Escuchas, dimisiones

NO ES novedad que la oposici¨®n exija dimisiones al m¨¢s alto nivel como respuesta a una nueva crisis de credibilidad del Gobierno; s¨ª lo es que esa posibilidad sea planteada, y en t¨¦rminos tajantes, por buena parte de los dirigentes del partido del Gobierno, y especialmente que lo hagan frente a la resistencia de su presidente. El pulso amenaza ya a la cohesi¨®n del grupo parlamentario y, en todo caso, a la alianza entre el PSOE y el nacionalismo catal¨¢n que sostiene al actual Ejecutivo. ?se es, por ahora, el resultado del esc¨¢ndalo por el espionaje ilegal que agentes del Cesid han practicado sobre numerosos ciudadanos, incluido el Rey.Una de las diferencias entre las dictaduras y las democracias es que en las primeras toda crisis de legitimidad de los dirigentes tiende a convertirse en crisis del r¨¦gimen. Ello se debe a la concentraci¨®n de poder, que impide parcelar las responsabilidades pol¨ªticas. En Espa?a existe actualmente una grave crisis de credibilidad del partido que lleva 12 a?os gobernando. Algunas personas con medios para influir en la opini¨®n p¨²blica intentan transformar esa crisis del Gobierno en un colapso del actual r¨¦gimen de monarqu¨ªa parlamentaria. Pero nada favorecer¨ªa tanto sus designios como el intento por parte del Gobierno en plaza de esquivar sus evidentes responsabilidades en el esc¨¢ndalo de las escuchas. Eso s¨ª que supondr¨ªa una amenaza para la estabilidad del sistema. Por eso era conveniente que las explicaciones de Narc¨ªs Serra fueran acompa?adas no s¨®lo de la dimisi¨®n del director del Cesid, teniente general Alonso Manglano.

La dimisi¨®n es la forma democr¨¢tica de asumir responsabilidades cuando no hay posibilidad de aportar explicaciones convincentes de un esc¨¢ndalo tan grave como el de las escuchas del Cesid. Porque puede darse por establecido lo siguiente: que un organismo del Estado ha espiado a numerosas personas, sin justificaci¨®n v¨¢lida, con abuso de poder y violando derechos individuales fundamentales; que ese organismo ha conservado las cintas que resultaron de ese espionaje ilegal, y que no ha sido capaz de evitar la efectiva difusi¨®n de ese material, que, al parecer, llevaba alg¨²n tiempo en oferta. Parece coherente que de esta combinaci¨®n de abuso de poder e incompetencia se extraiga la necesidad de dimisiones en el nivel gubernamental. Pero adem¨¢s, el hecho de que entre el material ilegalmente captado, conservado y difundido figuren conversaciones del Rey y su c¨ªrculo de amistades otorga al asunto una dimensi¨®n de desaf¨ªo al sistema que no puede ser ignorada.

La especial naturaleza de los servicios secretos, en los que puede resultar dif¨ªcil establecer autor¨ªas individuales, hace doblemente necesaria una clara delimitaci¨®n (le responsabilidades pol¨ªticas. Cuando se produjeron las grabaciones ilegales ahora conocidas, el ministro responsable del centro que las realiz¨®, el Cesid, era Narc¨ªs Serra, en cuyo campo gen¨¦rico de competencias ha seguido ese organismo. De ah¨ª que incluso numerosos dirigentes socialistas concluyan que la dimisi¨®n del actual vicepresidente ser¨ªa una salida coherente con la magnitud del esc¨¢ndalo. Asumir la responsabilidad pol¨ªtica no significa, como a veces se pretende, reconocer una culpabilidad penal. ?sta se dilucidar¨¢ ante los tribunales, de acuerdo con los exigentes procedimientos del derecho penal, que necesita pruebas, y no conjeturas. Pero en el terreno pol¨ªtico, por encima del propio Manglano, es l¨®gico que alguien responda de esas pr¨¢cticas ilegales, abusivas y potencialmente desestabilizadoras. Y ello independientemente de que sea veros¨ªmil que Serra no hubiera encargado las grabaciones e incluso que no hubiera tenido conocimiento posterior de ellas.

Sin duda hay personas interesadas en desestabilizar la vida pol¨ªtica, y ser¨¢ de gran inter¨¦s la informaci¨®n que se pueda obtener al respecto. Aqu¨ª est¨¢n en juego muchas cosas: primero, la actividad ilegal de los agentes que realizaron las escuchas, las grabaron y archivaron; segundo, la incompetencia profesional del propio director del Cesid que no verific¨® el cumplimiento de sus ¨®rdenes ni impidi¨® la dram¨¢tica fuga de informaci¨®n; tercero, la responsabilidad de los titulares; pol¨ªticos directos, y cuarto, el chantaje al Estado que est¨¢n practicando los que robaron y vendieron las cintas ilegalmente grabadas. Resulta altamente parad¨®jica esta situaci¨®n, en la que son los propios delincuentes -Amedo, Rold¨¢n o los filtradores de cintas ilegalmente obtenidas- quienes atacan la credibilidad del Estado. Pero as¨ª son las cosas cuando la falta de reflejos para atacar otros abusos de poder ha embotado la capacidad de respuesta e incluso creado una dudosa jurisprudencia, seg¨²n la cual, se niega la evidencia y, si no hay m¨¢s remedio, se aplaza cualquier reponsabilidad pol¨ªtica a la sentencia de los tribunales. De aquellos polvos, estos lodos.