El esti¨¦rcol de 8 millones de cerdos provoca la ca¨ªda del Gobierno de Flandes

El esc¨¢ndalo del caso Agusta, que se centra en el Partido Socialista flamenco (SP), miembro de la coalici¨®n cuatripartita en el poder, encabezada por Jean-Luc Dehaene, sigue aparentemente sin afectar la gobernabilidad del pa¨ªs. A pesar de esta estabilidad del Gobierno central el Ejecutivo de la regi¨®n flamenca -formado por el SP, los democristianos (CVP) y los nacionalistas Volksunie (VU)- cay¨® ayer. Y no precisamente por corrupci¨®n sino por el problema ambiental que plantea el esti¨¦rcol que producen los cerdos de la regi¨®n.Flandes, con una poblaci¨®n de m¨¢s de 5,8 millones de habitantes, es la principal regi¨®n belga en la cr¨ªa de cerdos. El esti¨¦rcol que producen los ocho millones de cochinos de esta comunidad aut¨®noma plantea a juicio de las autoridades regionales un problema medioambiental importante. Para resolverlo, el ejecutivo aut¨®nomo elabor¨® una norma que regula y limita el uso como abono del esti¨¦rcol.

El proyecto fue elaborado en 1991 por el ministro socialista Norbert De Batselier y se ha topado desde entonces con la oposici¨®n de los democristianos flamencos, que tienen en los agricultores una base importante de su electorado: entre el 30% y 40%. Sin embargo, la actividad agr¨ªcola s¨®lo concierne al 2% de la poblaci¨®n activa.

Los tres partidos que forman el ejecutivo constataron su divisi¨®n sobre el tema y provocaron, en la noche del mi¨¦rcoles, la ca¨ªda del Gobierno.

En 1993, De Batselier ya amenaz¨® con dimitir si los democristianos no apoyaban su proyecto. Este ministro regional del Medio Ambiente pretende controlar los da?os causados por el esti¨¦rcol en las capas fre¨¢ticas. Se trata, seg¨²n los socialistas, de preservar "una agua potable pura".

Quiebra de miles de granjas

El todopoderoso sindicato agr¨ªcola Boerendond anunci¨® que, de aprobarse la citada norma, la quiebra de las miles de peque?as granjas dedicadas a la cr¨ªa de los cerdos. Como consecuencia de la presi¨®n del mundo rural flamenco los democristianos han retrasado hasta ahora la aprobaci¨®n proponiendo innumerables enmiendas.

El pasado diciembre los tres partidos llegaron a un acuerdo, que s¨®lo requer¨ªa el visto bueno del Consejo de Estado. El dictamen del Consejo ped¨ªa algunas. modificaciones de la legislaci¨®n calificadas de m¨ªnimas por el SP. Pero no as¨ª por el CVP, que considera que hay que replantear la totalidad del proyecto.

Para el CVP, la proximidad de las elecciones y la falta de serenidad de los partidos impiden modificar el texto antes del 21 de mayo. Ante este rechazo el SP y la VU optaron por "suspender los trabajos del Gobierno [regional]".