Medio sucio

DE AQU? al a?o 2005 se invertir¨¢ medio bill¨®n de pesetas -procedentes de los fondos de cohesi¨®n de la Uni¨®n Europea- en diversos planes para la descontaminaci¨®n de los suelos, la reducci¨®n y tratamiento de los desechos industriales y la depuraci¨®n de las aguas residuales, seg¨²n el compromiso adquirido por el Gobierno hace unos d¨ªas. La cantidad es importante, pero no exagerada a la vista del d¨¦ficit ambiental que acumula Espa?a en relaci¨®n a los baremos europeos. Algunas fuentes consideran que una equiparaci¨®n efectiva requerir¨ªa inversiones no inferiores a los dos billones de pesetas.Entre los criterios medioambientales a seguir en el futuro destaca el abandono de la incineraci¨®n como m¨¦todo predominante de tratamiento de los residuos en favor de otros m¨¢s econ¨®micos y menos contaminantes: la reducci¨®n de residuos en el origen del proceso productivo (un 40% de aqu¨ª al a?o 2000) y el reciclaje y la reutilizaci¨®n de los producidos. En Espa?a se ocasionan al a?o 270 millones de toneladas de residuos, de los que 3,5 millones son altamente peligrosos.

Pero tambi¨¦n es necesario recuperar los suelos ya contaminados y avanzar en la depuraci¨®n de las aguas residuales. En Espa?a hay 4.500 ¨¢reas industriales contaminadas, de las que m¨¢s del 50% son lim¨ªtrofes a n¨²cleos urbanos; a la vez, la red de saneamiento y depuraci¨®n de las aguas residuales s¨®lo alcanza al 40% de la poblaci¨®n. La inyecci¨®n financiera aportada ahora pretende dar cumplimiento a la directiva europea de 1991 que obliga a todas las ciudades con m¨¢s de 15.000 habitantes a depurar sus aguas fecales antes del a?o 2000, y a las que tienen entre 2.000 y 15.000 habitantes, antes del 2005.

Inversiones como las acordadas ahora son imprescindibles, pero el d¨¦ficit tambi¨¦n es cultural. Algunos h¨¢bitos de consumo y pautas de comportamiento social de los espa?oles son, en materia medioambiental, premodernos. Y de ah¨ª que, junto a un esfuerzo de educaci¨®n c¨ªvica, ya practicado con las nuevas generaciones en la escuela, sea precisa una aplicaci¨®n severa por las autoridades de la represi¨®n del delito ecol¨®gico, de acuerdo con el criterio de que quien contamina, paga.