Madrid, 5; Soto, 0

La banda municipal de Soto del Real (3.250 habitantes) no acudir¨¢ hoy a la inauguraci¨®n del centro penitenciario Madrid V -las autoridades leen este nombre como "Madrid cinco", aunque en teor¨ªa significa "Madrid quinto"-, acto que presidir¨¢ el ministro Juan Alberto Belloch. Y eso, porque el alcalde, Jos¨¦ Luis Sanz, del PP, sigue sin aceptar que esta prisi¨®n forma ya parte del paisaje municipal: "No queremos la c¨¢rcel en este pueblo. Ni yo ni ning¨²n regidor de la comarca asistiremos a la inauguraci¨®n".Mientras, los vecinos esperan con escepticismo y curiosidad los cambios que este centro ocasionar¨¢. Sus opiniones es t¨¢n divididas.

El alcalde reconoce que la batalla que mantienen su Ayuntamiento y el ministerio desde hace tres a?os ha impedido que ni una sola peseta de los Presupuestos del Estado haya terminado en las arcas municipales. "La prisi¨®n carece de licencia de obras. Por lo tanto, el Estado no ha ingresado nada en el municipio. Tampoco me quejo, pues siempre hemos actuado seg¨²n nuestra conciencia", dice.

La c¨¢rcel ha desatado reacciones muy cr¨ªticas, pero tambi¨¦n las hay favorables.

En contra. El alcalde, que no se arrepiente de ninguna de las actuaciones en relaci¨®n con la c¨¢rcel, da sus razones para oponerse a la prisi¨®n: "La c¨¢rcel carece de licencia municipal [el Ayuntamiento la deneg¨®], se levanta sobre un espacio protegido ambientalmente y a nosotros nunca nos han dejado construir all¨ª; este Ayuntamiento sufre ya muchas cargas p¨²blicas [la mitad del t¨¦rmino est¨¢ ocupada por el parque regional, un pantano y una base de helic¨®pteros militares] y, adem¨¢s, su creaci¨®n es un atentado a la autoridad municipal. Es como David contra Goliat".

Sanz comenta adem¨¢s que el centro penitenciario no ha creado ni un solo puesto de trabajo en el pueblo. "Todos son funcionarios. No han contratado a ning¨²n vecino".

El concejal de Urbanismo, Eladio Navarro, del CDS, y hasta hace dos a?os alcalde, no es m¨¢s comprensivo: "La c¨¢rcel puede provocar un cambio sociol¨®gico. Podemos pasar de ser un pueblo tur¨ªstico a convertirnos en Soto del Penal. Intentaremos evitarlo".

En noviembre de 1992, Navarro se enfrent¨®, acompa?ado de medio centenar de vecinos y de varios alcaldes de la zona, a las fuerzas de la Guardia Civil. Los congregados intentaban impedir el comienzo de las obras. Como consecuencia de la batalla, la vara de mando del alcalde fue rota en dos pedazos. El bast¨®n, debidamente enmarcado y sin arreglar, luce ahora en el despacho del alcalde. "La vara rota forma parte ya de la historia de Soto. Es un s¨ªmbolo de nuestro pueblo y un recuerdo del atentado que sufri¨® la autoridad municipal", comenta Navarro.

Pedro Barrado, de 75 a?os, cree tambi¨¦n que la c¨¢rcel perjudicar¨¢ a su pueblo: "Muchos pensamos que la prisi¨®n llevar¨¢ la droga a las calles. Lo malo no son los presos, sino toda la gente que les rodea".

La Polic¨ªa Municipal no desea hacer declaraciones. Los seis agentes tienen ahora que velar por la seguridad de este pueblo que en verano triplica su poblaci¨®n. Y s¨®lo cuentan con un coche patrulla (con m¨¢s de 120.000 kil¨®metros a cuestas) para recorrer las calles. Adem¨¢s, carecen de gr¨²a para llevarse a los autom¨®viles mal aparcados. Los polic¨ªas dejan entrever que la c¨¢rcel influir¨¢ negativamente en la circulaci¨®n porque en este pueblo no existen aparcamientos disuasorios. Adem¨¢s, a causa del aumento constante de la poblaci¨®n, el n¨²mero de intervenciones policiales se ha duplicado desde hace cuatro a?os: en 1990 se efectuaron 971, el a?o pasado se registraron 1.853. Curiosamente, el tel¨¦fono de la Polic¨ªa de Soto no aparece en las gu¨ªas telef¨®nicas y los agentes s¨®lo cuentan con un tel¨¦fono m¨®vil, que no siempre funciona, para atender las llamadas.

A favor. Manuel Tablado, uno de los dos taxistas de Soto, manifestaba. ayer: "Espero que la c¨¢rcel mejore mi negocio porque, de momento, la situaci¨®n es mala. Posiblemente llevar¨¦ m¨¢s viajeros a Madrid".

Jos¨¦ Olmos, ex presidiario y actualmente en paro, opina: "El Ayuntamiento se ha negado siempre a hablar con el Estado. Con su postura s¨®lo ha conseguido que las inversiones millonarias que se iban a destinar a este pueblo desaparezcan. Si hubieran dialogado, Soto contar¨ªa actualmente con mejores infraestructuras y m¨¢s trabajo para los vecinos". Olmos a?ade: "A los presos no les interesa el pueblo. S¨®lo esperan el tercer grado para coger el autob¨²s y volver a sus casas. Existen vecinos en Soto que creen que aumentar¨¢ la delincuencia. Eso es completamente err¨®neo porque toda c¨¢rcel trae guardias civiles y funcionarios. Muchos de ellos compran y alquilan pisos por la zona y la seguridad en las calles aumenta notablemente. Un guardia civil lo es veinticuatro horas al d¨ªa".

Carlos Ib¨¢?ez, gestor privado de fincas, recuerda que hace dos a?os muchos vecinos intentaron vender sus pisos y chal¨¦s cuando se enteraron de los planes del ministerio: "Los pisos bajaron de precio hasta un 10% debido a la repentina oferta. Sin embargo, poco a poco, los vecinos se fueron calmando. Actualmente ha habido una recuperaci¨®n del mercado. Varios altos cargos y funcionarios de la c¨¢rcel han comprado ya chal¨¦s". Ib¨¢?ez considera que la c¨¢rcel beneficiara a su negocio: "Necesitar¨¢n hacer declaraciones de la renta, papeleos. Tambi¨¦n podemos ofrecerles ayuda jur¨ªdica".