El derecho a la integraci¨®n
El derecho a una educaci¨®n integrada en los centros de educaci¨®n ordinarios de los ni?os y ni?as con necesidades educativas especiales, que el pr¨®ximo 6 de marzo cumplir¨¢ una d¨¦cada, es uno de los derechos fundamentales que la Constituci¨®n recoge en sus art¨ªculos 14, 27 y 49. El Real Decreto 334/1985 desarrollaba el mandato constitucional dando una soluci¨®n acorde con la dignidad y necesidades en el aspecto concreto de la atenci¨®n educativa, como primer paso hacia la total integraci¨®n social. La LOGSE recoge y consagra los principios que inspiraron este decreto, insert¨¢ndolos dentro del contexto de la diversidad del alumnado que exige una ense?anza individualizada.A pesar de los resortes legislativos, el desarrollo de la integraci¨®n ha sido bastante desigual y ha estado condicionado a las concepciones ideol¨®gicas, pol¨ªticas y sociales de las diferentes administraciones educativas auton¨®mas.
La integraci¨®n educativa es el resultado de la suma de dos factores imprescindibles: voluntad y recursos (humanos y materiales). Sobre esos dos pilares se construye todo el entramado administrativo que har¨¢ posible cumplir este mandato legislativo, cuya base debe ser una concepci¨®n democr¨¢tica que favorezca la participaci¨®n efectiva de los agentes de la educaci¨®n: la familia y la escuela.
En Navarra, el Departamento de Educaci¨®n est¨¢ negando el derecho de participaci¨®n en la decisi¨®n de escolarizaci¨®n a las familias de los ni?os con necesidades educativas especiales. No se tiene en cuenta su voluntad, principalmente cuando la familia no est¨¢ de acuerdo con la escolarizaci¨®n de sus hijos en centros de educaci¨®n especial y demanda una educaci¨®n integrada en centros ordinarios.
?Cu¨¢les son los criterios que sigue el Departamento de Educaci¨®n del Gobierno de Navarra para la escolarizaci¨®n de los ni?os con necesidades educativas especiales? La pr¨¢ctica nos viene demostrando que se basan ¨²nicamente en las valoraciones que sus t¨¦cnicos hacen de ellos.
El derecho a la integraci¨®n educativa requiere mucho m¨¢s que una valoraci¨®n de t¨¦cnicos. Y, desde luego, no se puede concebir desde posturas unilaterales que ignoran la opci¨®n deseada por la familia y, en algunos casos, las valoraciones aportadas por profesionales independientes que vienen a avalar esa opci¨®n. ?Qu¨¦ ocurre cuando los padres. no est¨¢n de acuerdo con el tipo de escolarizaci¨®n decidida por los t¨¦cnicos del Departamento de Educaci¨®n? Sencilla mente la valoraci¨®n se convierte en sentencia irrevocable.
Muy pocos llegan a esa situaci¨®n de confrotaci¨®n porque la mayor¨ªa de los padres y madres se van agotando por el camino, gracias a un largo proces¨® y a los argumentos empleados por los t¨¦cnicos de la Administraci¨®n: la muy conocida y empleada frase "es lo mejor para el ni?o", con la que atrapan emocionalmente a la familia. Otro de los argumentos infalibles es la defensa de los recursos disponibles en el centro de educaci¨®n especial donde tendr¨¢ que ir.
La integraci¨®n no se puede desarrollar en funci¨®n de los recursos existentes. Los recursos son los que tienen que estar en funci¨®n de la integraci¨®n, para que la respuesta a la demanda de un sector social no quede bloqueada o sea desviada en funci¨®n de la falta de previsi¨®n de recursos.
En un Estado de derecho, decisiones absolutas que merman la libertad, en este caso de las familias cuyos hijos recibir¨¢n una educaci¨®n determinada por criterios restringidos y arbitrarios, nos lleva a la triste conclusi¨®n de que la l¨ªnea ya est¨¢ marcada y a partir de ah¨ª se levanta un muro.
es coordinadora del Colectivo BIDEAN (Asociaci¨®n por la Integraci¨®n Educativa).
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