Conde se cree perjudicado por el 'informe Crillon' y dice que Garc¨ªa Vargas le inform¨®
Los abogados de Mario Conde han recurrido la resoluci¨®n del juez del caso Crillon, Eduardo Moner, en la que ¨¦ste preguntaba los delitos por los que se consideraba perjudicado el ex presidente de Banesto antes de decidir si podr¨ªa personarse en el proceso. Sin esperar a que se admita su personaci¨®n, los abogados han presentado un recurso de reforma en el que consideran que "no es el momento- oportuno para responder al requerimiento del Supremo". A¨²n as¨ª, se?alan como posibles delitos contra Conde los de malversaci¨®n, coacciones, prevaricaci¨®n y privaci¨®n de derechos de la persona.
[En el recurso, presentado ayer en un juzgado de Guardia de Madrid, los abogados relatan que el ministro de Defensa, Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, dijo a Mario Conde en oto?o de 190 que Luis Rold¨¢n le hab¨ªa comunicado la existencia del informe, supuestamente encargado por Narc¨ªs Serra, seg¨²n informa en su edici¨®n de hoy el diario Abc. En aquella ¨¦poca, la esposa de Garc¨ªa Vargas, Araceli Pereda, era colaboradora de Mario Conde como responsable de la Fundaci¨®n Banesto.]
Los abogados de Conde protestan en su recurso ante el Tribunal Supremo por que el ex banquero no ha sido admitido como parte en el caso Crillon.
Los abogados de Conde aprecian un posible delito de malversaci¨®n y otro de coacciones, "que se cometen en cuanto se ordena y ejecuta un informe con datos personales y profesionales de una persona, con el prop¨®sito de conseguir someterla en el futuro a determinadas imposiciones".
Del mismo modo, a?aden que no cabe duda que el informe fue "preparado, elaborado y entregado para impedir eventualmente a la v¨ªctima del mismo el ejercicio de derechos pol¨ªticos en su pa¨ªs o frustar sus planes para el desenvolvimiento del grupo financiero e industrial que presid¨ªa".
Tambi¨¦n aprecian un delito de prevaricaci¨®n por creer "injusta, grosera y torcida la decisi¨®n de utilizar fondos p¨²blicos para pagar investigadores privados a fin de conocer las actividades profesionales y privadas de un ciudadano".
El recurso relata que en diciembre de 1993 el vicepresidente de JP Morgan, Roberto Mendoza, inform¨® a Mario Conde de que representantes de la agencia Kroll, que elabor¨® el informe Crillon, obtuvieron una entrevista con los m¨¢s altos niveles del banco norteamericano con el prop¨®sito de informarles de determinados hechos que conoc¨ªan sobre el entonces presidente de Banesto.
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