M¨¢s queun chalet

CONTRA JAUME Roma, hasta ahora consejero de Obras P¨²blicas del Gobierno catal¨¢n, y anteriormente responsable de la contrataci¨®n de obras del Servicio Catal¨¢n de Salud (SCS), hay una acci¨®n judicial en marcha. Al margen de la misma, el ex consejero de Pujol ha asumido sus responsabilidades pol¨ªticas y presentado su dimisi¨®n. Es lo exigible en un caso como ¨¦ste, en el que existe una acusaci¨®n de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Pero tal vez no baste.La acci¨®n judicial fue iniciada por cinco empresarios que acusan a Roma de haberse lucrado personalmente de las adjudicaciones directas concedidas a la empresa Trad, SA, mediante la obtenci¨®n de un precio de favor en la construcci¨®n de su vivienda por parte de la misma sociedad. Roma ha intentado explicar el caso en la comparecencia parlamentaria en, que ha hecho efectiva su dimisi¨®n; pero sus explicaciones se dirigen ¨²nicamente a neutralizar las imputaciones que contiene la querella, desmintiendo la acusaci¨®n de lucro personal mediante unos peritajes que apoyan su versi¨®n sobre la coincidencia entre el precio real y el pagado por la vivienda. Ciertamente, estas pruebas pueden contrarrestar los efectos de la querella, es decir, evitar las consecuencias penales que se derivar¨ªan del cobro de una comisi¨®n por parte del consejero.

La dimisi¨®n enfrenta una cuesti¨®n que no es penal, sino moral, y que ha sido perfectamente diagnosticada por el propio Pujol en su carta de agradecimiento a Roma por los servicios prestados: "T¨² dices, y con raz¨®n, que el hecho de que la empresa que te hizo el chalet recibiese obras del Servei Catal¨¢: de la Salut (SCS) en la ¨¦poca en que t¨² eras responsable har¨ªa recaer siempre sobre ti una sospecha, y probablemente mantendr¨ªa encendida una campa?a que nos perjudicar¨ªa a todos, a ti y a nuestro Gobierno".

La acci¨®n judicial est¨¢ en marcha y la dimisi¨®n es ya efectiva. Irreprochable. Pero la construcci¨®n del chalet por la empresa Trad aparece s¨®lo como el cabo de un hilo cuyo origen ha de determinarse. Trad es una empresa ya liquidada que trabajaba con subcontratistas y recibi¨® un porcentaje de adjudicaciones directas e indirectas del SCS muy superior a empresas acreditadas del sector por valor de unos 1.600 millones de pesetas, casi todas sin concurso. No estaba inscrita en el registro oficial de contratistas, tal como establece la Ley de Contratos del Estado, que fue eludida durante dos a?os gracias a una normativa auton¨®mica espec¨ªfica, jur¨ªdicamente discutible. Sus propietarios han seguido trabajando con la Administraci¨®n catalana despu¨¦s de la quiebra y liquidaci¨®n y de dejar un reguero de acreedores, entre los que est¨¢n los empresarios que se han querellado contra Roma. La sospecha no tiene, por tanto, su origen ¨²nicamente en el. valor del chalet de Roma, sino en el peculiar sistema de adjudicaciones utilizado por el consejero cuando era directivo del SCS y en la peculiar naturaleza de Trad.

Es un dato tranquilizador saber que, con la recientemente aprobada Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas, aprobada el pasado mes de abril, no habr¨ªa habido ni caso Roma ni caso Trad. Esta ley, que tiene un car¨¢cter normativo. b¨¢sico, fue criticada precisamente por Converg¨¨ncia i Uni¨®, que quer¨ªa eximir a las comunidades aut¨®nomas de su aplicaci¨®n para que pudieran establecer a su arbitrio unos l¨ªmites, en principio m¨¢s laxos, de las condiciones de las adjudicaciones. Uno de los objetivos que persigue este tipo de legislaci¨®n es evitar que una persona pueda convertirse en el ¨²nico responsable de adjudicaciones de gran cuant¨ªa. Detale importante es que el principal impulsor de la ley, por su desenfreno adjudicador, fue el ex director. general de la Guardia Civil Luis Rold¨¢n.

Jaume Roma ha apoyado sus argumentos exculpatorios esgrimiendo dos datos: que por sus manos han pasado 3,6 billones del presupuesto catal¨¢n Y que ha adjudicado obras y servicios a lo largo de su dilatada carrera. de funcionario de alto nivel a m¨¢s de 1.000 empresas, Pero todo esto se produjo antes de que la nueva ley entrara. en vigor y en parte durante el interregno de dos a?os en que la Generalitat relaj¨® las normas de contrataci¨®n, por lo que su defensa m¨¢s bien aumenta las sospechas. O, como m¨ªnimo, la necesidad de aclarar todo sobre las adjudicaciones directas que han pasado por sus manos. Por ello, si en alg¨²n caso se justifica una comisi¨®n de investigaci¨®n, que realice una aut¨¦ntica auditor¨ªa sobre las adjudicaciones directas realizadas por el SCS y por las obras realizadas por Trad, es ¨¦ste. Y quienes se opongan a esta investigaci¨®n rinden mal servicio a la transparencia y, por tanto, a la democracia.