Juan Guerra dice que revelara qui¨¦n lo puso en el despacho oficial
Ser¨¢ la quinta vez, que no la ¨²ltima. Juan Guerra volver¨¢ ma?ana a la Audiencia de Sevilla para sentarse de nuevo en el banquillo, acusado ahora de malversar. caudales del Estado y de suplantar la personalidad de un funcionario p¨²blico. Dicho de otro modo: El, origen del llamado Caso Juan Guerra ser¨¢ por fin enjuiciado tras cinco a?os de investigaci¨®n y diligencias. Juan Guerra promete desvelar de qui¨¦n parti¨® la orden para que se instalara en 1982 en la sede gubernamental de la Plaza de Espa?a con el cometido de llevar los asuntos de su hermano Alfonso, entonces vicepresidente del Gobierno y, de paso, realizar algunos de los negocios privados de su red de empresas durante los siguientes siete a?os.
El padre de todos los sumarios, el juicio m¨¢s pol¨ªtico, y el ¨²nico que no cuenta con la acusaci¨®n del fiscal, contar¨¢ adem¨¢s como testigos con tres ex delegados del Gobierno socialista en la comunidad andaluza: Tom¨¢s Azor¨ªn, Leocadio Mar¨ªn y Alfonso Garrido. Las penas solicitadas: entre seis y nueve a?os de prisi¨®n.Juan Guerra ha prometido hablar en esta ocasi¨®n ante el juez y expresar su malestar por lo que considera "un contrasentido", que por el uso presuntamente il¨ªcito del famoso despacho de la Delegaci¨®n del Gobierno en Andaluc¨ªa se le pidan cuentas a ¨¦l, y no a quienes le autorizaron a usarlo.
Adem¨¢s, Juan Guerra ha vuelto a amenazar -a falta a¨²n del juicio que tiene pendiente tambi¨¦n por defraudaci¨®n a la Hacienda P¨²blica: tres delitos por el impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF) y dos por el Impuesto de Sociedades- con emprender acciones penales contra todos aqu¨¦llos que le ha atacado.
La historia se inici¨® cuando a Seraf¨ªn N¨²?ez, alcalde de Barbate, se le ocurri¨® desvelar su nombre, el 30 de diciembre de 1989, como el del impulsor de una proyecto urban¨ªstico, ubicado en terrenos militares, y denominado Puerto de la Plata.
El objetivo de Guerra es, seg¨²n dice, rehabilitarse ante la sociedad, "no por m¨ª, sino por los que me quieren
Desde su retiro en un chal¨¦ de Conil (C¨¢diz), en la urbanizaci¨®n Roche, ha concedido una entrevista para Canal Sur Televisi¨®n -se emite hoy en el programa Los Reporteros-, en la que critica a los jueces por pedirle explicaciones a ¨¦l sobre un asunto que ordenaron otros. "Yo entro all¨ª [en el despacho] porque me ha autorizado otro, no porque me d¨¦ la gana", afirma en la entrevista.
Juan Guerra, de 53 a?os, dice atravesar ahora por dificultades econ¨®micas despu¨¦s de que el juez M¨¢rquez le embargara durante la instrucci¨®n de su caso casi todos, sus bienes, y aunque en la puerta del- chal¨¦ un Audi plateado haya completado recientemente su flota automovil¨ªstica familiar formada por un Mercedes, un todoterreno y un peque?o utilitario. Sus vecinos aseguran, sin embargo, que ya ha reemprendido sus negocios. con un "nuevo despacho", al que en Roche denominan "el chiringuito", y que se encuentra frente a la urbanizaci¨®n donde reside, en el llamado Barrio Nuevo, y en la conocida como Venta El Colorao.
El caso Juan Guerra alcanza ahora su quinto juicio tras una larga competici¨®n judicial en la que el hermano del n¨²mero dos del PSOE gana por 3 a 1. En diciembre de 1992 fue condenado en primera instancia a un a?o de prisi¨®n. y a 15 millones de multa por un delito fiscal derivado de la llamada trama Fracosur.
Posteriormente, avanzado 1993, Juan Guerra fue absuelto de este asunto al considerar la secci¨®n primera de la Audiencia de Sevilla el argumento de sus abogados defensores y afirmar que, pese a las irregularidades mercantiles de la sociedad Fracosur (siglas de un nombre nunca conocido), no defraud¨® al erario p¨²blico.
Una condena del Supremo
Las tres siguientes sentencias le fueron favorables: Absuelto en el caso Comasa (obtenci¨®n subvenciones para un hotel en terrenos de una empresa municipal), en el de Litomed (desv¨ªo de enfermos desde la sanidad p¨²blica a una cl¨ªnica privada de litotricia), y en el de Fridex (maquinaci¨®n y prevaricaci¨®n por la compra-venta de terrenos a. Ensidesa a bajo precio y su posterior intento de recalificaci¨®n).
Sin embargo, este ¨²ltimo triunfo, fallado en julio de 1993 precisamente por el mismo tribunal al que se volver¨¢ a enfrentar ma?ana, fue revocado en el Tribunal Supremo,, que le conden¨® un a?o despu¨¦s, en junio de 1994, a seis a?os de inhabilitaci¨®n especial por un delito de inducci¨®n a la prevaricaci¨®n.
"El caso de. Juan Guerra supuso la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica y el gobierno de los jueces', algo que es negativo, pero tambi¨¦n se consiguieron asuntos positivos como la regulaci¨®n del tr¨¢fico de influencias y de determinadas pr¨¢cticas bancarias. Este caso ha permitido demos trar que tambi¨¦n hay f¨®rmulas de control de las mayor¨ªas abso lutas". Quien as¨ª se expresa es Manuel Fern¨¢ndez del Pozo, abogado de Izquierda Unida en el caso y el ¨²nico que no ha sido sustituido en los cinco a?os de duraci¨®n del proceso.
Esta acusaci¨®n particular ha solicitado para Juan Guerra una condena de seis a?os y un d¨ªa de prisi¨®n por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y, subsidiariamente, una condena ' de dos a?os y cuatro meses de c¨¢rcel por ursurpaci¨®n de funciones.
Fern¨¢ndez del Pozo manteniene con un s¨ªmil que Juan es "s¨®lo la pistola que manejaron otras manos". Seg¨²n el letrado, en la persona a la que Juan deb¨ªa asistir en el despacho, es decir, en Alfonso Guerra, se confund¨ªan sus tres funciones, la de vicepresidente del Gobierno, la de m¨¢ximo dirigente del PSOE, y la de persona particular.
Emilio Lechuga, abogado de la acusaci¨®n del Partido Andalucista (PA) y concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento sevillano, admite el calificativo' de "juicio pol¨ªtico", aunque a?ade que "el objetivo era acabar con una forma de actuar en pol¨ªtica".
Lechuga defender¨¢ durante la vista una petici¨®n de condena, de nueve a?os de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n especial por un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos cifrado en un 1.100.000 pesetas, coste determinado por los peritos que evaluaron cu¨¢nto cost¨® el despacho utilizado por Juan Guerra.
La tercera acusaci¨®n popular es la del empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, representada por el letrado- Marcos Garc¨ªa Montes. ?ste demanda tambi¨¦n nueve anos por malversaci¨®n.
Multitud de visitantes
Todos ellos han citado como testigos a los tres ex delegados del Gobierno en Andaluc¨ªa; al secretario particular de Alfonso Guerra, Rafael Fali Delgado; a su so cios m¨¢s representativos; a unos cuantos de la multitud de visitan tes del famoso despacho; a mili tantes del PSOE; a los polic¨ªas de servicio en la citada sede y a los secretarios generales de la misma. Tambi¨¦n todos citaron a Al fonso Guerra, quien se acogi¨® a su derecho de no declarar como testigo en un juicio en el que el acusado era un familiar.
En total, una treintena de personas que desfilar¨¢n por la Audiencia sevillana en jornadas de ma?ana y tarde a partir de ma?ana lunes, si la causa no vuelve a aplazarse.
Amenaza de suspensi¨®n
La amenaza de suspensi¨®n del juicio de ma?ana a¨²n no se ha disipado, aunque no parece probable. El viernes, los abogados recibieron una providencia en la que el tribunal les informaba que hab¨ªa requerido de nuevo al Senado el env¨ªo del suplicatorio del senador Alfonso Garrido, citado como testigo. Las, acusaciones han se?alado que pedir¨¢n el aplazamiento si Garrido no testifica.El juicio tendr¨¢, por otro lado, una novedad y una ausencia, ambas muy se?aladas. La presencia del abogado madrile?o Mariano Mu?oz Bouzo, quien se hizo cargo de la defensa de Juan Guerra hace apenas 20 d¨ªas, introducir¨¢ una nueva l¨ªnea argumental a la estrategia que hasta ahora dirig¨ªa Antonio Mates. La designaci¨®n de Mu?oz Bouzo ha sido criticada por los partidos de la oposici¨®n andaluza, aludiendo a la implicaci¨®n del PSOE en el caso.
Mu?oz Bouzo pertenece al bufete de Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, diputado socialista, y fue consejero en RTVE. La renuncia de Mates se, ha explicado por "motivos profesionales y personales".
"No hay tipo delictivo", afirma el fiscal
"La conducta que est¨¢ acredita da en autos no responde a la figura tipificada en la malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Tampoco ha quedado acreditado que esta persona se atribuyera la condici¨®n de funcionario p¨²blico; si lo que han dicho es que se benefici¨® para mediar y obtener favores, esa tampoco puede en tenderse como la misi¨®n de un funcionario". Los argumentos son tajantes y parten del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, Alfredo Flores, que cree que el juicio 'se centrar¨¢ en un debate t¨¦cnico-jur¨ªdico. Ni la fiscal¨ªa ni la abogac¨ªa el Estado han presentado cargos contra Juan Guerra y, salvo que cambien radicalmente las cosas, pedir¨¢n su absoluci¨®n.
"No cabe la malversaci¨®n de bienes inmuebles. Juan Guerra no apart¨® de su finalidad el edificio de la Delegaci¨®n del Gobierno, ni tampoco el despacho que en el ten¨ªa el vicepresidente del Gobierno", argumenta Flores.
Su opini¨®n sobre el calificativo de "juicio pol¨ªtico" tiene una doble respuesta: "Es malo calificarlo as¨ª. Los hechos tienen importancia cualquiera que sea la persona que. los realice, aunque puede sorprender que cuando en un determinado asunto quedan fuera determinadas personas la acci¨®n popular pierda inter¨¦s. No digo con esto que este juicio sea pol¨ªtico pero si se califica as¨ª se est¨¢ desnaturalizando el proceso penal".
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