Droga: debate abierto
ALGUNOS POLITICOS y responsables p¨²blicos tienen a veces la lucidez y el coraje de plantear p¨²blicamente dudas razonables sobre la efectividad de la v¨ªa represiva para resolver el problema de la droga. Pero la mayor¨ªa prefiere no remover el tema, seguir aferrados a un prohibicionismo a ultranza que no ha resuelto nada y hace el agosto de los narcotraficantes, y sacar los m¨¢ximos r¨¦ditos electorales a un problema socialmente tan manipulable y controvertido como es la droga.A primera vista, puede parecer que quienes se arriesgan a decir p¨²blicamente que el debate de la droga sigue abierto -hay que estar ciegos para no ver que la actual pol¨ªtica represiva no lo cierra en absoluto- son voces que claman en el desierto. Tal es el espeso silencio oficial con que se acoge ese tipo de propuestas o, por el contrari¨®, el desprecio ignorante con que se despacha desde determinadas tribunas. Pero la recurrencia del tema -a pesar de los intentos por acallar o desacreditar el debate- muestra que tales voces son fiel reflejo de una s¨®lida, permanente y nada despreciable opini¨®n que pugna por un tratamiento distinto y m¨¢s matizado de un problema que no s¨®lo no se resuelve, sino se agrava.
En Espa?a, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carlos L¨®pez Ria?o, se ha hecho portavoz de esa atendible y fundada opini¨®n al proponer un debate p¨²blico, en la sociedad y en el Parlamento, sobre la legalizaci¨®n del hach¨ªs. Y el l¨ªder del Partido Popular, Jose Mar¨ªa Aznar, se ha puesto inmeditamente a la cabeza de quienes prefieren que las cosas sigan como est¨¢n y consideran una broma cualquier intento de reabrir el debate sobre las contradicciones de la pol¨ªtica represiva contra la droga. Aznar tiene raz¨®n al afirmar que no existen drogas buenas y malas y que todas son nocivas. Nadie lo discute. Pero unas lo son m¨¢s que otras. De ah¨ª que tenga sentido su clasificaci¨®n en duras y blandas y la distinci¨®n entre las que causan grave da?o a la salud y las que no, seg¨²n los baremos de peligrosidad elaborados por la Comisi¨®n de Estupefacientes de la ONU. ?Ser¨ªa coherente, pues, un tratamiento penal indiferenciado para quien trafica con hach¨ªs o con coca¨ªna, como parecen reclamar quienes combaten tal distinci¨®n?
El debate propuesto por L¨®pez Ria?o sobre la legalizaci¨®n del hach¨ªs -una droga de las consideradas blandas, tan nociva como el tabaco y el alcohol- podr¨ªa servir, entre otras cosas, para destruir tab¨²es y deshacer malentendidos en una cuesti¨®n tan propicia a ellos como el de la droga. Es decir, para situar el problema en unas coordenadas de racionalidad y de realismo que ofrezcan soluciones m¨¢s efectivas que las ilusorias que proponen las pol¨ªticas basadas en la represi¨®n. Pa¨ªses como Suecia o Dinamarca se mueven ya, con toda la prudencia exigible, en esa direcci¨®n. Y en la misma l¨ªnea hay que situar declaraciones de gentes tan poco sospechosas como la m¨¢xima autoridad sanitaria de EE UU, Joycelyn Elders, o el economista Milton Friedman, se?alando el terrible efecto crimin¨®geno de la represi¨®n legal indiscriminada de las drogas.
La potencialidad delictiva de la droga no es el ¨²nico argumento, ni seguramente el m¨¢s importante, que har¨ªa aconsejable el replanteamiento de su prohibici¨®n. Algo deber¨ªan hacer los pol¨ªticos -m¨¢s all¨¢ de rasgarse las vestiduras ante las alternativas despenalizadoras o legalizadoras- para evitar que el 60% de los delitos violentos est¨¦n relacionados con la drogadicci¨®n, como sucede en EE UU, o que el 44% de los reclusos tengan que ver con problemas de la droga, como sucede en Espa?a. No abrir el imprescindible debate propuesto ahora por el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, y que reclaman tambi¨¦n otros responsables p¨²blicos en diversos pa¨ªses, equivale a seguir con los ojos cerrados ante una realidad marcada por el aumento de la criminalidad, el creciente censo de los adictos, las muertes por adulteraci¨®n y la consolidaci¨®n de un inmenso poder mafioso que lleva la muerte y la desolaci¨®n a la sociedad, que desaf¨ªa a los Estados y corrompe sus instituciones.
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