La Administraci¨®n sustituye a los jueces para conceder justicia gratuita, seg¨²n la ley remitida a las Cortes
Las Comisiones de Asistencia Jur¨ªdica Gratuita -controladas por la Administraci¨®n y con participaci¨®n de los colegios de abogados y procuradores- sustituir¨¢n a los juzgados y tribunales en la concesi¨®n del derecho a la asistencia jur¨ªdica gratuita, aunque sus decisiones ser¨¢n recurribles en v¨ªa judicial, seg¨²n el proyecto de ley que ayer remiti¨® el Gobierno a las Cortes. Otra novedad es el establecimiento de filtros, por acuerdo del Gobierno y los colegios profesionales, para evitar abusos en la concesi¨®n de la asistencia gratuita a los falsos pobres, lo que permitir¨¢ la disminuci¨®n en las subvenciones p¨²blicas al turno de oficio.El proyecto de ley arbitra los mecanismos necesarios para que los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar -unidades familiares, que perciban menos del doble del salario m¨ªnimo: unas 125.000 pesetas- sean asistidos de los profesionales jur¨ªdicos precisos para defender sus derechos ante los tribunales y para el asesoramiento previo a la v¨ªa judicial, que evitar¨¢ pleitos innecesarios.
La futura ley desjudicializa la competencia para reconocer el derecho a la asistencia jur¨ªdica gratuita y establece mecanismos de control administrativo y judicial, "que aseguren el adecuado destino de los fondos p¨²blicos asignados al servicio". El Ministerio de Justicia e Interior establecer¨¢ los requisitos m¨ªnimos de formaci¨®n y especializaci¨®n necesarios para asegurar un nivel medio de competencia profesional, y los colegios profesionales afectados ser¨¢n los encargados de imponer las sanciones a sus colegiados en caso de abusos.
El Gobierno inform¨® ayer sobre el amplio consenso alcanzado con los colegios de abogados y procuradores y con las comunidades aut¨®nomas. En contraste con ese consenso, el diputado de IU Diego L¨®pez Garrido critic¨® que la gratuidad s¨®lo alcanza a los peritos adscritos a ¨®rganos judiciales y no a los profesionales no funcionarios. Tambi¨¦n se?al¨® que la calidad de la asistencia no se garantiza, dado que no se ofrecen seguridades de que los abogados "est¨¦n digna y suficientemente remunerados, y en un plazo razonable".
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