El arma de la ley

NO SER? posible acabar con el terrorismo de ETA sin la existencia de un cortafuegos que impida su reproducci¨®n a partir de nuevas levas de adolescentes radicalizados. Para ello es necesario que la actuaci¨®n antiterrorista del Estado se desarrolle en el marco de la legalidad. Pero es imprescindible adem¨¢s acabar con la sensaci¨®n de impunidad que rodea al mundo del radicalismo abertzale. Ser¨¢ dif¨ªcil que los j¨®venes tentados por ese radicalismo renuncien a expresarse mediante la violencia mientras vean que personas conocidas, dirigentes de un partido legal como es HB, pueden permitirse amenazar a jueces, periodistas y p¨²blico en general, o realizar llamamientos expl¨ªcitos a la violencia, ampar¨¢ndose en las siglas de una ilegal coordinadora KAS sin que ocurra riada. Es m¨¢s: sin que deje de consider¨¢rseles unos personajes.El pasado jueves, esa coordinadora hizo un llamamiento p¨²blico a "hacer frente, con todas las armas posibles, al Estado terrorista espa?ol". En el llamamiento se consideraba que la lucha armada era "una obligaci¨®n ¨¦tica y pol¨ªtica ineludible", se acusaba de complicidad a los partidos democr¨¢ticos y se establec¨ªa un paralelismo entre la Ertzaintza y la polic¨ªa pol¨ªtica de Pinochet. En los tres d¨ªas siguientes se registraron en diversas localidades del Pa¨ªs Vasco decenas de ataques violentos: contra 17 oficinas bancarias, cuatro sedes del PNY y una del PSOE, varios coches particulares, numerosos comercios y cabinas telef¨®nicas. Cinco de los 17 agentes auton¨®micos que resultaron heridos tuvieron que ser hospitalizados, uno de ellos, as¨ª como una joven viandante, se encuentra en estado muy grave.

Es lamentable que a¨²n sea necesario decirlo: intentar calcinar a siete personas no es ejercer el derecho a la libertad de expresi¨®n; incitar a quemarlas, tampoco. Por ello tiene raz¨®n el Departamento de Interior del Gobierno vasco al considerar que la mejor respuesta a las agresiones sufridas por la Ertzaintza es "evitar la impunidad de los agresores": ya han sido detenidos tres sospechosos en Renter¨ªa.

Por otra parte, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, que acababa de presentar una denuncia contra 13 miembros de la coordinadora KAS bajo la acusaci¨®n, entre otras, de incitar al asesinato de periodistas, podr¨¢ ahora completar su requisitoria con la de incitaci¨®n a la violencia. El delegado del Gobierno ya ha presentado una denuncia en tal sentido, mientras que el Gobierno vasco lo ha hecho contra la organizaci¨®n juvenil Jarrai, cuyos, portavoces felicitaron el lunes a la "juventud vasca" por su participaci¨®n en los incidentes del fin de semana, con especial menci¨®n a los pir¨®manos de Renter¨ªa.

Que se aplique la ley. Porque es justo, pero tambi¨¦n porque es una exigencia de la pol¨ªtica democr¨¢tica contra la violencia. Quienes acostumbran a manifestarse al grito de "ETA, m¨¢talos" act¨²an como si su proximidad a los terroristas les concediera una bula especial para hacer ciertas cosas que no se toleran a otros ciudadanos. Se podr¨¢n discutir las razones de que tal cosa ocurra y debatir las responsabilidades de cada cual -autoridades, jueces, partidos, medios de comunicaci¨®n- en que se haya llegado a ese punto; pero es un hecho que la minor¨ªa violenta ha interiorizado como un derecho su inclinaci¨®n a quemar autobuses, destrozar oficinas bancarias o calcinar polic¨ªas. Esa convicci¨®n incluye, al parecer, la obligaci¨®n de los dem¨¢s ciudadanos de soportar sus abusos (y los ertzainas, concretamente, la de dejarse quemar vivos por el bien de la patria).

Tal conciencia de impunidad es decisiva en la reproducci¨®n generacional, desde la adolescencia, del mundo de la violencia; pero es tambi¨¦n un poderoso factor de desmoralizaci¨®n (y desmovilizaci¨®n) de los ciudadanos respetuosos de las leyes y opuestos al terrorismo. Por eso, tan importante como combatir a los terroristas, y hacerlo sin desbordar el marco de la legalidad, es acabar con la impunidad de quienes se consideran autorizados a no respetar ley alguna. No se trata, por tanto, de ilegalizar a HB, como a veces se ha planteado, ni de dispensar a sus dirigentes un tratamiento especial. Todo lo contrario. Lo que procede es aplicarles la norma general: la ley. Medida m¨¢s que pertinente que apenas se hab¨ªa intentado hasta el presente.