Respuesta pol¨ªtica

LA COMISI?N que investiga la financiaci¨®n irregular de los partidos no ha empezado con buen pie. La primera votaci¨®n planteada en su seno ha sido para excluir, con el apoyo del PSOE, los casos espec¨ªficos que afectan a los nacionalistas catalanes y vascos (casinos y tragaperras). La argumentaci¨®n es peregrina, por mucho que la haya apoyado el presidente del Gobierno. Si se trata de controlar la acci¨®n de los Ejecutivos catal¨¢n y vasco, es l¨®gico que los ¨®rganos competentes sean los respectivos Parlamentos aut¨®nomos. Si estamos ante unos casos que supuestamente aportan datos sobre la financiaci¨®n irregular de dos partidos con representaci¨®n en las Cortes, no puede hablarse en seno de un conflicto de competencias.Lo que justifica precisamente la existencia de esta comisi¨®n es el prop¨®sito de estudiar en su conjunto, de una vez por todas, la financiaci¨®n irregular, en mayor o menor medida, de todos los partidos pol¨ªticos. Algo que s¨®lo unos pocos reconocen en p¨²blico, pero que nadie discute- en privado. S¨®lo un diagn¨®stico compartido de este problema, que ha contribuido m¨¢s que cualquier otro al descr¨¦dito de los pol¨ªticos, permitir¨¢ tratar de resolver de una vez una de las herencias pendientes de la transici¨®n. Desde que el caso Filesa desvel¨¦ la dimensi¨®n del problema, los partidos han utilizado cada esc¨¢ndalo como arma de desprestigio del adversario; pero han sido incapaces de dar una respuesta pol¨ªtica de conjunto a algo que les afecta a todos,, sin excepci¨®n.

La comisi¨®n podr¨ªa ser el marco adecuado para producir esa respuesta, a condici¨®n de que sus componentes act¨²en de buena fe. Algo que se ha echado en falta en la estrategia ideada por los nacionalistas catalanes. La intervenci¨®n del presidente del Gobierno en el debate p¨²blico ha sido interpretada por la oposici¨®n como una prueba adicional de la existencia de un pacto de defensa mutua.

Pero tampoco el PP parece especialmente interesado en contribuir a encontrar esa respuesta 'Pol¨ªtica conjunta. Ya de entrada quiso reducir el alcance de la investigaci¨®n al caso Filesa. Para ello ha sostenido que el caso Naseiro, cuya relaci¨®n con sus propias finanzas es tan evidente como la de Filesa con las del PSOE, hab¨ªa dejado de existir una vez sobrese¨ªdo, por defectos de forma, el proceso judicial abierto en su d¨ªa. Pero la investigaci¨®n parlamentaria es independiente del proceso penal: no persigue determinar la culpabilidad de las personas, sino esclarecer unos hechos de los que podr¨ªan derivar responsabilidades pol¨ªticas.

La virtualidad de esta comisi¨®n para establecer un diagn¨®stico compartido es, precisamente, que en ella se borra esa barrera, en gran parte casual, de la distinta suerte corrida en los juzgados por los distintos casos. Tambi¨¦n ser¨ªa indiferente su paso, como casos particulares, por los Parlamentos: el de las tragaperras -contra lo que ahora se ha alegado- no lleg¨® a ser investigado en el de Vitoria porque lo impidi¨® la mayor¨ªa formada por el PNV y el PSOE; el de Casinos fue dictaminado de manera exculpatoria para CiU merced a la mayor¨ªa absoluta de este partido en el de Catalu?a .El de Naseiro no se investig¨® porque se opuso a ello... el PSOE, que no quer¨ªa crear un precedente aplicable al caso Guerra.

Esas diferencias no borran la evidencia de que todos los casos tienen que ver con m¨¦todos de financiaci¨®n irregular de los partidos. Las pruebas conocidas por la opini¨®n p¨²blica (cintas de Naseiro, facturas de Filesa y Casinos, dictamen del Tribunal Vasco de Cuentas sobre 2.500 m¨¢quinas ilegales ... ) hacen que s¨®lo pueda albergar dudas quien tenga inter¨¦s en ello. Luego, hay un problema pol¨ªtico que afecta a todos los partidos. Tambi¨¦n a Izquierda Unida, aunque sus procedimientos fueran diferentes y menor la cuant¨ªa de su financiaci¨®n opaca. Y, por supuesto, comprende a partidos que dejaron de pagar sus deudas bancarias con el truco de su refundaci¨®n y cambio de nombre. Esas evidencias no desaparecen porque se incluyan, o no, los Casinos de Catalu?a, la Operaci¨®n Roca o cualquier otro asunto en la Esta de los investigables por la comisi¨®n.

La respuesta penal ser¨¢ la que los jueces determinen, y la comisi¨®n no podr¨ªa, aunque lo pretendiera, interferir en ella; pero la respuesta pol¨ªtica sigue pendiente. Una respuesta que debe proyectarse al futuro, pero no excluye, sino todo lo contrario, una valoraci¨®n de lo ocurrido: un, diagn¨®stico -necesariamente autocr¨ªtico- de los factores que han determinado el fracaso del sistema actual de financiaci¨®n: incapaz de evitar el tr¨¢fico de influencias, tendente al despilfarro, nada transparente, sin mecanismos eficaces de control y sanci¨®n... S¨®lo tras un reconocimiento expl¨ªcito de esa realidad tendr¨¢n credibilidad las propuestas de modificaci¨®n del marco legal que puedan emanar de la comisi¨®n.