El Tribunal de Justicia de la UE deroga la legislaci¨®n espa?ola sobre delitos monetarios

El grueso de la legislaci¨®n espa?ola sobre delitos monetarios ha quedado abrogada. Desde Espa?a se podr¨¢ cruzar a cualquier Estado de la Uni¨®n Europea con m¨¢s de cinco millones en el bolsillo sin correr ya el riesgo de ir a la c¨¢rcel. El Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) dictamin¨® ayer que la Ley de Control de Cambios vigente en Espa?a es incompatible con la directiva comunitaria que liberaliza los movimientos de capitales. El Gobierno espa?ol teme haber perdido un arma en su lucha contra el narcotr¨¢fico y el fraude fiscal pero el abogado de los inculpados por evasi¨®n monetaria asegura que la sentencia acrecenta la libertad de los ciudadanos espa?oles equipar¨¢ndoles a los europeos.

El fallo tiene su origen en la detenci¨®n, en noviembre de 1992 en la frontera hispano-francesa de La Jonquera, del italiano Aldo Bordessa que intent¨® pasar a Francia con 50 millones de pesetas en billetes, ocultos en un doble fondo del maletero y en el interior de los asientos traseros de un autom¨®vil Mercedes matriculado en Suiza.El fiscal Florentino Ort¨ª, de la Audiencia Nacional, pidi¨® para Bordessa seis meses de arresto mayor, 20 millones de multa y el decomiso del dinero. El abogado del inculpado, Jos¨¦ Colls Alsius, aleg¨®, en cambio, que su cliente ha infringido una ley que es incompatible con el derecho comunitario.

Espa?a introdujo en febrero de 1993 la directiva comunitaria de 1988 que consagra la libre circulaci¨®n de capitales pero lo hizo con una salvedad. Para poder sacar del pa¨ªs m¨¢s de cinco millones de pesetas en billetes o cheques al portador, el viajero necesitaba una autorizaci¨®n previa de la Direcci¨®n General de Transacciones Exteriores. Si no la posee puede ser sancionado con multa y una condena de hasta 12 a?os de c¨¢rcel.

Si la cantidad oscila entre uno y cinco millones debe hacer una mera declaraci¨®n. Si no la efect¨²a, el viajero puede ser sometido a una multa administrativa equivalente a un peque?o porcentaje de la cantidad que transporta.

?ngel Calder¨®n, titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, fue sensible a los argumentos del abogado de la defensa. Decidi¨® el 19 de junio consultar al TJUE. Todas las dem¨¢s causas por delitos monetarios pendientes en la Audiencia Nacional, unas 40, se paralizaron entonces a la espera de lo que dictamine el Tribunal con sede en Luxemburgo.Sin autorizaci¨®n previa

Ocho meses despu¨¦s la sentencia del Tribunal reza que tanto la directiva comunitaria como el Tratado de Roma "se oponen a que la exportaci¨®n de monedas, billetes de banco, o cheques al portador se supedite a una autorizaci¨®n previa, pero, por el contrario, no se oponen a que dicha operaci¨®n se supedite a una declaraci¨®n previa".

El requisito de la autorizaci¨®n, explica el TJUE, "somete el ejercicio de la libre circulaci¨®n de capitales a la discrecionalidad de la Administraci¨®n y, por ese motivo, podr¨ªa hacer que esta libertad fuera ilusoria". La declaraci¨®n, en cambio, "no suspende la operaci¨®n" de exportaci¨®n y permite a "las autoridades nacionales realizar un control efectivo para impedir infracciones".

El Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda reaccion¨® al conocer la sentencia afirmando en un comunicado que "se seguir¨¢n aplicando los requisitos exigidos en la normativa vigente", aunque no se deriven de su incumplimiento consecuencias penales. Da a entender adem¨¢s que en un futuro cercano se producir¨¢ una modificaci¨®n de la legislaci¨®n.

"La sentencia", declar¨® a este peri¨®dico el abogado Colls, "constituye un paso m¨¢s para la integraci¨®n del ciudadano espa?ol en Europa". "Le otorga unas libertades de las que hasta ahora carec¨ªa, como consecuencia de una legislaci¨®n obsoleta que tuvo su origen en una Ley promulgada en 1938 por las autoridades de la Zona Nacional". "Esta legislaci¨®n es totalmente incompatible con las libertades postuladas por la UE", prosigui¨® satisfecho por su victoria. "Espa?a era hasta hoy el ¨²nico pa¨ªs de Europa que sancionaba con penas de c¨¢rcel, de hasta doce a?os, unas conductas plenamente liberalizadas o sujetas a una mera obligaci¨®n de declaraci¨®n".

Ni que decir tiene que el abogado del Estado, Miguel Bravo-Ferrer, que defendi¨® el punto de vista oficial espa?ol en Luxemburgo, no comparte esta alegr¨ªa. "Manifiesto mi lamento", afirm¨® a este peri¨®dico el letrado. "El Estado espa?ol carece ahora de un arma esencial en la lucha contra el fraude fiscal, el narcotr¨¢fico y el terrorismo".

Subsiste la declaraci¨®n administrativa pero, prosigue, "pocas ser¨¢n las ocasiones en que los defraudadores, narcotraficantes o terroristas piensen, en poner sobre aviso a las autoridades acerca del met¨¢lico con el que atraviesan la frontera". "Desgraciadamente no es posible criminalizar la declaraci¨®n administrativa como lo estaba la autorizaci¨®n".

"En consecuencia", concluye, "los medios de los que se dispondr¨¢ para investigar una omisi¨®n de declaraci¨®n ser¨¢n escasos". "No se podr¨¢, por ejemplo, echar mano de escuchas telef¨®nicas o de una brigada criminal para investigar una infracci¨®n administrativa". "Siempre recuerdo que Al Capone cay¨® por fraude fiscal y no por los asesinatos que orden¨®".