Del Congreso a los juzgados
Para Thomas Babington Macaulay, pol¨ªtico e historiador brit¨¢nico de la primera mitad del siglo XIX, la responsabilidad pol¨ªtica era el producto de una ¨¦poca indulgente que juzga que la p¨¦rdida del cargo y la desaprobaci¨®n p¨²blica son castigo suficiente para los errores en la gesti¨®n p¨²blica. Esta indulgencia parece cosa del pasado, pues se percibe una clara tendencia a buscar responsabilidades jur¨ªdicas mediante querellas o denuncias, tendencia a la que precedieron algunos intentos de desviar la responsabilidad pol¨ªtica hacia la jur¨ªdica. No son fen¨®menos, exclusivamente espa?oles y dan lugar a situaciones poco habituales: partidos pol¨ªticos convertidos en acusadores o acusados en diversos procesos judicales, jueces trasmutados en ¨¢rbitros de la situaci¨®n pol¨ªtica, cronistas parlamentarios que abandonan el Congreso para acudir a los juzgados y, en fin, resoluciones judiciales que saltan de la cr¨®nica de tribunales a las primeras p¨¢ginas.Lo curioso es que la responsabilidad pol¨ªtica fue inventada para evitar la jur¨ªdica. Su objeto es que las discrepancias pol¨ªticas se ventilen en sede pol¨ªtica y los errores pol¨ªticos acarreen, exclusivamente, consecuencias pol¨ªticas. Macaulay acertaba al afirmar que la responsabilidad pol¨ªtica era el producto de una ¨¦poca indulgente, ya que sustituye la decapitaci¨®n o la c¨¢rcel, antes utilizadas, por el cese en el cargo que se ocupa. Es, por tanto, un producto de la civilizaci¨®n de la pol¨ªtica.
El sistema democr¨¢tico se asienta sobre una cadena de dep¨®sitos de confianza, cuyo eslab¨®n de cierre -por tanto, inicial y final- es esa gran fracci¨®n del pueblo al que llamamos electorado. La responsabilidad pol¨ªtica es indisociable del concepto de confianza. Consiste en que se retira la confianza de a quien se eligi¨® o design¨® para el ejercicio del cargo. No trata de reparar el delito o la culpa; para eso est¨¢ la responsabilidad juridica. Atiende, exclusivamente, a impedir que quien ha perdido la confianza siga ejerciendo el cargo, y a sustituirlo por otra persona. No depende, por eso, de la aplicaci¨®n del Derecho, sino del mantenimiento o la desaparici¨®n de la relaci¨®n de confianza que se estableci¨® cuando se confi¨® el cargo a una persona.
La aplicaci¨®n
En un sistema democr¨¢tico, la ¨²nica representaci¨®n v¨¢lida es, mientras dura su mandato, la que la mayor¨ªa haya elegido libremente. La vinculaci¨®n de la representaci¨®n y, por tanto, de la responsabilidad al principio democr¨¢tico se traduce en que la confianza s¨®lo puede ser v¨¢lidamente otorgada o retirada -exigiendo la responsabilidad pol¨ªtica- por los representantes de la mayor¨ªa, por quienes ellos han designado o, en su momento, por el electorado, renovando o sustituyendo a sus representantes. Por eso, la aplicaci¨®n de la responsabilidad pol¨ªtica s¨®lo puede provenir de dos fuentes: o de quien eligi¨® o design¨® a una persona para ejercer un cargo o funci¨®n o de la propia persona que lo ejerce; de nadie m¨¢s, opini¨®n p¨²blica incluida. El primero puede cesar a quien nombr¨® o eligi¨® cuando deje de tener confianza en ¨¦l. Por otra parte, quien ejerce el cargo puede considerar que las cirunstancias le impiden desempe?ar adecuadamente su funci¨®n y asumir su responsabilidad pol¨ªtica presentando su dimisi¨®n. As¨ª pues, s¨®lo el Parlamento puede retirar su confianza al Gobierno y s¨®lo el electorado, cuando llegue el momento, a los representantes a los que eligi¨®. La segunda caracter¨ªstica de la responsabilidad pol¨ªtica es que se agota con el cese en la funci¨®n. En la responsabilidad pol¨ªtica se unen, as¨ª, su reconocimiento, su sanci¨®n y su extinci¨®n.Podr¨¢ pensarse que el cese es poca cosa como sanci¨®n. Para comprender su sentido hay que insistir en que la responsabilidad pol¨ªtica no nace del delito o la culpa, sino s¨®lo de la p¨¦rdida de confianza. No sanciona una conducta ?l¨ªcita, sino l¨ªcita; err¨®nea o desafortunada, pero l¨ªcita. Puede ser objetiva y surgir de la mera apariencia. A veces ello provoca situaciones injustas, pues pueden causar la dimisi¨®n o el cese acontec¨ªmientos en los que nada tuvo que ver la persona cuestionada. En fin, el hecho de que la ¨²nica sanci¨®n de la responsabilidad pol¨ªtica sea el cese es, tambi¨¦n, un presupuesto para su eficac¨ªa: enviar a alguien a la c¨¢rcel necesita poderosas razones, mientras que cesarlo es mucho menos dram¨¢tico.Ciertamente, no faltan quienes, para eludir la responsabilidad pol¨ªtica, desv¨ªan el contencioso hacia los juzgados. Pero no todo es tan sencillo. Porque cuando s¨®lo se achaca a alguien un error pol¨ªtico, pueden bastar las meras apariencias para que se exija o asuma la responsabilidad pol¨ªtica. Ahora bien, cuando se acusa de actividades il¨ªcitas o hasta delictivas es dif¨ªcilmente evitable que la controversia y la responsabilidad pol¨ªticas se desplacen hacia el terreno jur¨ªdico, y que se supedite la decisi¨®n pol¨ªtica a la jur¨ªdica, ya que s¨®lo los tribunales pueden establecer la verdad oficial y determinar lo que es il¨ªcito o delictivo y qui¨¦n lo llev¨® a cabo. El reproche pol¨ªtico da paso, entonces, a la acusaci¨®n jur¨ªdica, y el pol¨ªtico cuestionado se convierte en acusado jur¨ªdicamente, incluso penalmente. Es comprensible, pues, que en tales casos tanto el imputado como quien le otorg¨® la confianza se confinen en la trinchera judicial, el primero no ya para salvar su cargo pol¨ªtico, sino para no reconocerse como un delincuente y salvar no s¨®lo su responsabilidad jur¨ªdica, sino tambi¨¦n algo tan preciado como la reputaci¨®n,. y el segundo para no aplicar lo que al fin y al cabo es una sanci¨®n por s¨®lo una denuncia sin pruebas.
Factores de poder
Puesto que es pol¨ªtica, esta responsabilidad es un fen¨®meno pol¨ªtico, vale decir, de poder. S¨®lo en t¨¦rminos de poder puede ser evaluada. Su aplicaci¨®n depende de factores de poder como la relaci¨®n de fuerzas, las consecuencias pol¨ªticas que previsiblemente se derivar¨¢n de su aplica ci¨®n o inaplicaci¨®n y la personalidad de los implicados. Eso explica, por ejemplo, que alg¨²n presidente de comunidad aut¨®noma haya dimitido por ser procesado por un delito ajeno y anterior a su funci¨®n, resultando luego absuelto, y que otro permanezca en su cargo aun habiendo sido condenado por delitos cometidos en el ejercicio del mismo. La responsabilidad pol¨ªtica, y la confianza de la que nace, es un mecanismo propio de un sistema democr¨¢tico, esto es, de un sistema basado en la elecci¨®n de los gobernantes por los gobernados, y en la responsabilidad de aqu¨¦llos ante ¨¦stos; un sistema basado en la civilizaci¨®n de la pol¨ªtica. Su sustituci¨®n por la responsabilidad jur¨ªdica supone la "militarizaci¨®n" de la pol¨ªtica, o sea, la b¨²squeda de la destrucci¨®n del adversario, y no s¨®lo su sustituci¨®n. La elecci¨®n entre una pol¨ªtica civilizada, basada en la responsabilidad pol¨ªtica, o una militarizada, basada en la jur¨ªdica, depende, sobre todo, de que el comportamiento de los cargos p¨²blicos no d¨¦ lugar a responsabilidades ju r¨ªdicas, pero tambi¨¦n de la voluntad de los actores pol¨ªticos, pues a ellos corres ponde el liderazgo social.
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