Golpe de efecto

EL DESPLANTE del diputado independiente del Grupo Socialista Ventura P¨¦rez Mari?o, que renunci¨® a su esca?o tras pedir la dimisi¨®n del presidente Gonz¨¢lez, arruin¨® en buena medida el efecto estabilizador que ten¨ªa la aprobaci¨®n de un programa de gobierno para 1995 por parte de socialistas y nacionalistas catalanes. Aunque se trate de una decisi¨®n individual, en el actual clima de crispaci¨®n pol¨ªtica ha venido a a?adir un nuevo elemento de confusi¨®n. Tal como se hab¨ªa planteado el debate, que un miembro del Grupo Socialista asuma la tesis defendida por la oposici¨®n de que la p¨¦rdida de credibilidad de Gonz¨¢lez le incapacita para seguir gobernando constituye un sabotaje a la estrategia del PSOE y CiU para dar continuidad y estabilidad a lo que resta de legislatura. ?ste era el riesgo asumido por Gonz¨¢lez al fichar diputados independientes como P¨¦rez Mari?o y Garz¨®n. Pero siempre podr¨¢ argumentarse que tal vez, sin ese refuerzo de credibilidad que en su momento supuso su presencia en las listas socialistas, Gonz¨¢lez no habr¨ªa ganado las elecciones de 1993.Por lo dem¨¢s, el debate confirm¨® que en Espa?a falta cultura de coalici¨®n. No es posible construir durante a?os un discurso sobre los males de la mayor¨ªa absoluta y, cuando ¨¦sta desaparece, descalificar al partido del Gobierno, por pactar su programa con un aliado que completa la mayor¨ªa. Y es especialmente incoherente que, tras haber criticado, no sin raz¨®n, el car¨¢cter semisecreto y m¨¢s bien personal del apoyo de Pujol al Gobierno de Gonz¨¢lez, se reproche ahora a ambos socios una iniciativa que viene a remediar esa irregularidad. La resoluci¨®n conjunta presentada ayer a la C¨¢mara por el PSOE y CiU podr¨¢ criticarse por su contenido, pero su existencia supone un avance indudable: el telefonazo de Pujol se sustituye por el compromiso p¨²blico en sede parlamentaria, y los acuerdos gen¨¦ricos y privados, por un programa de actuaciones discutido a la luz del d¨ªa.

Las 27 propuestas presentadas por socialistas y nacionalistas conforman un sistema de prioridades bastante coherente con las preocupaciones de la sociedad, especialmente en materia econom¨ªa y social. La b¨²squeda de un equilibrio entre crecimiento econ¨®mico y cohesi¨®n social se traduce en Espa?a en la prioridad otorgada al objetivo de crear empleo. Precisamente porque los datos reales del paro son tan preocupantes como dijo el portavoz popular, Rodrigo Rato -en una intervenci¨®n que tuvo m¨¢s nervio que la de Aznar 24 horas antes-, esa combinaci¨®n entre crecimiento y cohesi¨®n implica hacer compatible la reforma del mercado laboral con el mantenimiento de lo esencial del Estado de bienestar y el crecimiento de la competitividad con un clima sociolaboral no conflictivo. Lo que no es l¨®gico es que cuando por fin comienzan a abordarse las reformas tan largamente aplazadas que se deducen de esa prioridad de lucha contra el paro arrecien las cr¨ªticas con la excusa de considerarlas insuficientes. Adem¨¢s, la mayor¨ªa de las medidas tienen el m¨¦rito de la concreci¨®n, lo que permitir¨¢ juzgar el grado de cumplimiento de las mismas antes de fin de a?o.

Es cierto que tal como est¨¢n las cosas la estabilidad pol¨ªtica no s¨®lo depende de los apoyos parlamentarios con que cuente el Gobierno; pero era obligaci¨®n del Parlamento despejar las incertidumbres que s¨ª dependen de la C¨¢mara: un Ejecutivo de coalici¨®n habr¨ªa sido una respuesta m¨¢s apropiada, pero el acuerdo firmado ayer era la mejor de las alternativas probables. Se trata de un acuerdo de dos grupos, pero de tres partidos, y parece probable que haya sido la influencia de Uni¨®, el socio de Pujol en la coalici¨®n CiU, la que ha determinado que en el programa no se incluyan algunas propuestas que figuraban entre los compromisos electorales del PSOE, como la reforma de la ley del aborto. Est¨¢ en la l¨®gica de las, coaliciones que el programa conjunto implique renuncias a planteamientos particulares de cada socio, pero, dado el car¨¢cter de la alianza -sin participaci¨®n gubernamental-, no ser¨ªa l¨®gico que el PSOE renunciase a plantear por su cuenta el proyecto correspondiente.

En cuanto a la propuesta de creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre los GAL, presentada por IU y apoyada por el PP, entre otros, llega con tanto retraso que su oportunidad es ahora discutible. Ahora: no cuando los hechos se produjeron, hace una d¨¦cada, sino cuando la existencia de imputados con graves cargos y en prisi¨®n preventiva podr¨ªa, producir una interferencia grave entre ambas v¨ªas, la penal y la pol¨ªtica. Si esos imputados comparecieran en una comisi¨®n parlamentaria, lo har¨ªan sin las garant¨ªas del procedimiento penal. Y sin su presencia, esa comisi¨®n colgar¨ªa del vac¨ªo. De otro lado, ha sido el Partido Popular el que ha apostado desde el principio por la v¨ªa judicial para investigar el uso de los fondos reservados. Y no lo ha hecho arbitrariamente, sino precisamente porque de lo que se trataba era de investigar su uso presuntamente delictivo.