicamente debe el Estado tambi¨¦n amparar a esas v¨ªctimas. Es muy importante que quien ha cometido un delito sepa que, adem¨¢s de la pena privativa de libertad, ha causado unos da?os y debe repararlos. Es tambi¨¦n un factor positivo de integraci¨®n", concluy¨®.

Aunque no lo cit¨® expresamente, el ministro cifr¨® en unos 700.000 millones de pesetas el coste de la proposici¨®n de ley sobre indemnizaciones a las v¨ªctimas de delitos violentos presentada el lunes por el Grupo Popular.