Un auto imposible

EL JUEZ Moreiras ha entrado en el caso PSV como elefante en cacharrer¨ªa. El auto del titular del Juzgado de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional por el que se fija una fianza civil de 65.000 millones de pesetas -seguramente la mayor de la historia judicial espa?ola- constituye un dur¨ªsimo golpe para la UGT. Pero es posible que lo sea a¨²n m¨¢s para los miles de damnificados de esa cooperativa si la decisi¨®n judicial dificulta, como parece, los esfuerzos que los implicados -asociaciones de afectados, gestora IGS, cooperativa PSV, UGT y el propio Gobierno- est¨¢n llevando a cabo para enderezar la situaci¨®n y que los cooperativistas puedan acceder a sus viviendas.Que antes o despu¨¦s la onda expansiva del desastre de la PSV iba a afectar al patrimonio de la UGT estaba cantado desde que el caso lleg¨® al terreno de lo penal. Los damnificados y sus abogados no s¨®lo conoc¨ªan esa posibilidad, sino que, como es l¨®gico, la contemplaban como uno de los objetivos perseguidos por la acci¨®n penal. Tampoco la UGT pod¨ªa ignorar que su responsabilidad por el fiasco de la PSV -20.000 familias de trabajadores burladas y expoliadas- no quedar¨ªa reducida al ¨¢mbito de lo moral. De hecho, la propia UGT tom¨® la, iniciativa de avalar con su patrimonio el cr¨¦dito de 9.000 millones de pesetas otorgado por el Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO), en diciembre pasado, para dar liquidez a la gestora IGS y a la cooperativa PSV, entonces en tr¨¢mite de suspensi¨®n de pagos. Pero el embargo judicial de esos bienes, si finalmente se produce, dar¨ªa un cariz muy distinto a ese aval, haci¨¦ndolo incluso inviable. A veces, castigar a los culpables y amparar a los perjudicados pueden ser objetivos dif¨ªcilmente compatibles de forma simult¨¢nea.

La inculpaci¨®n formal por el juez de los cuatro m¨¢ximos directivos de la PSV -Carlos Sotos, Paulino Barrab¨¦s, Ferm¨ªn Bret¨®n y Francisco Hern¨¢ndez- llevaba aparejada la exigencia de la correspondiente fianza con la que hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que, al t¨¦rmino del proceso penal, queden establecidas. En primer lugar, a los inculpados, y subsidiariamente, a IGS-PSV y a la UGT. Pero como los primeros no est¨¢n en condiciones de prestar esa exorbitante fianza, la decisi¨®n judicial implica de hecho el embargo directo de los bienes de esas sociedades y de la central sindical.

Queda la duda, en todo caso, de si el juez Moreiras ha dictado su resoluci¨®n en el momento oportuno y si ha medido sus consecuencias. Algunos defensores de los inculpados han se?alado que la cuant¨ªa de la fianza se ha fijado "a ojo de buen cubero", sin un informe pericial previo sobre la magnitud de los perjuicios causados. Y dirigentes de las asociaciones de afectados han mostrado tambi¨¦n su asombro porque puedan embargarse bienes de los cooperativistas -de hecho, los de la PSV- con la pretensi¨®n de garantizar sus derechos.

Son indicaciones totalmente pertinentes. A lo que se a?ade que los bienes embargables no bastan ni con mucho, seg¨²n estimaciones solventes, para cubrir la fianza de 65.006 millones exigida por el juez. En cambio, podr¨ªan ser suficientes para avalar cr¨¦ditos a las cooperativas que se constituyan tras el proceso de segregaci¨®n actualmente en marcha. Ello har¨ªa posible el objetivo ¨²ltimo de construir las viviendas. Si el embargo se lleva a efecto y los bienes de IGS-PSV y de UGT quedan inmovilizados, no cabe ninguna duda de que se destruye la base sobre la que se asienta la viabilidad de cualquier plan de futuro para los damnificados. La decisi¨®n del juez Moreiras puede ser coherente con los fines del proceso penal -castigar a los culpables y garantizar en lo posible el resarcimiento por los da?os causados-, pero absolutamente perjudicial para el objetivo de que los cooperativistas disfruten alg¨²n d¨ªa de la vivienda en la que empe?aron sus ahorros.