R¨¦plica de Carlos Sotos

Esta carta no se acoge a formalidad legal alguna, y posiblemente su destino sea la misma papelera a que han ido a parar otros escritos por m¨ª realizados con la intenci¨®n vana de aclarar algunas "aut¨¦nticas noticias falsas" sobre el llamado caso PS V Lo que ya excede mi capacidad de aguante (y ya es decir) es la informaci¨®n que J. Yoldi public¨® el 23 de septiembre sobre la declaraci¨®n de Gonz¨¢lez Tasc¨®n, declaraci¨®n que constituye una pura falsedad. Tan categ¨®rica afirmaci¨®n es f¨¢cilmente comprobable por usted con la documentaci¨®n que, me consta, obra en poder de sus redactores desde hace casi dos a?os y que permite demostrar lo siguiente:1. Que yo no era presidente de UNIAL en la ¨¦poca en que se formalizaron las operaciones descritas en la informaci¨®n publicada. Por tanto, yo no pod¨ªa, en ning¨²n caso, dar las ¨®rdenes que me atribuyen, ni sobre fondos de reserva ni sobre nada, que tuvieran eficacia alguna.

2. Que el presidente de UNIAL era, en ese periodo, don Sebasti¨¢n Reyna Fern¨¢ndez, entonces y ahora secretario de finanzas de UGT. Asimismo, el consejero-delegado y primer ejecutivo de la compa?¨ªa era don Jos¨¦ Ignacio L¨®pez Rodr¨ªguez. Ambos pod¨ªan, en su caso, dar las ¨®rdenes o disponer de los fondos que considerasen oportuno, para esas u otras operaciones.

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3. Que tras mi nombramiento como presidente de UNIAL, pr¨¢cticamente en 1992, no tom¨¦ decisiones operativas de ning¨²n tipo en dicha entidad. Posteriormente, y tras ser requerido por la Direcci¨®n General de Seguros, el 26 de octubre de 1992, nos fueron exigidas medidas extraordinarias, dado el estado de la gesti¨®n en que, a juicio de la Administraci¨®n central, se encontraba la empresa. Fue a partir de ese momento cuando el consejo de administraci¨®n, por unanimidad, acord¨® el cese del consejero-delegado se?or L¨®pez Rodr¨ªguez (1 de diciembre de 1992), junto a otras important¨ªsimas medidas, como fue el, desembolso de 2. 000 millones de pesetas en capital, antes del 31 de diciembre de 1992, para garantizar la solvencia de la entidad, como as¨ª se hizo.

4. Que, en base a lo anterior, se procedi¨® al despido, por acciones contra la empresa, de los principales responsables ejecutivos de una pol¨ªtica de contrataci¨®n y comercial que provoc¨® p¨¦rdidas por valor de varios miles de millones de pesetas en varios ejercicios, como est¨¢ debidamente documentado. El se?or Gonz¨¢lez Tasc¨®n era el n¨²mero dos en la jerarqu¨ªa operativa de la compa?¨ªa y directo responsable de dicha gesti¨®n. Tal situaci¨®n heredada motiv¨® la poco conocida crisis de UNIAL, destinada a proyectarse como el caso PSV, carg¨¢ndome a m¨ª, para m¨¢s inri, con su responsabilidad personal.

5. Que fue, precisamente, esa crisis de UNIAL la espoleta que permiti¨® crecer la desconfianza (o sirvi¨® para su justificaci¨®n) e hizo saltar por los aires la credibilidad financiera necesaria en un momento clave para PSV, S. Coop., e IGS, SA. En efecto, el inicio de miles de viviendas en la primavera de 1993 vino acompa?ado de fuertes tensiones en UNIAL, que aparecieron reflejados en los medios de comunicaci¨®n (v¨¦ase la portada del diario El Mundo de 30 de abril de 1993), y esto perjudic¨® notoriamente a la obtenci¨®n de los pr¨¦stamos imprescindibles para la construcci¨®n de dichas viviendas, que habr¨ªan de conceder las entidades financieras p¨²blicas (Argentaria y cajas de ahorro). S¨®lo a?o y medio m¨¢s tarde se comprobar¨ªa que era una mera excusa para no cumplir los compromisos de dichas entidades y las administraciones p¨²blicas con los, entonces, gestores de PSV, S. Coop.

6. Que tras la salida de tan nefasto equipo directivo se hizo casi lo imposible para mantener y sanear la compa?¨ªa de seguros de UGT y eliminar su proyecci¨®n negativa sobre PSV, S. Coop., e IGS, SA. En todo el periodo que va desde diciembre de 1992 a julio de 1993 (fecha en que dimit¨ª), ¨¦sa fue una de mis principales obsesiones, y, en todo caso, jam¨¢s durante esa ¨¦poca llev¨¦ la operativa de la entidad ni dispuse de sus fondos, por entonces fuertemente controlados por la Direcci¨®n General de Seguros.

7. Que todas las anteriores afirmaciones est¨¢n respaldadas por registros mercantiles, auditor¨ªas especiales de Arthur Andersen y Ernest Young y resoluciones administrativas. Dif¨ªcilmente puede imput¨¢rseme lo que refleja el titular de la ?noticia? del 23 de septiembre de 1994.

8. Que lo ¨²nico cierto es que un ex alto directivo de UNIAL declar¨® ante el juez se?or Moreiras el 29 de- julio de 1994, y queese mismo d¨ªa, a las tres de la tarde, se emit¨ªa por ese juez un auto que todav¨ªa me mantiene en prisi¨®n.

?stos son los hechos. Resulta cruel que la venganza busque el amparo de la justicia, pero es a¨²n peor la veracidad que le aporta su publicaci¨®n en el medio que dirige, sobre todo cuando se filtra dos meses despu¨¦s coincidiendo, casualmente, con el presumible pronunciamiento de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre el recurso de queja que solicita a dicho ¨®rgano mi libertad.

Por todo lo anterior, me parece inmoral que se me ataque sin contemplaciones en una situaci¨®n personal de clara indefensi¨®n y con limitaciones a mis derechos constitucionales, como es el de libre expresi¨®n, dado que el juez se?or Moreiras ha denegado mi solicitud de 12 de septiembre de 1994 al director de la prisi¨®n de Carabanchel para efectuar dos entrevistas radiof¨®nicas con los se?ores Herrero y Encinas, de las cadenas COPE y la SER, respectivamente.

Quiero concluir lamentando decirle que me parece impropio de su medio la ausencia de comprobaci¨®n (tan f¨¢cil en este caso) de unos hechos de esta trascendencia. Aqu¨ª hay algo m¨¢s que una noticia, se trata tambi¨¦n de algo que afecta a la libertad de una persona; se trata, en definitiva, de no alimentar artificialmente la alarma social que justifica para algunos, e interesadamente, mi privaci¨®n de libertad.- Centro Penitenciario de