Vera, Amedo, Garz¨®n

EL INGRESO en Alcal¨¢-Meco de Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, representa un salto cualitativo de alcance todav¨ªa no previsible en el empe?o del juez Garz¨®n por esclarecer la guerra sucia contra ETA practicada por los GAL entre 1983 y 1987. Vera, cuyo ingreso en prisi¨®n incondicional y comunicada fue decretado anoche por Garz¨®n, fue durante muchos a?os el jefe operativo de la lucha antiterrorista y, aunque no se sentara en los Consejos de Ministros, fue un responsable pol¨ªtico muy pr¨®ximo a los Gobiernos de Felipe Gonz¨¢lez. Vera neg¨® ayer ante el juez todos los cargos. Con independencia de c¨®mo evolucione el sumario y de la presunci¨®n de inocencia a la que Vera tiene derecho, lo ocurrido anoche puede considerarse como un paso importante en, el camino emprendido por Garz¨®n para intentar encontrar otras responsabilidades que las de los meros funcionarios policiales en las actividades de los GAL.En esta escalada de los acontecimientos cabe incluir otro elemento. Garz¨®n ha decidido no s¨®lo profundizar la investigaci¨®n del secuestro por los GAL de Segundo Marey, sino reabrir el sumario 1/88 por el que ya fueron juzgados y condenados los ex polic¨ªas Amedo y Dom¨ªnguez. Ha solicitado permiso para ello a la Audiencia Nacional. Esta instituci¨®n ha decidido aplazar hasta el lunes su decisi¨®n sobre la reapertura de este sumario -llamado caso Amedo-, pero, al parecer, la decisi¨®n ya est¨¢ tomada, en el sentido de aceptar la petici¨®n. S¨®lo estar¨ªa pendiente aquilatar la argumentaci¨®n jur¨ªdica.

Esa petici¨®n, apoyada en todos sus extremos por el ministerio fiscal, estar¨ªa motivada por la aparici¨®n de nuevas revelaciones sobre la financiaci¨®n con fondos reservados de las actividades de los GAL. La reapertura del sumario sobre el caso Amedo servir¨¢ sin duda a los intereses de la justicia. El que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tome esa decisi¨®n podr¨ªa significar que ha superado su anterior doctrina sobre el "vac¨ªo legal" que, seg¨²n se hizo constar entonces, impidi¨® al juez Garz¨®n investigar los fondos reservados con los que presumiblemente se financiaron las andanzas delictivas de Amedo y Dom¨ªnguez. Cierto es que hoy, tras el auto d¨¦ la Sala Segunda del Supremo a favor de la investigaci¨®n del, posible uso delictivo de los fondos reservados, la justicia tiene un mayor respaldo en este terreno.

Aunque pueda haber razones para ello, no puede dejar de se?alarse que la decisi¨®n de reabrir precisamente el sumario 1/88 favorece tambi¨¦n los intereses de Amedo y Dom¨ªnguez. Nada de lo que estos ¨²ltimos digan en el marco de ese resucitado sumario, aunque sea autoinculpatorio, podr¨¢ volverse contra ellos porque ya fueron juzgados por estos hechos.

Amedo y Dom¨ªnguez quedar¨¢n as¨ª m¨¢s libres para contar todo lo que quieran -no todo lo que saben, seg¨²n reconocen en declaraciones p¨²blicas- sobre hechos que, directa o indirectamente, puedan estar relacionados con el sumario por el que fueron condenados. La situaci¨®n ser¨ªa diferente si el sumario reactivado hubiera sido el del Monbar, que Garz¨®n tiene sobre su mesa: un sumario relativo al atentado registrado en Bayona en septiembre de 1985, en el que fueron asesinados cuatro presuntos miembros de ETA y de cuya organiza ci¨®n tanto el juez Garz¨®n como el fiscal Gordillo consideran sospechosos a Amedo y Dom¨ªnguez. La irregular situaci¨®n de ambos ex polic¨ªas, testigos de cargo pero tambi¨¦n, inevitablemente, autodenunciantes de una serie de hechos de los que, de una u otra forma, fueron protagonistas, es cada d¨ªa que pasa m¨¢s dif¨ªcilmente explicable.

El juez puede argumentar que esta estrategia procesal es hoy por hoy inevitable, ya que el avance del sumario de los GAL depende en lo, sustancial de lo que quieran declarar dos convictos condenados a m¨¢s de cien a?os de c¨¢rcel. Quiz¨¢s por ello esa estrategia sea la ¨²nica manera de que la justicia pueda sortear los formidables obst¨¢culos -los procesales, perfectamente leg¨ªtimos, y los extraprocesales, claramente obstruccionistas- con que se encontrar¨¢ en su camino. A la postre, en ning¨²n pa¨ªs democr¨¢tico, salvo en Espa?a, la justicia ha tenido que enfrentarse a un desafilo tan desmesurado al tiempo que arriesgado: nada menos que investigar penalmente a todo el aparato del Estado -mandos pol¨ªticos y profesionales, medios personales y financieros- que ha tenido la responsabilidad de la lucha antiterrorista y de la seguridad a lo largo de la d¨¦cada de los ochenta.

En cualquier caso, no deja de ser penoso que para que la justicia resplandezca en este asunto lo tenga que hacer a remolque de personajes que s¨®lo colaboran con ella en lo que les conviene y que, en esa medida, pueden dirigirla hacia unos u otros objetivos. El juez deber¨¢ hacer, uso de una extraordinaria habilidad profesional para sacar la verdad judicial en una situaci¨®n tan extraordinariamente confusa.