Una tensi¨®n que urge resolver

Si se eleva la mirada sobre lo sucedido en Espa?a a lo largo de estas ¨²ltimas semanas, no es dif¨ªcil identificar la existencia de problemas no resueltos por lo que hace al encaje satisfactorio del Poder Judicial en el funcionamiento diario de nuestro sistema democr¨¢tico. Me permitir¨¢ el lector que, sin ¨¢nimo alguno de agotar el listado de esos problemas, me aproxime ahora a tres de innegable relevancia.El restablecimiento de la democracia no solamente supuso, como en el resto de las administraciones p¨²blicas, la seguramente inevitable permanencia en la judicatura de quienes tan decisivamente sirvieron desde ella a la dictadura, sino que implic¨® tambi¨¦n la eclosi¨®n de significativas actitudes cr¨ªticas sepultadas durante a?os por la represi¨®n y por los riesgos inherentes a las manifestaciones de valor c¨ªvico. Fruto de la coyuntura de la transici¨®n fue la emergencia de una justicia adjetivada que pareci¨® encontrar una de sus fuentes de inspiraci¨®n en aquella teor¨ªa, entonces tan en boga, del "uso

alternativo del derecho". Lo que resultaba comprensible y hasta quiz¨¢ encomiable en una coyuntura concreta, se hizo m¨¢s discutible con el paso del tiempo en tanto alimentaba la sospecha en torno a la hipot¨¦tica coexistencia de formas diferentes y hasta enfrentadas de administrar justicia en la vida espa?ola.

La idea de que pod¨ªan y deb¨ªan existir jueces y fiscales dedicados a la transformaci¨®n de la sociedad mediante una utilizaci¨®n singular del ordenamiento jur¨ªdico, fue con toda probabilidad un exceso Hamado a generar senos problemas en el futuro. De puro absurdo que era el intento de convertir al Poder Judicial de pilar de la dictadura en agente de profundas transformaciones sociales y pol¨ªticas, el intento no fue a mayores. Pero qued¨® de ¨¦l la desmedida pretensi¨®n por parte de algunos de hacer de los jueces un poder volcado en la defensa, poco menos que exclusiva, de los valores considerados m¨¢s progresistas del ordenamiento. Como si los poderes del Estado, adem¨¢s de estar sometidos a una especializaci¨®n de funciones, estuvieran tambi¨¦n obligados a especializar su sensibilidad a la hora de defender principios, derechos, libertades y deberes que obligan por igual a todos los servidores p¨²blicos y al conjunto de los ciudadanos.

En ¨ªntima conexi¨®n con la situaci¨®n anterior, se habr¨ªa de producir una minoritaria pero significativa vocaci¨®n espec¨ªficamente pol¨ªtica entre algunos integrantes de la judicatura. Es probable que en cualquier democracia resulte poco deseable que el Parlamento o el Gobierno se nutran en una medida desproporcionada de funcionarios protegidos por situaciones de excedencia especial. La concepci¨®n de la pol¨ªtica como continuaci¨®n del cursus honorum funcionarial por otros medios, arrastra serias consecuencias negativas cuyo examen no viene ahora al caso. Que servidores p¨²blicos con tareas especialmente delicadas como son la justicia y la defensa puedan aficionarse al juego pol¨ªtico a favor de un estatuto singular, hace la cuesti¨®n todav¨ªa menos apetecible.

En el caso de los jueces y fiscales no se adoptaron ensu d¨ªa, porque nadie lo estiin¨® necesario, las cautelas constitucionales observadas en relaci¨®n a los militares. La cosa no hubiera tenido importancia de haberse podido contar con la moderaci¨®n de los actores pol¨ªticos y judiciales. No ha sido as¨ª. Las cualidades presurnibles en los profesionales de la judicatura han resultado atractivo demasiado fuerte para el agudo sentido de- la oportunidad de pol¨ªticos en apuros. La seducci¨®n de los pol¨ªticos no ha sido al fin menos irresistible para algunos jueces. Y entre unos y otros hemos favorecido caminos de ida y vuelta de los tribunales a la pol¨ªtica, a sabiendas de los riesgos impl¨ªcitos en esos movimientos.

En sincron¨ªa con las dos circunstancias anteriores, se ha producido una notable ampliaci¨®n de los campos de acci¨®n de la justicia, en Espa?a y fuera de Espa?a, en cuestiones de gran trascendencia pol¨ªtica y social. Esta situaci¨®n no solamente es, con toda probabilidad, inevitable, sino quiz¨¢ tambi¨¦n deseable. Pero deber¨ªa haber obligado a la puesta al d¨ªa de unos mecanismos de responsabilidad judicial y de garant¨ªas procesales en sinton¨ªa con las nuevas circunstancias. El cr¨¦dito de instituciones b¨¢sicas del Estado, el prestigio de partidos pol¨ªticos y sindicatos, la vida de grandes corporaciones p¨²blicas y privadas, son cosas demasiado serias como para escatimar diligencia, prudencia y buen sentido a la hora de llevar adelante acciones judiciales relacionadas con ellas. La posibilidad de que estas acciones se convirtieran de inmediato en munici¨®n para la pol¨¦mica pol¨ªtica y period¨ªstica, subrayaba la urgencia para la renovaci¨®n de aquellos mecanismos y actitudes. Es probable que la insuficiencia de resultados al respecto,, en combinaci¨®n con los otros dos problemas apuntados, aporte el trasfondo capaz de explicar la existencia de unas tensiones cuya resoluci¨®n urge hoy a nuestro sistema democr¨¢tico.