El fuero y el huevo

?Alguien recuerda que Manuel Fraga Iribarne se acogi¨® en 1979 a la inmunidad parlamentaria para no retractarse de las acusaciones realizadas contra Francisco Romero Mar¨ªn, miembro del comit¨¦ Ejecutivo del Partido Comunista de Espa?a? El hoy presidente de la Xunta de Galicia acus¨® a Romero Mar¨ªn de ser enlace entre sociedades filiales de algunas embajadas de pa¨ªses del Este en Madrid y un despacho especializado en la defensa de miembros del GRAPO. El contubernio internacional todav¨ªa funcionaba, al menos, para Fraga. Fue uno de los aforados, de los que se pidi¨® suplicatorio para procesarle.Pero, ?qu¨¦ es un aforado? Aforado es la persona que goza de fuero, recoge el Diccionario de la Real Academia Espa?ola. Dicen que el autor del invento fue Pedro I El Cruel para proteger a los procuradores a las Cortes de Castilla frente a sus alcaldes.

Ha llovido desde entonces y han, cambiado las cosas. Diputado, senadores y altos cargos 'de la Administraci¨®n gozan ahora de ese fuero que impide a un tribunal ordinario juzgarles por delitos -o presuntos delitos- cometidos en el ejercicio de sus tareas. Han de ser juzgados por el Tribunal Supremo una vez que el Parlamento concede el correspondiente suplicatorio. En teor¨ªa, se trata de proteger, en la medida de lo posible, la libertad de quienes soportan en sus d¨¦biles espaldas el peso de la p¨²rpura. Luego resulta que, bajo esa p¨²rpura, hay motivaciones de todo tipo.

Porque hay de todo. Fuero y huevo. Desde quien cometi¨® irregularidades de tipo estrictamente mercantil hasta quien se llev¨® una ikurri?a del Museo del Ej¨¦rcito; desde quien, en estricto uso de sus tareas parlamentarias, denunci¨®, dijo o declar¨® sobre diversos temas, hasta quien maltrat¨® a un ex sargento del Ej¨¦rcito. Los suplicatorios nominaci¨®n, parece que correct¨ªsima, para definir la petici¨®n de levantar la inmunidad parlamentaria- presentados en ambas c¨¢maras recogen casos de todo tipo y condici¨®n. Pocos parlamentarios han escapado a ellos. En la C¨¢mara Baja se han presentando en las cuatro legislaturas en torno a unos 40 suplicatorios. Nada, si se compara con los m¨¢s de 300 presentados entre 1933 y 1935. Por cierto, que en aquella ¨¦poca fue Jos¨¦ Antonio Primo de Rivera quien m¨¢s suplicatorios acumul¨®. Y fue Indalecio Prieto quien m¨¢s fervorosamente se neg¨® a que se concediera suplicatorio a su enemigo ideol¨®gico. Por algo Don Inda dec¨ªa aquello de que era "socialista a fuer de liberal".

En lo que llevamos de recuperada democracia a los tribunales se ha llevado a diputados y senadores por un qu¨ªtame all¨¢ esas pajas. Y otros se han agarrado, sin escr¨²pulo alguno, a su condici¨®n de aforado para hacer un quiebro a sus denunciantes. Otros, sin embargo, han pedido al Parlamento que les liberara de este privilegio para poder acudir a los tribunales. Jes¨²s Barderas Reviejo, senador de la extinta UCD, ya pidi¨® que concedieran el suplicatorio en diciembre de 1979. El senador hab¨ªa atropellado levemente a una se?ora con la aleta de su autom¨®vil. El mismo Barderas la llev¨® a la casa de socorro de donde la buena mujer sali¨® por su propio pie. El juicio de faltas se lleg¨® a celebrar sin que se hubiera concedido el suplicatorio, y si, bien es verdad que el juez le declar¨® inocente, hubo sus m¨¢s y sus menos con la soberan¨ªa popular que, seg¨²n el Parlamento, hab¨ªa quedado, como la se?ora, por los suelos.

Eran otros tiempos. El posible procesamiento de Miguel ?ngel Mart¨ªnez, diputado socialista y militante de UGT, hace ahora 15 a?os, no se hubiera hoy ni planteado. Pero en 1979 ocupar una Casa del Pueblo de Ciudad Real no estaba lo que se dice bien visto. As¨ª que tambi¨¦n Miguel ?ngel Mart¨ªnez pidi¨® que se le concediera el suplicatorio y en paz.

Pero en 1979, el primer suplicatorio concedido y, con mayor resonancia fue, sin duda el de los diputados vascos Telesforo Monz¨®n y Francisco Letamend¨ªa, ambos parlamentarios de Herri Batasuna, a los que entre otras cosas se les acusaba de traidores a la patria y apolog¨ªa del terrorismo. Seguramente hoy, por los mismos baremos, habr¨ªa que procesar a la mayor¨ªa de los diputados vascos, incluidos, los m¨¢s conservadores. El caso de Monz¨®n y Letamend¨ªa fue objeto de arduas y extensas discusiones, aceleraciones y aplazamientos.

En diciembre de 1979 el Tribunal Supremo recibi¨® la autorizaci¨®n para juzgar a los dos pol¨ªticos vascos. Tampoco hubo tantos parlamentarios que se opusieran a la concesi¨®n del suplicatorio. La votaci¨®n fue abrumadoramente a favor de que se les juzgara. Se sabe, eso s¨ª, que entre los escasos parlamentarios que se opusieron estaban Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, Fernando Sagaseta y Heribert Barrera. Por cierto, que los dos primeros tambi¨¦n tuvieron el honor de estar incluidos en suplicatorios para su procesamiento.

Visto ahora, la verdad es que si Jos¨¦ Barrionuevo hubiera dicho hace 15 a?os sobre el juez Garz¨®n lo que ha dicho ¨²ltimamente, se hubiera producido, sin duda, un suplicatorio antes de que le hubiera dado tiempo a decir Jes¨²s. El diputado canario Fernando Sagaseta fue objeto de una querella por desacato por unas declaraciones en las que criticaba la acci¨®n de los jueces en el caso de ?ngel Cabrera, El Rubio. ?Qui¨¦n se acuerda ahora de aquel caso relacionado con la desaparici¨®n del industrial canario Eufemiano Fuentes? Y eso que Sagaseta actuaba, adem¨¢s, como abogado defensor de los familiares de El Rubio. Pero tampoco fue un eximente. Con lo que ahora se dice, resulta dif¨ªcil pensar que las palabras de aquel tronante diputado fueran m¨¢s all¨¢ de donde llegan ahora las pronunciadas por nuestros m¨¢s eximios pol¨ªticos.

Fue sonado, por la personalidad del interesado y por los hechos, el suplicatorio presentado contra Joseba El¨®segui, veterano luchador antifranquista y, entonces -1984- senador nacionalista vasco. El¨®segui rescat¨® la ikurri?a de un batall¨®n de gudaris del Ej¨¦rcito Republicano que se expon¨ªa en el Museo del Ej¨¦rcito. El senador, que falleci¨® en 1984, se llev¨® con ¨¦l a un fot¨®grafo que plasm¨® para la posteridad su acci¨®n.

Hay pocos parlamentarios que se hayan librado de alguna querella, y, consecuentemente, de que su nombre figure incluido en alguno de los suplicatorios presentados en ambas c¨¢maras. Joaqu¨ªn Leguina, Enrique Tierno, Carlos Barral, Carmen Garc¨ªa Bloise, Pablo Castellano, Alfonso Guerra, Ram¨®n Tamames, ?ngel Sanch¨ªs, Herrero de Mi?¨®n... la lista resulta interminable. Y no siempre por actividades relacionadas con sus tareas de padres de la patria. El desaparecido Carlos Barral tuvo un sonado proceso por haber incluido -cierto que con el nombre cambiado- a un personaje perfectamente reconocible en uno de sus libros.

El Parlamento neg¨® el suplicatorio y tuvo que ser el Tribunal Constitucional quien aclarara que no hab¨ªa que confundir inmunidad con impunidad. As¨ª que, a Carlos Barral le juzg¨® el Supremo por un presunto delito de injurias. El caso hizo correr r¨ªos de tinta, como dicen los cl¨¢sicos, por la numantina defensa que del senador hicieron sus compa?eros de grupo.

Guerra ya lo tuvo

Eran tiempos en los que todav¨ªa hab¨ªa que tentarse la ropa antes de hablar. Alfonso Guerra que hab¨ªa comentado aspectos del juicio seguido por el 23F -estamos en 1982- tuvo tambi¨¦n su suplicatorio. Fue Eduardo Serra, hoy hombre fuerte de la telefon¨ªa m¨®vil, y entonces subsecretario de Defensa quien present¨® un escrito a la Mesa del Congreso interes¨¢ndose por la condici¨®n de diputado del se?or Guerra. Qu¨¦ cosas. Alfonso Guerra hab¨ªa dicho: "Es cierto que existe el temor de que los juicios del 23F van a ser una farsa. Y yo lo comparto". La lengua de Alfonso Guerra le cost¨® otro suplicatorio esta vez por injurias y presentado por UCD. Indudablemente, que la mejor palabra es la no pronunciada. Y si nuestros diputados hubieran seguido esta m¨¢xima mejor les hubiera ido. Porque a la mayo-, r¨ªa fue su lengua la que les llev¨® a los tribunales.

Si a Jos¨¦ Barrionuevo le llamaran a declarar por el caso de los GAL, no ser¨ªa la primera vez que protagoniza un suplicatorio. En enero del 88 el Supremo pidi¨® autorizaci¨®n para proceder contra el entonces ministro del Interior. La demanda se refer¨ªa a un hecho que, si *no fuera por lo dram¨¢tico, ser¨ªa chusco. Su departamento se confundi¨® y entreg¨® a los medios de comunicaci¨®n- no la fotograf¨ªa de un presunto etarra, sino la de su hermano que nada ten¨ªa que ver -salvo los naturales lazos de sangre- con las actividades fraternales.

En la historia m¨¢s reciente otros aforados de uno u otro signo han protagonizado diversos suplicatorios. Y aunque sea de pasada, hay que mencionar -adem¨¢s de por cercan¨ªa en el tiempo, por afinidad en las causa ?ngel Sanch¨ªs, del PP, y a Josep Mar¨ªa Sala y Carlos Navarro, del PSOE. Todos supuestamente implicados en la financiaci¨®n irregular de sus partidos. Y, el ¨²ltimo, hasta ahora, Alfonso Guerra. Pero ¨¦l ya es un veterano.