Privatizaciones

EL GOBIERNO parece dispuesto a afrontar el gran problema de la empresa p¨²blica. Lo hace tarde y en circunstancias pol¨ªticas nada favorables. Pero, seguramente, no est¨¢ en sus manos eludir por m¨¢s tiempo ese desaf¨ªo. De un lado, la situaci¨®n financiera del conjunto de las administraciones p¨²blicas no hace sino alejarse de los objetivos de convergencia con Europa. Adem¨¢s, tal situaci¨®n es un obst¨¢culo a los intentos de reducci¨®n de esa prima de riesgo con que los mercados financieros castigan desde hace alg¨²n tiempo a la econom¨ªa espa?ola. De otro, las recientes recomendaciones del Comit¨¦ Monetario de la Uni¨®n Europea (UE) sobre la necesidad de recortar el volumen del sector p¨²blico espa?ol han obligado a desempolvar un buen n¨²mero de proyectos de privatizaci¨®n de empresas p¨²blicas que estaban aparcados por falta de impulso pol¨ªtico.A pesar de los objetivos enunciados en lo que se presenta como un Plan Estrat¨¦gico de Actuaci¨®n en el Sector P¨²blico, es dif¨ªcil no percibir en esta repentina atenci¨®n a la empresa p¨²blica el objetivo fundamental de allegar fondos con los que sanear las arcas del Estado. Si fuera as¨ª, se dejar¨ªan de tener en cuenta consideraciones b¨¢sicas de una pol¨ªtica privatizadora digna de tal nombre: una mayor eficiencia de la econom¨ªa y del conjunto de su sistema empresarial y una definici¨®n clara del papel del Estado como agente econ¨®mico.

La configuraci¨®n del sector p¨²blico empresarial en

Espa?a no ha sido siempre el resultado de decisiones basadas en la racionalidad econ¨®mica. Los intentos de racionalizar sus funciones y la adecuaci¨®n de su tama?o" han sido tributarios de ese origen y de una pacata ideologizaci¨®n del papel de lo p¨²blico en una econom¨ªa moderna. La seguridad de la aportaci¨®n presupuestaria ha amparado comportamientos manifiestamente ineficientes y alejados de la creciente competencia que: ha debido afrontar la empresa privada. Con todo, la importancia de la empresa p¨²blica en la econom¨ªa espa?ola no ha dejado de decrecer, manteni¨¦ndose siempre significativamente por debajo del promedio europeo.El convencimiento, hoy ampliamente extendido en nuestro pa¨ªs, de que el sector p¨²blico empresarial ha de reducir a¨²n m¨¢s su tama?o no puede disociarse de dos consideraciones b¨¢sicas. De un lado, hay que vender bien. Y de otro, esa reducci¨®n. debe afectar tambi¨¦n a las empresas con p¨¦rdidas. Las actuales circunstancias no favorecen ciertamente esos objetivos. La persistente depresi¨®n del mercado burs¨¢til representa un. serio obst¨¢culo para las operaciones de venta con mayor potencial de generaci¨®n de ingresos. Al mismo tiempo, el poco menos que imposible concebir la transferencia de otras empresas menos atractivas para el sector privado sin la garant¨ªa de alg¨²n tipo de apoyo p¨²blico. Y no debe olvidarse que tan importante o m¨¢s que reducir la propiedad p¨²blica en las empresas hoy rentables es aligerar la carga de las que nunca lo han sido ni podr¨¢n llegar a serlo.

Aunque tarde, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una de las decisiones econ¨®micas, de mayor alcance desde que Felipe Gonz¨¢lez lo preside. La necesidad de allegar recursos con los que paliar el deterioro de las finanzas p¨²blicas ha de ser satisfecha, en todo caso, sin menoscabo de los objetivos de esa nueva pol¨ªtica industrial que el ministro Eguiagaray se esfuerza por definir. Tambi¨¦n debe compatibilizarse con la simult¨¢nea racionalizaci¨®n de aquellos programas de gasto p¨²blico que siguen impidiendo la reducci¨®n del d¨¦ficit. Gobierno y oposici¨®n pol¨ªtica disponen de una ocasi¨®n privilegiada para exponer con claridad ante los ciudadanos cu¨¢les son sus puntos de vista sobre el asunto. Y es de esperar que sepan hacer algo m¨¢s que vender, aunque sea a un buen precio, lo que ha sido obtenido con el esfuerzo de todos o acumular lamentos sobre el excesivo tama?o que ha podido alcanzar el sector p¨²blico empresarial en Espa?a.