Asunto cultural envenenado por la pol¨ªtica

A estas alturas, en la disputa por los fondos de la secci¨®n de la guerra civil del Archivo de Salamanca se ha llegado ya adonde cab¨ªa esperar. Una cuesti¨®n que hubiera debido ser exclusivamente cultural se ha convertido en pol¨ªtica, y, adem¨¢s, con ella se ha creado una espiral de reivindicaciones sentimentales que s¨®lo puede desembocar en aplazamiento temporal a la espera de mejores tiempos o en una lluvia de reproches que nos va a alejar cada vez m¨¢s del centro de la cuesti¨®n y acabar¨¢ por envenenarla de manera definitiva.Ni,siquiera lo primero parece el mal menor, porque enquistar un problema como ¨¦ste supone arriesgarse a que estalle de nuevo en el momento m¨¢s inoportuno. Tampoco tiene sentido achacar imprevisi¨®n de los efectos de su medida al Ministerio de Cultura, sino que resulta necesario ofrecerle una posible salida. Hay que advertir desde un principio d¨®nde de ninguna manera podr¨¢ encontrarse nada parecido a ella. Hay, ahora, quien apela al Parlamento como instituci¨®n destinada a solventar el problema, pero s¨®lo en caso de consenso absoluto se llegar¨ªa a una soluci¨®n verdadera, y eso es imposible.

La propia situaci¨®n planteada e incluso la legislaci¨®n vigente proporcionan una pista para encontrarla. La Generalitat no ha hecho p¨²blicos los legajos que reclama, pero es muy probable que se trate de aquellos que fueron incautados en su d¨ªa en Barcelona. Ahora bien, incluso en el caso de que se aceptara el punto de vista de la Generalitat en su integridad, ser¨ªa imprescindible formar una comisi¨®n de expertos destinada a separar aquella documentaci¨®n que tiene su origen en aquella instituci¨®n de otras incautadas en la capital catalana. En Barcelona se obtuvo, por ejemplo, una parte de la documentaci¨®n del Gobierno vasco, la cual ahora mismo puede, por tanto, ser reclamada por tres posibles propietarios con la pretensi¨®n de convertirse en depositarios. Por otro lado, de acuerdo con la legislaci¨®n vigente existe un patronato del archivo nombrado por el ministerio, aunque en la pr¨¢ctica inoperante, cuya consulta parece evidente y obligada.

Todos estos datos favorecen la creaci¨®n de una amplia comisi¨®n formada por historiadores y archiveros, que fuera capaz de proponer una soluci¨®n para este conflicto y lo desactive de su vertiente pol¨ªtica, que no tendr¨ªa, de lo contrario, otro resultado que exasperar hasta el extremo unas tensiones ya de por s¨ª bastante a flor de piel. Una comisi¨®n de este tipo tendr¨ªa la ventaja de servir de punto de referencia inicial para una soluci¨®n y provocar¨ªa una mayor reflexi¨®n acerca de una cuesti¨®n importante, al mismo tiempo que nos sacar¨ªa del callej¨®n sin, salida, en que estamos, del que s¨®lo parece poderse salir con vencedores y vencidos.

Adem¨¢s, por este procedimiento se plantear¨ªa el problema en unos t¨¦rminos m¨¢s amplios y globales. En realidad, lo decisivo para los espa?oles en la ¨²ltima d¨¦cada del siglo XX no es d¨®nde est¨¢n los documentos, sino la existencia de la paradoja que consiste en que, por un lado, la historia reciente ha jugado un papel determinante en la configuraci¨®n de nuestro presente, y, por otro, no existe un plan coordinado destinado a recuperar la documentaci¨®n gracias a la que podr¨ªamos conocerla mejor.

Importa se?alar que ¨¦sta es la ¨²ltima oportunidad para llegar a una soluci¨®n que pueda satisfacer a los m¨¢s y herir a los menos. Si seguimos en la disputa actual, todos, sin duda, vamos a perder.