Partidos pol¨ªticos y operadores critican el proyecto de ley de cable del Gobierno

Ya lo anunci¨® el ministro de Obras P¨²blicas, Transportes y Medio Ambiente, Jos¨¦ Borrell, tras una reuni¨®n con el Consejo Asesor de Telecomunicaciones: el proyecto de ley de Cable va a resultar pol¨¦mico porque hay intereses encontrados sobre todo en el ¨¢rea pol¨ªtica -especialmente los poderes auton¨®micos-. La reacci¨®n no se ha hecho esperar tras la aprobaci¨®n del proyecto por el Consejo de Ministros celebrado la semana pasada.

El texto que examin¨® el Ejecutivo todav¨ªa no ha sido enviado al Parlamento para su tramitaci¨®n. No entrar¨¢, por tanto en el Congreso de los Diputados antes del mes de enero. Mientras tanto podr¨ªa recibir todavia algunos retoques.

Los principales partidos mantienen sus posiciones respecto al cable pr¨¢cticamente invariables en relaci¨®n con sus posturas anteriores. Convergencia Dem¨¢cratica de Catalunya ha manifestado que el proyecto gubernamental, que otorga entre otras cosas a la Administraci¨®n Central el poder de dar las licencias "deber¨¢ registrar cambios sustanciales" para que reciba el apoyo de este partido.

Competencias

Esta formaci¨®n pol¨ªtica estima, en palabras de su portavoz, Pere Esteve, que deben asignarse muchas m¨¢s competencias a las comunidades aut¨®nomas frente a los poderes que se reserva el Ministerio de Obras P¨²blicas y Transportes, como gran autoridad concesional. Por otra parte se mantiene el proyecto de ley de cable y de televisi¨®n local que present¨® el Parlamento catal¨¢n a instancias del partido que gobierna en esa comunidad.El Partido Popular, que tiene preparado tambi¨¦n su propio proyecto de ley de cable, ha sido m¨¢s expl¨ªcito. La diputada Ana Mato, portavoz del PP en la comisi¨®n de control parlamentario de Radiotelevisi¨®n Espa?ola, manifest¨® su oposici¨®n al proyecto del Gobierno, entre otras razones, porque sigue manteniendo el concepto de servicio p¨²blico de titularidad estatal.

Cuando han hablado de servicios de televisi¨®n y telecomunicaciones los representantes del PP han sostenido y sostienen, que se trata m¨¢s bien de un servicio de inter¨¦s p¨²blico y no de un servicio p¨²blico cuya titularidad la ostenta el Estado. Desde esta premisa el PP tilda tambi¨¦n al proyecto del Gobierno de propiciar un excesivo intervencionismo de la Administraci¨®n. El PP plantea la creaci¨®n de una Alta Autoridad Audiovisual, como tambi¨¦n lo propone Izquierda Unida aunque con unas competencias algo diferentes. Felipe Alcaraz, portavoz de Izquierda Unida, ha anunciado que su formaci¨®n pol¨ªtica presentar¨¢ una enmienda a la totalidad al proyecto del Gobierno y que adem¨¢s, mantendr¨¢ el texto alternativo presentado en el Congreso la semana pasada. Las cr¨ªticas de IU se centran adem¨¢s en los privilegios que obtiene. Telef¨®nica en el texto del Gobierno ya que la compa?¨ªa podr¨¢ operar en todas las demarcaciones. Por otra parte pide un mayor protagonismo de los ayuntamientos.

Hay otro frente abierto: el de los operadores que desde hace a?os explotan algunas de las redes de cable alegales pero amparadas por el Tribunal Constitucional en tanto no haya legislaci¨®n.

Luis Barca, presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Servicios de Distribuci¨®n por Cable (AESDICA), la asociaci¨®n que agrupa a la mayor parte del sector, ha reconocido en el proyecto algunos hechos positivos como que se reconozcan los derechos de las redes existentes, pero ha planteado reservas sobre lo que denomina ambig¨¹edades (reservas del 40% para programadores independientes, obligaci¨®n de difundir las cadenas privadas y las demarcaciones territoriales.