Financiaci¨®n privada la escuela p¨²blica

En casi todos los pa¨ªses de la OCDE se est¨¢ produciendo Un traspaso de responsabilidades de gesti¨®n a los centros educativos por parte de la Administraci¨®n educativa, a sus protagonistas de primera l¨ªnea de fuego: la comunidad educativa que soporta a cada centro y, en concreto, a sus equipos directivos. Las justificaciones son diversas, como proporcionar m¨¢s eficiencia a la gesti¨®n, caso de Australia, B¨¦lgica, Holanda y al principio en el Reino Unido; dar poder a los centros (Estados Unidos); o crear condiciones de mercado (el Reino Unido desde la Ley de Reforma Educativa de 1988). El proceso descentralizador hacia los centros iniciado en Espa?a, que el Proyecto de Ley sobre Participaci¨®n, Evaluaci¨®n y Gobierno de los Centros viene a reforzar, puede clasificarse dentro de los primeros, los guiados por la idea de mejorar la eficiencia en la gesti¨®n.Esta delegaci¨®n se produce esencialmente porque los centros educativos se est¨¢n haciendo tan complejos que es imposible seguir manteniendo una estructura centralizada por parte de la Administraci¨®n educativa. Complejidad motivada, a su vez, por cambios sustanciales que se est¨¢n registrando en la sociedad: la creciente incorporaci¨®n de la mujer al mercado de trabajo, los cambios en las formas familiares o la incorporaci¨®n de nuevas tecnolog¨ªas al proceso aprendizaje-ense?anza, entre otros.

Hay que a?adir el marcaje creciente impuesto por otras prestaciones sociales (especialmente, sanidad y pensiones) al aumento de los recursos destinados al sistema educativo. Exagerado por un contexto de ca¨ªda en picado de la natalidad, que est¨¢ generando no pocos problemas de sobrecapacidad en m¨¢s de una comunidad aut¨®noma.

Este escenario presenta una nueva relaci¨®n de la escuela con la sociedad, que demanda cada d¨ªa m¨¢s servicios extracurriculares: comedor, actividades complementarias, extensi¨®n del horario para adaptarlo al de los padres, o la necesidad de aprovechar al m¨¢ximo los recursos p¨²blicos. Si no se reconocen estos cambios, poco se puede avanzar.

El citado proyecto de ley, con sus t¨ªmidas propuestas descentralizadoras, azuza viejos demonios privatizadores entre sindicatos y profesores. Llegados a este punto, habr¨ªa que recordar que el compromiso social recogido desde la Declaraci¨®n de los Derechos Humanos, pasando por la Constituci¨®n y llegando hasta el desarrollo espec¨ªfico de las leyes b¨¢sicas educativas, asegura la ense?anza obligatoria y gratuita para todos. Pero para los nuevos servicios a los que deben hacer frente los centros educativos no existe el mismo compromiso. Es m¨¢s, creo que atentar¨ªa no s¨®lo contra la eficiencia, sino contra la equidad, proporcionarlos de manera generalizada y gratuita (esto es, pagada por todos). Por tanto, financiaci¨®n privada para servicios no educativos prestados por los centros, con los apoyos que sean necesarios para que puedan acceder a ellos los m¨¢s desfavorecidos: ayudas al transporte, al comedor, becas...

Ello conlleva, a su vez, la necesidad de asimilar, poco a poco, m¨¦todos de gesti¨®n parecidos a los de cualquier empresa de servicios, pero adaptados a la realidad de los centros educativos sostenidos con dinero p¨²blico. Los equipos directivos deber¨¢n ir acostumbr¨¢ndose a gestionar sus presupuestos de ingresos y gastos, a tomar iniciativas que les permitan aumentar el nivel de autofinanciaci¨®n, a realizar econom¨ªas que puedan ser destinadas a otras actividades, a implicar a su entorno en el apoyo del centro, a hacer m¨¢s transparente su actividad, a planificar y evaluar. No hay que tener miedo, las empresas se adaptan a la competencia creciente; las escuelas tambi¨¦n se adaptar¨¢n a los nuevos criterios de gesti¨®n y a las nuevas demandas.

Alejandro Ipi?a es miembro de la junta directiva de la Asociaci¨®n de Econom¨ªa de la Educaci¨®n.