Fichas ¨ªntimas

ES DIF?CIL encontrar un caso en el que se conculquen a la vez tantos derechos constitucionales como el de las fichas inform¨¢ticas de identificaci¨®n ciudadana ideadas por la Polic¨ªa Municipal -de Valencia. Clasificar a las personas por raz¨®n de su raza, sexo o cualquier otra condici¨®n o circunstancia personal o social constituye un ataque en toda regla a la Constituci¨®n. Pero hacerlo desde las instancias de un cuerpo policial, cuya raz¨®n principal de ser es precisamente proteger los derechos de los ciudadanos, es adem¨¢s una burla.Al margen de la dudosa necesidad de esta encuesta de la polic¨ªa local valenciana con vistas a una imprecisa pol¨ªtica social, lo grave de este esperpento estad¨ªstico del que han sido v¨ªctimas unos mil indigentes callejeros, es que clasificaba a estos ciudadanos bajo conceptos tan aleatorios e improcedentes como: negro, homosexual, epil¨¦ptico, demente o enfermo de sida, entre otros. En el fondo, esta brutal indagatoria no s¨®lo atenta a la intimidad de las personas, sino que criminaliza determinados estados de salud, determinadas razas o tendencias sexuales. Rita Barber¨¢, la alcaldesa valenciana del PP, ha tenido una reacci¨®n que ya empieza a ser un triste h¨¢bito en todos los partidos afectados por un esc¨¢ndalo: ahorrarse indagaciones con la excusa de aguardar decisiones judiciales e intentar contener la responsabilidad pol¨ªtica en el nivel m¨¢s bajo posible.

Igualmente preocupante es que el fiscal encargado del caso prologue su actuaci¨®n advirtiendo que es dif¨ªcil encuadrarlo en alg¨²n art¨ªculo del C¨®digo Penal. Si ninguno de los apartados relativos a los delitos contra el derecho de las personas del citado c¨®digo permite tipificar estas conductas, realmente las prisas para su reforma son todav¨ªa mayores.

El PSOE atac¨® leg¨ªtimamente esta vergonzosa encuesta, pero a los pocos d¨ªas estallaba otro asunto preocupante y del que es responsable la Generalitat valenciana, donde gobiernan los propios socialistas. Los alumnos del Instituto Valenciano de Seguridad P¨²blica, que forma a los futuros agentes, ten¨ªan que superar una prueba de 566 cuestiones en la que deb¨ªan confesar si cre¨ªan en la segunda venida de Cristo o si observaban algo irregular en sus ¨®rganos sexuales. Se trata de un caduco examen que la Escuela de Polic¨ªa de Catalu?a retir¨® hace tiempo ante las protestas sindicales. Su obsoleta t¨¦cnica de calibraci¨®n psicol¨®gica presenta, adem¨¢s, el peligro del uso posterior de esta informaci¨®n ¨ªntima.

Estos dos lamentables episodios ponen en evidencia una denunciable curiosidad de la Administraci¨®n por conocer la vida ¨ªntima de los ciudadanos y una manera de hacerlo en la que no preocupa ni la legalidad de la encuesta ni el control posterior sobre el uso de estos datos por parte de la propia Administraci¨®n.