Un rico empresario de Le¨®n se declar¨® insolvente para no tener que pagar pensi¨®n

El empresario minero Victorino Alonso, gestor de varias empresas con un volumen de negocio de 35.000 millones, se declar¨® insolvente para no pagar la pensi¨®n alimenticia a su ex mujer y sus dos hijas durante cuatro a?os. La pensi¨®n era de 60.000 pesetas al mes. La Audiencia de Le¨®n ha ratificado una sentencia anterior por la cual condena a Alonso a un mes de c¨¢rcel y multa de 100.000 pesetas.

Victorino Alonso, de 43 a?os, es el gestor ¨²nico de Minero Sider¨²rgica de Ponferrada (MSP), la mayor mina de carb¨®n privada del pa¨ªs, y de otra veintena de explotaciones. La sentencia que ahora le condena ha sido posible tras 10 a?os de reclamaciones de su ex mujer Mar Blanco desde su separaci¨®n. La batalla era dif¨ªcil; Blanco asegura que Hacienda le comunic¨® que su ex marido ni siquiera hab¨ªa realizado las preceptivas declaraciones de los a?os 1991, 1992 y 1993. De todos modos, fuentes judiciales consideran improbable que Alonso ingrese en prisi¨®n, dado que la condena impuesta es m¨ªnima.Pero ¨¦sta no es la ¨²nica v¨ªa judicial que Mar Blanco ten¨ªa abierta. La ex esposa de Alonso present¨® otras demandas derivadas de su estado civil y una querella por alzamiento de bienes contra el empresario y su actual esposa, Elena Mor¨¢n. Alonso estuvo ayer "ilocalizable" para este peri¨®dico durante todo el d¨ªa para dar su versi¨®n.

De ocho denuncias presentadas por Blanco en comisar¨ªa por maltratos s¨®lo prosper¨® una tras un altercado en el pub Escena de la capital leonesa. Tras el juicio, Alonso tuvo que pagar a Mar Blanco 30.000 pesetas.

Blanco relata que en la primera demanda, interpuesta como consecuencia de su separaci¨®n, en 1984, la abogada Margarita Mart¨ªnez Trapiello pidi¨® hasta siete veces la ejecuci¨®n de la sentencia, que ya estipulaba entonces el pago de 60.000 pesetas mensuales y el domicilio conyugal (a nombre de su suegro). Pero todas las reclamaciones fueron infructuosas, ya que su ex marido oficialmente no cobraba sueldo alguno, seg¨²n el testimonio de la mujer.

S¨®lo su toma de contacto con el colectivo feminista Themis de abogadas de Madrid reactiv¨® el proceso que hoy contin¨²a.

Pero Victorino Alonso es un hombre importante en Le¨®n -tras aterrizar en MSP, nombr¨® director de la explotaci¨®n a Juan Antonio Mart¨ªn, que estuvo 13 a?os en el Ministerio de Industria como director general de Minas- y sus encuentros con la Justicia no provienen s¨®lo de las demandas de su ex mujer. Alonso se querell¨®, por ejemplo, contra el titular del juzgado n¨²mero 6, Ireneo Garc¨ªa Brugos ante el Tribunal Superior de Justicia por coacciones, prevaricaci¨®n, maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas, proposici¨®n de cohecho y revelaci¨®n de secretos. Alonso dice que el magistrado le chantaje¨® con petici¨®n de tratos de favor para el cupo de varias minas, propiedad de la familia del juez. El tribunal a¨²n no se ha pronunciado. Se da la circunstancia de que el juez Garc¨ªa Brugos investigaba supuestas anomal¨ªas en la adjudicaci¨®n por Caja Espa?a de MSP.

La operaci¨®n de compra de MSP viene precedida de una querella contra Alonso, de Uni¨®n Fenosa, por un presunto fraude en la calidad del carb¨®n suministrado a la central t¨¦rmica de La Robla (Le¨®n), por la que la compa?¨ªa el¨¦ctrica le reclama casi 2.000 millones de pesetas.

A esto se suma una denuncia en el juzgado de guardia de Le¨®n de la Asociaci¨®n Espa?ola para la Defensa de la Naturaleza (Aedenat) contra Alonso por importaci¨®n de carb¨®n y posterior distribuci¨®n a centrales t¨¦rmicas como mineral nacional, lo que podr¨ªa suponer un fraude a Hacienda y una estafa a empresas el¨¦ctricas y consumidores.