Espa?a y M¨¦xico cambian su tratado de extradici¨®n ara intentar acabar con el "santuario etarra"
El Gobierno espa?ol ha concluido y rubricado con M¨¦xico una modificaci¨®n del tratado extradici¨®n bilateral -firmado en 1978 y vigente desde 1980-, que le permitir¨¢ solicitar la entrega de presuntos miembros de la banda terrorista ETA afincados all¨ª, seg¨²n indican fuentes diplom¨¢ticas. Unos 200 etarras residen en M¨¦xico, pero s¨®lo la mitad de ellos est¨¢n dispuestos a reincorporarse a la lucha. La ampliaci¨®n del acuerdo se negoci¨® en secreto a petici¨®n de M¨¦xico.
I. C. El director general de Asuntos Consulares del Ministerio espa?ol de Asuntos Exteriores y el subprocurador jur¨ªdico de la Rep¨²blica mexicana [n¨²mero dos el departamento de Justicia] rubricaron en M¨¦xico el pasado 12 de mayo la modificaci¨®n del tratado de extradici¨®n.El tratado firmado hace 17 ?os s¨®lo defin¨ªa como delitos pol¨ªticos susceptibles de extradici¨®n el homicidio y los atentados contra la vida, la integridad f¨ªsica y la libertad del jefe del Estado o del Gobierno y de sus familiares directos.
La nueva versi¨®n incluye en la categor¨ªa de delitos que pueden dar lugar a una extradici¨®n todos aquellos recogidos en el Convenio Europeo para la Represi¨®n del Terrorismo que son os que figuran en los tratados bilaterales que Espa?a ha suscrito con los estados de la UE.
Delitos fiscales
El texto precisa adem¨¢s: "En ning¨²n caso se considerar¨¢n delitos pol¨ªticos los actos de terrorismo". Otra modificaci¨®n introducida ahora prev¨¦ la concesi¨®n de a extradici¨®n por delitos fiscales, una categor¨ªa de delitos que el tratado primitivo no inclu¨ªa.
El Consejo de Ministros espa?ol dar¨¢ en breve la autorizaci¨®n para firmar el tratado al titular de Exteriores, Javier Solana, con motivo de la visita a Madrid, en junio, del procurador general de la Rep¨²blica de M¨¦xico, Fernando Antonio Lozano.
El texto se remitir¨¢ despu¨¦s a las Cortes para su aprobaci¨®n y, finalmente, ambos gobiernos intercambiar¨¢n los instrumentos de ratificaci¨®n. Transcurrir¨¢n todav¨ªa nueve meses hasta que entre el vigor el nuevo tratado.
Entonces tendr¨¢n posibilidades de prosperar las solicitudes de detenci¨®n con finalidad de extradici¨®n que las autoridades espa?olas han cursado hasta ahora, la ¨²ltima de ellas de Bego?a S¨¢nchez del Arco, cuya tramitaci¨®n inici¨® precisamente ayer el Ministerio de Exteriores espa?ol.
Con anterioridad, Espa?a pidi¨® la detenci¨®n de otros cuatro presuntos etarras, Garc¨ªa Pingarr¨®n, Arrese, Galarza y Garc¨ªa, pero todav¨ªa no ha remitido toda la documentaci¨®n que debe acompa?ar la demanda. Otros 60 tienen ¨®rdenes de b¨²squeda y captura emitidas por la Audiencia Nacional, por lo que se podr¨ªa tambi¨¦n pedir su entrega.,
M¨¦xico deneg¨® el a?o pasado la ¨²nica solicitud de extradici¨®n que el Ministerio de Justicia espa?ol lleg¨® a formalizar. Se trataba de la de Esteban Murillo Zubiri, al que se considera responsable de un atentado perpetrado en San Sebasti¨¢n, en 1978, y que caus¨® la muerte de cuatro personas.
Jes¨²s Mart¨ªnez Torres, asesor de la secretaria de Estado de Seguridad, Margarita Robles, elabor¨® un informe, tras una reciente visita a M¨¦xico, en el que estima que casi 200 etarras residen en aquel pa¨ªs, aunque se?ala que tan s¨®lo un centenar de ellos estar¨ªan dispuestos a reincorporarse a la actividad terrorista.
Los principales etarras instalados en M¨¦xico son Miguel Angel Achega Alcorta, ex alcalde de Herri Batasuna que ayud¨® al comando Barcelona; Jes¨²s Mar¨ªa L¨®pez Gonz¨¢lez, Txuma, que perteneci¨® al comando Ipar Haizea; Jos¨¦ Mar¨ªa Selgui Elorza, Txipi, supuesto inspirador de la muerte del senador Enrique Casas, y Jos¨¦ Mar¨ªa Garitaonaind¨ªa, cabecilla de un comando legal.
La primera visita de Solana a M¨¦xico, en febrero pasado, tres meses despu¨¦s de la toma de posesi¨®n del presidente Ernesto Zedillo, y la que hizo a Madrid. en marzo el canciller mexicano, Jos¨¦ Angel Gurria, han impulsa do pol¨ªticamente la negociaci¨®n del tratado entre ambos ministerios de Justicia. En c¨ªrculos diplom¨¢ticos espa?oles se considera, no obstante, que Lozano, que ocupa un cargo semejante al de ministro de Justicia, se ha mostrado muy receptivo, probablemente porque pertenece al Partido de Acci¨®n Nacional (PAN) y no al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El PRI, que monopoliza el poder Ejecutivo en M¨¦xico desde principios de siglo, se ha mostrado preocupado a lo largo de la negociaci¨®n por presevar la imagen de su pa¨ªs como tierra de asilo, al tiempo que parec¨ªa temer la reacci¨®n de la influyente colonia vasca all¨ª asentada. Algunos de sus miembros m¨¢s respetables pertenecen al Comit¨¦ de Acogida de Refugiados, que ayuda a los etarras a instalarse en el pa¨ªs.
De ah¨ª que la parte mexicana pidiese discreci¨®n a la espa?ola sobre la negociaci¨®n. La delegaci¨®n espa?ola, integrada por funcionarios de Exteriores e Interior y Justicia, se comprometi¨® a guardar el secreto al menos hasta la pr¨®xima reuni¨®n del llamado Pacto de Madrid, que todav¨ªa no tiene, fecha fijada. En ese foro, el ministro del Interior informa a los partidos parlamentarios de los avances en la lucha antiterrorista.
Las autoridades espa?olas esperan que la nueva versi¨®n del tratado sirva de ejemplo para otros pa¨ªses latinoamericanos, como Venezuela y Uruguay.
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