CiU toma la iniciativa y prepara una nueva ley de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos

El grupo parlamentario de CiU presentar¨¢ al Congreso de los Diputados en los pr¨®ximos, d¨ªas una nueva ley de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, que abrir¨¢ la puerta a las aportaciones privadas para subvencionar los gastos de las fuerzas pol¨ªticas. Se trata de uno de los puntos del programa de gobierno para 1995 aprobado por PSOE y CiU el pasado d¨ªa 9 al t¨¦rmino del debate sobre el estado de la naci¨®n, y por tanto compromete al Gobierno. El secretariado permanente de Converg¨¨ncia Democr¨¢tica, el principal partido de la coalici¨®n nacionalista catalana, ha decidido tomar la iniciativa, convencidos los dirigentes nacionalistas de que el Gobierno no est¨¢ en condiciones pol¨ªticas de asumir hoy por hoy ese compromiso, sea por su debilidad sea porque el PSOE tiene un sumario abierto por financiaci¨®n irregular y una iniciativa de este tipo podr¨ªa ser mal interpretada. CiU ya ha encargado los estudios pertinentes a los expertos para elaborar la proposici¨®n de ley.

El presidente de la Generalitat y de Converg¨¨ncia, Jordi Pujol, declar¨® anteanoche a este respecto que el trabajo de los diputados nacionalistas en el Congreso "es cada d¨ªa m¨¢s dif¨ªcil, ya que tienen que afrontar la demagogia del Partido Popular y el miedo de los socialistas". Y cit¨® como ejemplo el ¨¢mbito fiscal. Los socialistas, seg¨²n el dirigente nacionalista, dan la raz¨®n a CiU en las reformas que proponen, pero no se atreven a aprobarlas porque el PP no les quiere dar su voto favorable "para as¨ª poderlos acusar de explotadores".

Para Pujol esta situaci¨®n no es buena para el pa¨ªs, y advirti¨® que "hay que asumir riesgos en inter¨¦s de la sociedad". Lo mismo opina con relaci¨®n a la nueva reforma laboral, para sustituir los contratos eventuales por fijos con indemnizaci¨®n por despido negociada de antemano. Descr¨¦dito de los pol¨ªticosTanto Pujol como Miquel Roca y otros dirigentes nacionalistas han insistido en las ¨²ltimas semanas en que una v¨ªa para combatir el descr¨¦dito de la clase Pol¨ªtica consiste en modificar la ley de financiaci¨®n de los partidos de 1987, porque los esc¨¢ndalos derivados de la financiaci¨®n irregular (casos Filesa, Naseiro y otros) han demostrado que lo legislado no se corresponde con la realidad y los partidos han cubierto sus necesidades econ¨®micas con aportaciones privadas ilegales, lo que ha dado origen a muchas corrupciones, que han erosionado el, prestigio del sistema de partidos.

La ley de 1987 hace descansar la financiaci¨®n de las formaciones pol¨ªticas en aportaciones del Estado, y restringe al m¨ªnimo las privadas. A cambio; el control que ejerce el Tribunal de Cuentas es insuficiente, como tambi¨¦n se ha comprobado en la pr¨¢ctica.

La filosof¨ªa que impregnar¨¢ la modificaci¨®n que prepara CiU es la contraria: mayor libertad para las aportaciones privadas, que deber¨ªan ser p¨²blicas y transparentes, y con beneficios fiscales, y mayor poder para el Tribunal de Cuentas. CiU es partidaria de que se limite el gasto electoral de los partidos.

Existe otra resoluci¨®n votada el pasado d¨ªa 9 que no sigue el camino que desean los nacionalistas catalanes. El Gobierno insiste en su ¨²ltimo borrador de reforma de la Administraci¨®n del Estado en conservar la figura del gobernador civil.

Converg¨¨ncia i Uni¨® no descarta apoyarse en los votos de Izquierda Unida y del Partido Popular para enmendar la futura ley si ¨¦sta conserva esa figura, que los nacionalistas consideran periclitada. Pujol y Roca conf¨ªan en que los criterios de Manuel Fraga, favorable seg¨²n ellos a sus tesis, sea la que se imponga en el PP.

Los dirigentes de CiU reclaman un cambio de nombre -algo as¨ª como un coordinador de los servicios perif¨¦ricos del Estado- y que su titular sea un funcionario aunque designado para el puesto por el Gobierno.