Un esp¨ªa en cada casa

ES POSIBLE que los servicios secretos de otros pa¨ªses con gran tradici¨®n democr¨¢tica dediquen parted de su presupuesto a escuchar conversaciones privadas de ministros, empresarios particulares o periodistas. Incluso puede admitirse, en el l¨ªmite, que lo justifiquen con la misma torpeza argumental que la exhibida por el Cesid (Centro Superior de Informaci¨®n de la Defensa). Pero no es habitual que entre los espiados figure el jefe del Estado. Y es inveros¨ªmil que un esc¨¢ndalo como ¨¦ste no provoque de inmediato dimisiones o ceses. Hay, pues, al menos esa diferencia. El servicio secreto espa?ol ha reconocido haber grabado Conversaciones de pol¨ªticos, empresarios, periodistas, ministros. Incluso del Rey y su entorno m¨¢s ¨ªntimo. Es un esc¨¢ndalo. Lo es, por supuesto, si el espionaje corresponde a un plan deliberado del Cesid, que vulnera claramente la ley. Pero lo es tambi¨¦n si la decisi¨®n de realizar esas grabaciones, y luego de conservarlas y hacer p¨²blica su existencia, corresponde a la iniciativa individual de alg¨²n mando del Cesid. Y sea por inspiraci¨®n propia o ajena. En ambos casos es evidente una aterradora vulnerabilidad del Estado.

El Cesid reconoce en su nota que durante a?os ha grabado sin autorizaci¨®n judicial infinidad de conversaciones telef¨®nicas de personas, incluso de altas autoridades del Estado, que nada ten¨ªan que ver con las "actividades ilegales" que investigaba. Pero a?ade que esas grabaciones se realizaron "por azar", que "nunca ha existido utilizaci¨®n de las informaciones recogidas" y que no eran ilegales hasta diciembre del pasado a?o. Curiosa conclusi¨®n que contradice al Ministerio de Justicia y al fiscal general del Estado.

Desde 1978 existe una Constituci¨®n que garantiza el derecho a la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones, y, en especial, de las telef¨®nicas, salvo resoluci¨®n judicial. La Constituci¨®n proh¨ªbe, pues, de manera expresa lo que ha hecho, el Cesid. Pero desde 1984 el C¨®digo Penal tipific¨®, adem¨¢s, como delito la interceptaci¨®n de las comunicaciones telef¨®nicas o la utilizaci¨®n de instrumentos o artificios t¨¦cnicos de escucha, transmisi¨®n o reproducci¨®n del sonido con el fin de descubrir los secretos o la intimidad de otros sin su consentimiento. M¨¢s claro, agua.

Por otra parte, est¨¢ por ver que esas grabaciones realizadas "por azar" no hayan sido utilizadas oficialmente. De entrada, alguien las est¨¢ utilizando mediante su filtraci¨®n period¨ªstica. Y no es descartable que pueda hacerse de ellas un uso m¨¢s da?ino si, como se supone, alguien tiene copias de esas grabaciones y decide proporcionar en los d¨ªas venideros extractos de las mismas. ?C¨®mo garantizar que esas grabaciones no han sido utilizadas en el pasado si el organismo que ten¨ªa que velar por su destrucci¨®n ni siquiera ha sido capaz de mantenerlas bajo reserva?

En Espa?a existe desde hace a?os un mercado de dossiers, de secretos, ya sean de Estado o de alcoba, que son profusamente utilizados por aventureros, estafadores y demagogos de renombre. Una de las inc¨®gnitas que abren estas revelaciones es si existe un hilo que comunica ciertas pr¨¢cticas ilegales de los servicios secretos con ese mercado del chantaje.

La responsabilidad del director del Cesid, teniente general Alonso Manglano, est¨¢ fuera de toda duda. La tiene en el supuesto de haber autorizado, grabaciones a personas ajenas al ¨¢mbito de las actividades ilegales que investiga el Cesid. La tiene en el supuesto de que alguien desde dentro de ese organismo hubiera decidido realizarlas por su cuenta. Y la tiene por un hecho incontestable: no haber impedido que, cualquiera que haya sido la iniciativa de esas grabaciones, ¨¦stas no hayan sido destruidas y hayan terminado por salir a la luz, cuestionando la eficacia de un organismo esencial para la seguridad del Estado. Si ha sido incapaz de controlar el tr¨¢fico de cintas con unos instrumentos escasamente sofisticados como los que se utilizaron en esos a?os, ?que puede estar pasando ahora con el esc¨¢ner digital que per mite controlar centenares de conversaciones telef¨®nicas? De aut¨¦ntico escalofr¨ªo. Manglano ten¨ªa que haber dimitido ya.

Aparte de las responsabilidades penales que hay en juego y que dictaminar¨¢ la justicia en un d¨ªa lejano, hay que hacer frente a las evidentes responsabilidades pol¨ªticas del caso, que deben dilucidarse de inmediato. Ya est¨¢ bien de gobernantes que miran hacia otro lado y hacen como que no se enteran mientras suceden ante sus ojos hechos tan graves.