Saber y no saber

TODA LA oposici¨®n parlamentaria pas¨® ayer por encima del vicepresidente Serra, al que dio por liquidado, y arremeti¨® contra Gonz¨¢lez, consider¨¢ndole responsable del esc¨¢ndalo del Cesid. El debate sirvi¨® s¨®lo para que cada grupo se encastillara en sus posiciones previas. Lo que se dilucidaba era saber qui¨¦n orden¨® las escuchas y las responsabilidades que de ello se derivan. El vicepresidente Serra asegur¨® que el Gobierno no las orden¨® ni las conoci¨® ni, por tanto, pudo utilizar los resultados. Su versi¨®n fue coherente e incluso veros¨ªmil, pero inverificable. La oposici¨®n, y especialmente el Partido Popular, dio por supuesto justamente lo contrario: que el. Gobierno, y expresamente su presidente, hab¨ªa ordenado las escuchas a fin de "controlar a los ciudadanos". Algo igualmente inverificable. Pero entre ambas, interpretaciones est¨¢n los hechos, las evidencias: las grabaciones ilegales existieron y alguien las conserv¨® durante a?os.Fuera de esto, el juicio sobre lo ocurrido no puede ser definitivo. Primero, porque se admite que hay una parte de lo ya conocido que no puede ser revelado, aunque s¨ª lo conocen los parlamentarios que integran la comisi¨®n de secretos oficiales; segundo, porque se nos dice que hay una investigaci¨®n -se supone que sobre qui¨¦n orden¨® las escuchas ilegales, y qu¨¦ hizo con ellas- cuyos resultados a¨²n se ignoran, y tercero, porque se insiste en que todo ello forma parte de una conspiracion contra el funcionamiento normal de las instituciones democr¨¢ticas, pero sin ofrecer precisiones sobre la misma. Incluso sin esos elementos, la impresi¨®n que transmiten los hechos conocidos es de descontrol del Gobierno respecto a su servicio de espionaje. Y nadie ha respondido pol¨ªticamente por ello.

De una explicaci¨®n parlamentaria no es exigible la presentaci¨®n de pruebas como si fuera un juicio, pero s¨ª que sea congruente con los hechos. La aportada por Serra lo fue en t¨¦rminos generales, aunque presenta lagunas. Serra insisti¨® en que las grabaciones y su conservaci¨®n fueron realizadas contra las ¨®rdenes expresas de la direcci¨®n de ese organismo. ?C¨®mo probar que es as¨ª, o lo contrario? El vicepresidente ofreci¨® a los miembros de la comisi¨®n de secretos oficiales la posibilidad de verificar in situ, en el Cesid, ese y otros puntos relativos a su versi¨®n. Aunque no fue apreciada por la oposici¨®n, no es una oferta trivial: tal como est¨¢n las cosas, el Gobierno no puede ignorar que asume el riesgo de ser desmentido por funcionarios de ese organismo.

El principal punto d¨¦bil de la versi¨®n de Serra es que no aclar¨® c¨®mo ha sido posible que durante cuatro a?os nadie reaccionase frente a la supuesta deslealtad del coronel Perote, sospechoso desde 1991 de haberse llevado material reservado. El portavoz del PP, ?lvarez Cascos, no dej¨® de subrayar la prueba de confianza que supon¨ªa que una empresa p¨²blica, Repsol, contratase a Perote como jefe de seguridad con posterioridad a esa supuesta sustracci¨®n de documentos. La sospecha impl¨ªcita es que se compraba su silencio, es decir, que se conoc¨ªa la existencia de las cintas y su origen ilegal.

Pese a las protestas de buena voluntad de Serra, es evidente que la ilegalidad est¨¢ presente desde la captaci¨®n de las conversaciones, y no s¨®lo desde la conservacion o difusi¨®n. Remitir la resoluci¨®n a los tribunales es escapista: era ilegal grabar llamadas telef¨®nicas que nada ten¨ªan que ver con la seguridad nacional. Es cierto que los servicios secretos se mueven en todo el mundo en la frontera de la legalidad. Pero aun dando por hecho que ello sea, casi inevitable, y admitiendo que siempre existe una tensi¨®n entre seguridad y libertad, la condici¨®n m¨ªnima para que los ciudadanos sigan confiando en tales servicios es que ante evidencias de actuaciones ilegales, y m¨¢s cuando atentan contra derechos individuales de los ciudadanos, se asuma, la responsabilidad en el nivel adecuado: proporcional a la gravedad del asunto. Disolver cualquier impresi¨®n de que se pretende escurrir el bulto es el m¨¢s urgente mensaje pol¨ªtico.

Es en ese aspecto donde el Gobierno es incoherente. Cualesquiera que sean los resultados de la investigaci¨®n en marcha incluso si confirmasen la hip¨®tesis defendida por Serra, existir¨ªa una responsabilidad pol¨ªtica en el ¨¢mbito gubernamental por la negligencia de no haber impedido que el personal a sus ¨®rdenes vulnerase gravemente la Constituci¨®n. La dimisi¨®n es en los reg¨ªmenes democr¨¢ticos la forma normal de asumir responsabilidades cuando el reproche no es de culpabilidad en el sentido penal, pero s¨ª de incompetencia.

En cuanto al debate mismo, si bien Serra no es un parlamentario, la actitud de los populares boicoteando su intervenci¨®n fue todava exhibici¨®n de estilo intolerante y sectario. La diatriba de ?lvarez Cascos habr¨ªa resultado m¨¢s convincente sin el a?adido de desprecio e impaciencia mal contenida que puso en sus palabras y que tanto parece gustar a su coro de animadores. Los gestos, siseos e insultos de ese coro trasluc¨ªan un escaso respeto a la opini¨®n ajena. No es s¨®lo cuesti¨®n de cortes¨ªa parlamentaria. Una concepci¨®n civilizada del debate pol¨ªtico es incompatible con ese estilo que niega la posibilidad misma de honestidad del rival y de compartir con ¨¦l unos valores comunes.