El fiscal de los subasteros pide que la sentencia les impida ir a los juzgados

JOS? A. HERN?NDEZ. El informe definitivo que el fiscal expondr¨¢ hoy ante el tribunal de la Audiencia de Madrid que juzga desde el pasado 1 de febrero a los subasteros (el grupo de personas que, presuntamente, se dedica a ama?ar las pujas judiciales para quedarse a precios muy m¨®dicos los pisos que los jueces embargan por el impago de la hipoteca) contiene una petici¨®n muy especial: que el tribunal proh¨ªba a los procesados y a sus testaferros la posibilidad de participar en el futuro en las subastas que convoquen los juzgados de Madrid.

Esta medida, en caso de que el tribunal la estime en la sentencia que debe dictar sobre esta trama, supondr¨ªa un duro golpe para las actividades de, los subasteros. Algunos de ellos, a trav¨¦s de intermediarios, han seguido participando en pujas mientras estaban en el, banquillo de los acusados, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.

Y ser¨¢ un duro golpe porque, seg¨²n estos medios, casi todas las pujas d¨¦ Madrid han estado controladas -y siguen est¨¢ndolo, directa o indirectamente- por buena parte de las 43 personas que est¨¢n ahora sentadas en el banquillo de los acusados.

El juicio contra estos 43 supuestos subasteros -entre ellos, 17 funcionarios judiciales- se reanudar¨¢ hoy en la Secci¨®n 6? de la Audiencia de Madrid.

El fiscal, en su nuevo informe, ha introducido ligeras modificaciones -aunque algunas sustanciales- en su escrito respecto al que redact¨® con anterioridad al inicio de la vista oral. Las penas de c¨¢rcel, salvo en algunos casos aislados, son pr¨¢cticamente las mismas que ped¨ªa en su informe provisional: oscilan entre los tres meses de arresto para cuatro de ellos y los nueve a?os de presidio para dos de los implicados.

La acusaci¨®n p¨²blica reclama penas de multa cuya cuant¨ªa total ronda los 1.350 millones. Pero el fiscal -y ¨¦sta es una de las novedades que introduce en el informe definitivo que ha redactado despu¨¦s de interrogar a los procesados- no se limita a pedir penas de c¨¢rcel. Solicita el pago de cuantiosas multas -en total, unos 1.350 millones de pesetas- para buena parte de los 43 encausados.

La m¨¢s alta de ellas -218 millones de pesetas- la pide para el principal inculpado en esta trama, Ernesto Garc¨ªa L¨®pez. Y si no la paga, la acusaci¨®n p¨²blica reclama a la sala que le imponga un arresto sustitutorio de seis meses. Aparte de esta multa, el fiscal exige tambi¨¦n para Garc¨ªa L¨®pez un total de nueve a?os de c¨¢rcel por delitos de maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas y estafa.

Tambi¨¦n reclama el fiscal nueve a?os de cautiverio, por delitos similares a los que imputa a la persona antes citada, para Jaime Llanos Alvarado. Para este ¨²ltimo, la solicitud de multa se eleva a 113 millones de pesetas. Otro de los principales encausados en este proceso es, seg¨²n se desprende del escrito definitivo del fiscal Eugenio Fern¨¢ndez Loma: para quien demanda una pena de tres a?os de c¨¢rcel por estafa y una multa de 152 millones de pesetas. Su impago lleva aparejado, como en el resto de los casos, seis meses de arresto sustitutorio.

Penas de inhabilitaci¨®n

Aparte de los subasteros, en el banquillo de los acusados se sientan, por presuntas connivencias con ¨¦stos, 16 funcionarios de la Administraci¨®n de justicia. S¨®lo para dos de estos funcionarios solicita el fiscal penas de c¨¢rcel. A Manuel Rodr¨ªguez Torres le pide tres a?os de prisi¨®n por un delito de cohecho, y tres meses de arresto para Jes¨²s Gallego. Asimismo, exige que ambos sean inhabilitados durante ocho a?os para ejercer un trabajo en la Administraci¨®n. Para el resto de los funcionarios el fiscal reclama ligeras multas econ¨®micas y penas de inhabilitaci¨®n, que van desde los tres a los ocho a?os.

El fiscal entiende que una parte de los funcionarios que se sientan en el banquillo de los acusados recibi¨® dinero de los subasteros por acelerarles sus asuntos y permitir que ¨¦stos dispusieran cuanto antes de los pisos subastados. Es decir, agilizaban el papeleo judicial para que la polic¨ªa echase cuanto antes de casa al moroso.

El fiscal describe en su informe una aut¨¦ntica retah¨ªla de chanchullos supuestamente cometidos por los subasteros, compinchados en muchos casos con funcionarios judiciales. La subastilla es uno de los trapicheos utilizados para repartirse las casas embargadas. Consiste esta ilegal artima?ana en que los pujadores se re¨²nen a escondidas del juez (antes o despu¨¦s de la hora fijada para la subasta) y se reparten los pisos o bienes que salen a subasta un d¨ªa determinado. Una vez que se han puesto de acuerdo, acuden al juzgado y s¨®lo pujan por el piso que previamente (fuera del juzgado) se han autoasignado.

De esta forma consiguen quedarse los pisos a un precio muy por debajo del mercado, ya que nadie les hace competencia. Y si, como ha sucedido alguna vez, alguien ajeno a la trama acude al juzgado de buena fe para pujar por un bien inmueble, es enga?ado o amedrentado (seg¨²n varios casos que ha logrado probar el fiscal durante el juicio) para que no participe en la subasta o bien para que se atenga a las il¨ªcitas normas establecidas por ellos. Uno de los muchos chanchullos que el fiscal -tras los interrogatorios de testigos y procesados- sostiene como probado en su nuevo escrito es el siguiente: en 1993 se subast¨® un piso situado en la plaza de Ant¨®n Mart¨ªn, entonces ocupado por Antonio E. M. El inmueble se lo adjudic¨® Antonio Mu?oz Cabezas (uno de los procesados), quien contact¨® con el inquilino y le ofreci¨® no echarle del piso a cambio de un beneficio (se supone que dinero).

Antonio Mu?oz Cabezas, acompa?ado del tambi¨¦n procesado Vicente Haro (entonces funcionario del Juzgado n¨²mero 22 de Familia de Madrid y esposo de la tambi¨¦n procesada ?ngeles Heras, socia de Mu?oz Cabezas), pidieron dinero al inquilino para permitirle seguir en la vivienda. Como no llegaron a ning¨²n acuerdo (el inquilino consider¨® excesivo el dinero que le ped¨ªan por su casa), Mu?oz Cabezas le advirti¨® que la polic¨ªa le echar¨ªa de all¨ª inmediatamente. Y efectivamente, lo consigui¨®: un funcionario judicial agiliz¨® el papeleo para el deshaucio.