Una banda de asesinos a sueldo con participaci¨®n de ex militares act¨²a impunemente desde 1987

Una banda de asesinos profesionales con participaci¨®n de ex militares act¨²a en Espa?a con impunidad desde 1987. Su ¨²ltima carta de presentaci¨®n fue el env¨ªo de un paquete bomba el 13 de septiembre del a?o pasado. Era el octavo de similares caracter¨ªsticas a empresarios de sectores tan diversos como el agropecuario o las inversiones burs¨¢tiles. El balance es de cuatro muertos y una decena de heridos. Nadie ha reivindicado los cr¨ªmenes. Los supervivientes optan por el silencio. Ni un solo caso ha sido resuelto a¨²n. Los sumariosjudiciales est¨¢n archivados o atascados. M¨¢s a¨²n, existen constancias de que los servicios de informaci¨®n han torpedeado alguna de las investigaciones puestas en marcha.

Una clave significativa es que las indagaciones sobre un grupo de sospechosos acabaron destapando el a?o pasado el caso de las escuchas en el diario La Vanguardia, en el que se vio involucrado el Centro Superior de Informaci¨®n de la Defensa (CESID), el espionaje militar espa?ol.Nadie podr¨ªa saber qu¨¦ tienen en com¨²n un cineasta, tres vendedores de orde?adoras, un experto en inversiones, un cerrajero y un conde. El ¨²nico nexo aparente es la recepci¨®n de un paquete bomba con visos de haber sido manufacturado por personas con instrucci¨®n militar.

El 4 de enero de 1986, se desactiv¨® en Barcelona un explosivo adosado al coche del cineasta y funcionario de Correos Luis Rodr¨ªguez Aller. El hecho de que su vivienda estuviera ubicada frente a un cuartel de la Guardia Civil hizo pensar en un error de ETA. Sin embargo, documentos en poder de este diario ofrecen fuertes indicios de que se trataba de la tarjeta de presentaci¨®n de una banda de asesinos a sueldo. Un a?o m¨¢s tarde, desde Burgos y a trav¨¦s de la agencia Seur, fueron remitidos dos paquetes bomba. Uno fue destinado de nuevo a Rodr¨ªguez Aller, que result¨® gravemente herido; el otro, al ¨ªndustrial de orde?adoras Javier Biurrun Monreal, de Pamplona, que muri¨® al abrir el paquete.

Biurrun recibi¨® la potente bomba -tres kilos de explosivo- el 27 de enero- de 1987. En el remite figuraba la direcci¨®n Avenida de Vitoria, 146, sede de un cuartel de la Guardia Civil. Por aquellas fechas, Biurrun estaba cerrando con el capit¨¢n de la Guardia Civil Gil S¨¢nchez Valiente, huido a EE UU tras el golpe del 23-F, un acuerdo para nombrarle delegado de su empresa en dicho pa¨ªs. S¨¢nchez Valiente importaba por entonces desde Espa?a armaduras y armas de ¨¦poca.

Una vez que se produjo el atentado mortal, S¨¢nchez Valiente modific¨® radicalmente su actitud hacia la familia de Biurrun, seg¨²n declar¨® ¨¦sta a la polic¨ªa. El oficial de la Guardia Civil abandon¨® su domicilio en Texas y evit¨® que la viuda de Biurrun conociera su nuevo paradero "toda vez que se encontraba dentro de una din¨¢mica muy peligrosa", seg¨²n el citado informe oficial. S¨¢nchez Valiente lleg¨® a ser interrogado en Espa?a en relaci¨®n con el suceso, pero no se hall¨® indicio alguno de implicaci¨®n.

La familia de Biurrun se?ala que su relaci¨®n con S¨¢nchez Valiente desencaden¨® el suceso. El ex militar, por el contrario, intenta convencerles de que se trata de una guerra empresarial, y apunta como sospechoso al industrial Agust¨ªn Cerezo, tambi¨¦n dedicado al negocio de las orde?adoras, que luego acab¨® detenido y acusado de tr¨¢fico de drogas. A fines de 1987, la viuda de Biurrun pidi¨® la intervenci¨®n de un militar de alta graduaci¨®n. Tras conversar con el general Francisco Veguillas Elices, entonces director general, de pol¨ªtica de Defensa -asesinado en Madrid en julio pasado por ETA-, el militar aconsej¨® "olvidar y perdonar". El juez de Pamplona que investiga hoy este caso, el ¨²nico a¨²n abierto, centra sus pesquisas en guardias civiles destinados en el servicio antidroga.

El 7 de abril de 1987,,Luis Rodr¨ªguez Aller, recibi¨® un paquete bomba remitido falsamente desde una tienda de fotograf¨ªa de Burgos. El envoltorio mencionaba que se trataba de un regalo. El, anzuelo era perfecto. Los asesinos demostraron conocerle. Rodr¨ªguez Aller cumpl¨ªa a?os en esas fechas. La polic¨ªa encontr¨® "ciertas similitudes entre ambos atentados [los sufridos por Rodr¨ªguez Aller] que hacen pensar que el autor o autores de ambos atentados son los mismos". El caso est¨¢ archivado.En enero de 1988, nuevo env¨ªo doble. Una misma persona factur¨® desde la agencia de Transportes Azkar, en Bilbao, dos paquetes bomba a otros dos industriales del orde?o.

El 8 de enero recibi¨® el env¨ªo Jes¨²s Delgado S¨¢nchez, de Socu¨¦llamos (Ciudad Real), que en esos d¨ªas cerraba la compra de la firma de Biurrun. Delgado S¨¢nchez sospech¨® algo extra?o al observar, seg¨²n dijo a la polic¨ªa, que iba dirigido a su domicilio particular, y no a su oficina. La Guardia Civil provoc¨® la explosi¨®n del artefacto, tras retirar su envoltorio.

El informe de los artificieros de la Guardia Civil no se refiri¨® a Fusibles t¨¦cnicas militares en la confecci¨®n del artefacto, extremo que s¨ª fue admitido verbalmente por el oficial que interrog¨® a, Jes¨²s Delgado. El caso se halla archivado.

El 14 de enero le lleg¨® el paquete bomba al tercer industrial del orde?o. Era Antonio D¨ªaz Rega?¨®n, residente en Palencia. Delgado, se desconoce por qu¨¦ motivos, ya le hab¨ªa alertado telef¨®nicamente a D¨ªaz Rega?¨®n sobre la posibilidad de que tambi¨¦n ¨¦l recibiera un paquete bomba. La polic¨ªa lo desactiv¨® y logr¨® as¨ª la mejor pista para la investigaci¨®n.

El informe de los artificieros fue determinante: "La disposici¨®n de los distintos elementos integrantes del artefacto, as¨ª como la procedencia de los mismos responde a la peculiar forma de instrucci¨®n que reciben los soldados de reemplazo durante su estancia en unidades especiales (COES, paracaidistas, etc¨¦tera) de las Fuerzas Armadas)".

Otro informe recoge que "la masa explosiva estaba compuesta por trilita, sustancia usada en Espa?a para usos estrictamente militares, siendo su ¨²nico depositario legal el Ministerio de Defensa. En cuanto al fulminante el¨¦ctrico utilizado en dicha bomba es igualmente de origen militar, no siendo posible adquirirlo por personal civil". El caso est¨¢ archivado.

Hip¨®tesis descartada

Polic¨ªa y Guardia Civil, aunque por caminos distintos, se centraron en la hip¨®tesis de una guerra entre vendedores de orde?adoras. Consideraron como principal sospechoso a Agust¨ªn Cerezo, que hab¨ªa tenido relaciones comerciales, en algunos casos espinosas, con los tres receptores de bombas.

Una intervenci¨®n telef¨®nica de la polic¨ªa sobre Cerezo revel¨® su estrecha relaci¨®n con la Guardia Civil: desde Colombia, donde tambi¨¦n ten¨ªa negocios, habl¨® con su hermano, residente en Bilbao, quien le inform¨® que un capit¨¢n de la Guardia Civil encargado de investigar la serie de bombas le hab¨ªa dicho: "Ellos [mandos de la Guardia Civil] no quieren pruebas; lo que quieren es informaci¨®n, [y me han pedido] que no hagamos ning¨²n tipo de gesti¨®n porque a lo mejor se vuelve contra nosotros".

Es m¨¢s, el hermano de Cerezo advierte a ¨¦ste de que est¨¢n pinch¨¢ndoles los tel¨¦fonos, y le reitera el mensaje: "Las cosas van bien y lo que quieren es que no te metas t¨² en jaleos, que simplemente les des informaci¨®n y que no te metas en nada m¨¢s".

A partir de este tipo de descubrimientos, los investigadores de la polic¨ªa se sintieron torpedeados por la Guardia Civil. As¨ª, la Guardia Civil solicit¨® pinchar tel¨¦fonos que ya ten¨ªa intervenidos la polic¨ªa, cuyos informes indican que, a partir de ese momento, los sospechosos no volvieron a tener ninguna conversaci¨®n de inter¨¦s. La Guardia Civil, adem¨¢s, desatendi¨® una petici¨®n de la polic¨ªa para que les enviaran las etiquetas y el envoltorio del paquete bomba de Ciudad Real.

Pero no s¨®lo exist¨ªa este frente de obstrucci¨®n. Como prueba, este dato apuntado en 1988 por la Polic¨ªa Judicial: "Se han iniciado contactos para conocer la identidad de las personas que pudieran tener estos conocimientos [de explosivos] concretos". Es decir, la polic¨ªa hab¨ªa pedido a Defensa el listado de las personas formadas en los ej¨¦rcitos en el manejo de explosivo. A trav¨¦s del Cesid, est¨¦ organismo facilit¨® un listado de soldados.

La polic¨ªa respondi¨® al Cesid que tal relaci¨®n. no inclu¨ªa ning¨²n militar con graduaci¨®n. La respuesta del, Cesid fue tajante: "De cabo incluido para arriba no se facilitar¨¢ ning¨²n nombre ni aunque lo reclam¨¦is a trav¨¦s del juzgado". El reto ha tenido ¨¦xito hasta hoy. Ning¨²n juez lo ha reclamado.

El sospechoso inicial, Cerezo, fue detenido el 14 de marzo de 1991 tras encontrarse 160 kilos de coca¨ªna dentro de varias orde?adoras que almacenaba en Bilbao. Guardia Civil y polic¨ªa, seg¨²n sus respectivos informes, descartaron su implicaci¨®n en los env¨ªos de las bombas, as¨ª como la hip¨®tesis de la guerra comercial.

En mayo de 1990 se produjo una nueva remesa postal asesina. A trav¨¦s de la agencia Seur en, Alicante se facturaron, en d¨ªas distintos, dos paquetes bomba. El joven que los envi¨®, de 1,70 metros de altura, hizo saber que se trataba de regalos.

El 15 de mayo, Luis Armero Garcer¨¢n, due?o de un taller de cerrajer¨ªa en Torrepacheco (Murcia), y su compa?era, Carmen Puertas Maldonado, murieron a abrir el paquete. La polic¨ªa sospech¨® que pod¨ªa tratarse de un problema de celos y lleg¨® a interrogar al ex marido de la fallecida, Luis C. N. contra quien nunca se formul¨® cargo alguno.

Personas muy pr¨®ximas a Armero sospechan que el fallecido hab¨ªa descubierto un negocio de tr¨¢fico de drogas con implicaci¨®n de miembros de las Fuerzas de Seguridad. El caso fue archivado.

El 18 de mayo de 1990, Juan Antonio P¨¦rez Herrero, directivo de una empresa de inversiones, muri¨® en Valencia al abrir otro paquete bomba. Los artificieros apuntaron nuevamente la pista militar. "Los tipos de explosivos corresponden en general a productos de fabricaci¨®n y aplicaci¨®n industrial, si bien el TNT es de utilizaci¨®n militar casi exclusiva".

La propia familia de la v¨ªctima obtuvo de la Audiencia Nacional el sobreseimiento provisional de la causa para poder percibir una indemnizaci¨®n del Ministerio del Interior. P¨¦rez Herrero, sobrino del ministro franquista, Luis llerrero Tejedor, hab¨ªa trabajado en Hispania de Inversiones y, poco antes de morir, se hab¨ªa incorporado a la firma Intermediarios Financieros.

A ra¨ªz de este nuevo asesinato, un informe policial apunt¨® por primera vez una hip¨®tesis global sobre la. cadena de paquetes bomba: apuntaba a "noticias confidenciales" sobre empresas especializadas en cobro a morosos interesadas en "la eliminaci¨®n subrepticia de personas" molestas y se refer¨ªa a intervenciones telef¨®nicas solicitadas a los jueces. Se desconoce a qu¨¦ pinchazos se refiere el informe.

El 16 de noviembre de 1992, reaparecieron los macabros env¨ªos. Juan Goyeneche Moreno, conde de Ruiz Castilla -¨²nica v¨ªctima o familiar que ha rechazado hablar con este peri¨®dico-, result¨® gravemente herido al abrir en su casa de Madrid un paquete bomba remitido desde Barcelona. La polic¨ªa encontr¨® "puntos coincidentes con otros [atentados] cometidos mediante el mismo procedimiento".

La esposa del conde, Cristina Ordov¨¢s, hija del general Manuel Ordovas -que presidi¨® en 1970 el consejo de Burgos que conden¨® a muerte a seis etarras-, asegur¨® que hab¨ªa sido vigilada en v¨ªsperas del atentado, Noticias difundidas en aquellos d¨ªas se?alaron fuertes tensiones familiares por problemas de una herencia valorada en 10.000 millones. El caso est¨¢ archivado.

El 13 de septiembre de 1993, estall¨® en Barcelona un paquete bomba dentro de una saca de correos situada en la cubeta de reparto a¨¦reo. Resultaron heridos dos funcionarios. Se especul¨® con un acto terrorista, pero la polic¨ªa ocult¨® el siguiente informe: "Tal paquete bomba tiene similitudes con otros que se reflejan en la tabla comparativa [todos los registrados desde 19871 y, en especial, con el remitido a Juan Goyeneche".

Ning¨²n detenido

Han pasado siete a?os desde que la banda de asesinos profesionales envi¨® su primer paquete bomba. El resultado de las investigaciones no puede ser m¨¢s negativo: ning¨²n detenido, ning¨²n caso resuelto. Ya en 1988, el Servicio Central de Polic¨ªa, Judicial lamentaba en un informe: "Las actuaciones policiales se est¨¢n perjudicando tanto global como parcialmente ante la diversificaci¨®n de las autoridades Judiciales que intervienen en el hecho".

A?ad¨ªa el documento que la intervenci¨®n de la Guardia Civil generaba "una duplicidad en las actuaciones totalmente negativa, ya que, a la dualidad de los interrogatorios, se une la dispersi¨®n de los elementos de prueba". Hoy ya no existe ese problema. Nadie investiga, con la excepci¨®n del juez de Pamplona Antonio Rubio.

Existe un carta, fechada el 18 de diciembre de 1992, que revela el desinter¨¦s del ex director de la Guardia Civil, Luis Rold¨¢n, desde que se concluy¨® que no exist¨ªa ning¨²n nexo con organizaciones terroristas.

El teniente de la Guardia Civil designado para enviar el resultado de las gestiones a la jefatura del servicio de Polic¨ªa Judicial, y que durante dos a?os no hab¨ªa practicado indagaci¨®n alguna, proced¨ªa del Cesid. Su superior le escogi¨® precisamente por tal cualidad para agilizar el trato con Defensa.