No se entiende

EN LA c¨¢rcel de Alcal¨¢-Meco conviven desde ayer terroristas detenidos por los servicios polic¨ªales y dos de los m¨¢s altos mandos de la lucha antiterrorista, entre ellos el ex secretario de Estado Rafael Vera. La perplejidad que ayer expresaron los ex ministros Barrionuevo y Corcuera es compartida por mucha gente. No es f¨¢cil entender que Vera y su secretario est¨¦n en la c¨¢rcel bajo la acusaci¨®n de haber encubierto a los organizadores de varios asesinatos, y que esos organizadores, condenados en firme a m¨¢s de un siglo de c¨¢rcel, anden por ah¨ª de copas o amenazando desde la radio con seguir tirando de la manta.Desde luego, en todo el asunto de los GAL hay motivos de sobra para sorprenderse. Desde la ceguera pol¨ªtica de un Gobierno que al menos ignor¨® lo que ocurr¨ªa, hasta la elecci¨®n por quienquiera que fuera de alguien como Amedo para llevar a t¨¦rmino semejante aventura. Ahora que las entrevistas que vende han desvelado de qu¨¦ tipo de personaje se trata, resulta francamente incomprensible que cualquier responsabilidad, al nivel que sea, de la lucha antiterrorista haya pasado por sus manos.

Porque nunca se repetir¨¢ suficientemente que no es el terrorismo, sino la respuesta ilegal a sus desaf¨ªos lo que pone en peligro el sistema democr¨¢tico. Cuanto mayor sea el margen concedido a las pr¨¢cticas ilegales mayor ser¨¢ la dependencia de las autoridades civiles respecto a elementos no democr¨¢ticos. Y ¨¦stos no dejar¨¢n de chantajear, en una escalada sin fin, al Estado democr¨¢tico. Pero que ello sea as¨ª no significa que la sociedad tenga que aceptar el chantaje. No hay Estado que pueda sobrevivir a una tenaza formada por el goteo de acciones terroristas, por una parte, y el chantaje permanente de las tramas antiterroristas ilegales, por otra. Si la alarma social justifica el encarcelamiento de banqueros o sindicalistas acusados de delitos econ¨®micos, cuesta trabajo considerar normal que Amedo y Dom¨ªnguez est¨¦n en libertad.

El juez Garz¨®n no puede ignorar las grav¨ªsimas implicaciones de su decisi¨®n de encarcelar a los hombres clave de la c¨²pula del Ministerio del Interior en los a?os ochenta -y concretamente, a los responsables de la lucha antiterrorista- sobre la base de declaraciones d¨¦ esos dos convictos. Es de suponer, por tanto, que aparte de la palabra de Amedo, cuyo valor es como m¨ªnimo discutible, el juez tendr¨¢ otras pruebas. Y si es as¨ª debe continuar la instrucci¨®n hasta las ¨²ltimas consecuencias, caiga quien caiga, sin importar la relevancia pol¨ªtica del acusado. Pero no puede al mismo tiempo tolerar que Amedo aproveche su situaci¨®n de libertad para administrar la informaci¨®n. Es. lo que ha hecho en sus entrevistas de los ¨²ltimos d¨ªas, en las que ha amenazado reiteradamente con desvelar nuevos datos inculpatorios contra otras personas. Un Estado y un pa¨ªs no pueden estar a merced de lo que en cada momento, y de acuerdo con intereses particulares -suyos o de quienes administran su locuacidad y su silencio-, decida declarar o dejar de declarar alguien como. Amedo.

?Por qu¨¦ Garz¨®n no inculpa, pues, a Amedo y Dom¨ªnguez en el sumario de Segundo Marey, como ha hecho con Vera, Sancrist¨®bal, ?lvarez, Planchuelo, De Justo y desde ayer mismo Damborenea, en virtud precisamente de la denuncia de los ex polic¨ªas? La explicaci¨®n no puede ser su supuesta condici¨®n de arrepentidos en los t¨¦rminos del art¨ªculo 57 del C¨®digo Penal. De las reducciones de pena derivadas de la aplicaci¨®n de ese precepto podr¨ªan eventualmente beneficiarse cuando el tribunal juzgue los hechos que hoy investiga el juez Garz¨®n; pero esos beneficios no podr¨ªan serles aplicados por adelantado. Si de sus declaraciones se deducen implicaciones delictivas de los ex polic¨ªas -y ellos mismos han reconocido su participaci¨®n en distintas fases del secuestro de Marey, por mucho que ahora se presenten como sus salvadores-, alutom¨¢ticamente perder¨ªan el beneficio del r¨¦gimen abierto: el mantenimiento del tercer grado es incompatible, seg¨²n el art¨ªculo 252 de la ley penitenciaria, con la existencia de otras causas.

Parece existir, as¨ª pues, un pacto t¨¢cito que les garantiza la no inculpaci¨®n mientras sigan haciendo revelacion¨¦s. Ello podr¨ªa tal vez justificarse en aras de la eficacia de la investigaci¨®n. El juez instructor habr¨¢, en todo caso, de explicar los motivos. Pero es in veros¨ªmil aceptar ninguno que justifique esa dosifica ci¨®n de sus declaraciones por parte de los dos convictos, sometiendo al Estado a una presi¨®n y unas tensiones intolerables. Que digan todo lo que saben, y aporten las pruebas correspondientes, o se callen. Y que la justicia haga lo que deba.