Inmigraci¨®n ilegal y reacci¨®n penal

La muerte violenta de dos taxistas en Madrid y la cadena de reacciones suscitadas con tal motivo lanzan, tambi¨¦n brutalmente, a los ojos at¨®nitos de la ciudadan¨ªa consternada la evidencia cruda de uno de los aspectos m¨¢s preocupantes de nuestra realidad en curso y potencian la actualidad de algunos viejos interrogantes.Por lo que se sabe, el homicida podr¨ªa haber sido un inmigrante ilegal, adem¨¢s detenido en m¨²ltiples ocasiones por la polic¨ªa y, evidentemente, puesto en libertad otras tantas, de modo que -el delegado del Gobierno en Madrid, impl¨ªcitamente sugiere-, de haber sido mantenido en la c¨¢rcel por los jueces, no habr¨ªa podido delinquir.

Como cabe advertir con la simple lectura de estos datos, de aparente neutralidad descriptiva, el men¨² con todos los cl¨¢sicos ingredientes aptos para suscitar una indignada demanda de ley y orden est¨¢ servido. Y es bien asequible a las ya conocidas y socorridas instrumentalizaciones que siempre posibilita una sensaci¨®n colectiva de inseguridad. Tan f¨¢cilmente alimentable como manipulable.

En efecto, en un medio social como ¨¦ste, cruzado por recurrentes pulsiones xen¨®fobas, el argumento del extranjero marginal como potente factor de inseguridad ciudadana hace acto de presencia de forma extraordinariamente sugestiva. Junto a ¨¦l, se renueva el clich¨¦ de eficacia policial versus lenidad de la justicia, mientras se abona el terreno a salidas en clave de ampliaci¨®n indiscriminada de la respuesta represiva y se abre el camino a un discurso infracultural que incluye la a?oranza de la pena capital, cuando no la reivindicaci¨®n del linchamiento en su arsenal de supuestos argumentos.

Estos no resisten la prueba de los hechos, y no en vano lo mejor del pensamiento criminol¨®gico ha puesto de manifiesto que la relaci¨®n entre la exasperaci¨®n de la reacci¨®n penal y la neutralizaci¨®n de las actividades delictivas dista de ser lineal y mucho menos mec¨¢nica. Por el contrario, de atenernos a lo que ocurre en algunos pa¨ªses, de los que Estados Unidos es un buen ejemplo, la conclusi¨®n tendr¨ªa que ser justamente la contraria: el m¨¢s dr¨¢stico de los instrumentos penales, la pena de muerte, potencia m¨¢s que detiene la violencia homicida. O bien es, junto a ¨¦sta, una expresi¨®n m¨¢s de la profundidad de la crisis social y de la irracionalidad de las formas institucionales de hacerle frente.

Es verdad que, dentro de una l¨®gica al uso, en situaciones dram¨¢ticas como la que motiva estas l¨ªneas, el impulso m¨¢s elemental lleva, seg¨²n los actores, hacia la pendiente del tali¨®n o a un desesperado intento de desplazar sobre otros la responsabilidad del estado de cosas; y que los an¨¢lisis racionales no venden, porque no son mercanc¨ªa, cuando lamentablemente: todo est¨¢ en el mercado. Pero es, precisamente, en momentos as¨ª cuando mayor y m¨¢s intenso tendr¨ªa que ser el esfuerzo para difundir valores consistentes en lugar de miseria moral y pol¨ªtica, y cuando m¨¢s tendr¨ªa que buscarse un acercamiento explicativo, razonablemente sensato y aut¨¦ntico, a la realidad conmocionada.

De esta ¨²ltima forma parte un n¨²mero de inmigrantes ilegales que, aunque por razones de color y como efecto de un claro fen¨®meno de agrupamiento por guetizaci¨®n se hagan muy visibles en ciertos lugares -el centro de Madrid, por ejemplo-, es porcentualmente mucho m¨¢s bajo del que cabe registrar en otros pa¨ªses de nuestro entorno. Es verdad que su situaci¨®n administrativa de ilegalidad y la din¨¢mica del mercado de trabajo los expulsa hacia la marginalidad m¨¢s absoluta y hacia la desviaci¨®n constituida por peque?as formas de delincuencia. Y, asimismo, es cierto que este haz de variables y otras que de ¨¦l se derivan constituyen el mejor caldo de cultivo para acciones de mayor lesividad potencial y real. Terriblemente real, en ocasiones, como acaba de verse.

Sin embargo, no es sostenible la afirmaci¨®n de que hechos como el que da lugar a estas reflexiones se deban a la debilidad de la respuesta policial. ?sta, muy al contrario, se proyecta con extraordinaria intensidad -potenciada por una discrecionalidad que en la pr¨¢ctica es arbitrio- sobre aquellos grupos, cuyos integrantes soportan una fort¨ªsima presi¨®n represiva, que ahora cuenta incluso con el contundente respaldo normativo representado por la ley Corcuera.

Tampoco creo que pueda mantenerse con sensatez que los jueces espa?oles practiquen a placer la puesta en libertad de los detenidos por la polic¨ªa, y menos como deporte. Al contrario, las cifras de presos preventivos dan cuenta de que existe un uso francamente generoso de la c¨¢rcel: porque ¨¦ste va en el sentido de una persistente demanda social de seguridad, que emana de sectores sociales a los que pertenecen mayoritariamente los componentes de la magistratura. Y porque, incluso, muchas veces, hacerlo as¨ª es lo m¨¢s c¨®modo y es un modo de operar que forma parte de una manera paternalista o incluso autoritaria, bastante generalizada, de entender y ejercer la jurisdicci¨®n. Por otro lado, no hay que perder de vista que los concernidos por esas medidas suelen ser los justiciables m¨¢s indefensos y, por ello y por su degradado estatuto de ciudadan¨ªa, gozan de muy escasa capacidad de reacci¨®n y de muy pocas garant¨ªas.

No negare que existan discontinuidades en la relaci¨®n funcional jueces-polic¨ªa en algunos, o incluso bastantes, supuestos concretos (sobre los que no ser¨ªa bueno -por m¨¢s que pueda resultar pol¨ªticamente rentable- pronunciarse indiscriminadamente, prescindiendo de la informaci¨®n y del an¨¢lisis particularizado). Pero aunque alguna de aqu¨¦llas pudiera haber obstaculizado el desarrollo de uno o de muchos expedientes de expulsi¨®n, tampoco conviene enga?arse: las expulsiones son muy dif¨ªciles, y muchas las que nunca llegan a materializarse. Adem¨¢s, hacer frente a la inmigraci¨®n ilegal con la expulsi¨®n es un esfuerzo que se parece demasiado al de enfrentarse con un bote de conservas a los efectos de una v¨ªa de agua en plena l¨ªnea de flotaci¨®n. Por otra parte, se conoce muy bien que tales disfuncionalidades y, en general, el uso distorsionado de los mecanismos represivos, en realidad refuerzan la eficacia de ¨¦stos como instrumentos de control social -generalmente predelictual- en estado puro. Es decir, su condici¨®n extralegal de recursos directamente penalizadores, con lo que la dureza de la pol¨ªtica penal llega, demasiadas veces, hasta extremos insoporta-

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