Prisi¨®n paya destierro cal¨¦

"?Hay castigos, en vuestra cultura gitana parecidos a la privaci¨®n de libertad?", pregunta Ram¨®n S¨¢ez avezado juez de instrucci¨®n de Madrid. le contesta, vivaz, Carmen Santiago, una abogada gitana de C¨®rdoba: "No, porque nuestro lema es suerte, salud y libertad". El di¨¢logo se produjo el pasado viernes en la sede de la asociaci¨®n Jueces para la Democracia, en un encuentro entre juristas payos, y gitanos para buscar conjuntamente soluciones a problemas de menores, racismo y marginaci¨®n en el ¨¢mbito penal, social, penitenciario y policial.Los juristas payos fueron, adem¨¢s de S¨¢ez, la decana de los, juzgados de Madrid, Manuela Carmena; el fiscal de menores F¨¦lix Pantoja; y la juez de lo Social Mar¨ªa Antonia Lozano. Por parte de los juristas gitanos, adem¨¢s de la abogada Santiago, otros dos letrados andaluces: Diego Luis Fern¨¢ndez, de C¨®rdoba; y Juan Flores, de Sevilla. Les acompa?a el secretario general de la Uni¨®n Roman¨ª, Chimo L.Bustamante, que reside en Valencia.

Pantoja reconoce el fallo de, no haber tomado contacto hasta ahora con las organizaciones gitanas. Pide ayuda para definir el desamparo de los menores, "no confundible con un ni?o mal vestido". Bustamante corta, r¨¢pido: "?Gitano no es sin¨®nimo de marginalidad ni de malvivir!". Y sonr¨ªe. Carmena, poco amiga de teor¨ªas, propone una estancia de 10 o 15 d¨ªas en el seno de una familia gitana, "para aprender su cultura y su justicia". Fen¨¢ndez reconoce que Ios gitanos no entender¨ªan que un no gitano estuviera presente en la aplicaci¨®n de la justicia gitana". Explica que son los ancianos, los t¨ªos, hombres de respeto, los que la aplican, "nunca penas de c¨¢rcel, sino de destierro".

Flores aclara que la justicia gitana es una forma "de arbitraje o de mediaci¨®n, nunca impuesta, basada en la aceptaci¨®n de las partes". S¨¢ez muestra su inter¨¦s por esa justicia, "frente a la tendencia a penalizarlo todo". Los juristas gitanos se muestran favorables a que se penalice no s¨®lo el racismo, sino la negativa al acceso de un gitano a un trabajo o a una vivienda. S¨¢ez insiste en la conveniencia de "civilizar los conflictos, y advierte de la contradicci¨®n de reclamar el respeto a la diferencia y luego utilizar, el sistema penal".

Lozano apunta hacia la necesidad de utilizar v¨ªas distintas a las penales. Y recuerda que en su juzgado de lo social "nunca" ha tenido "un pleito de un gitano, por discriminaci¨®n". Santiago revela que en Linares (Ja¨¦n) se rescindi¨® hace poco el contrato de una casa, que ya estaba contratada, cuando el due?o se dio cuenta de que era un gitano quien iba a habitarla. Lozano, contraria tambi¨¦n a la v¨ªa penal, se?ala: "En ese caso ser¨ªa exigible una indemnizaci¨®n de muchos millones".Fern¨¢ndez se queja de la falta de asesoramiento de los gitanos en las c¨¢rceles y de la discriminaci¨®n que sufren por parte de los jueces, con el resultado de que no logran mejorar su situaci¨®n. Atribuye estos males a que 'faltan esquemas gitanos en las c¨¢rceles; deber¨ªa estudiarse la lengua y la cultura gitana".

S¨¢ez pregunta si hay alg¨²n juez gitano, entre los m¨¢s de 3.000 que existen. La respuesta es negativa y Bustamante agrega, sonriente: "Con nuestra poblaci¨®n de 650.000 gitanos nos corresponder¨ªan tres".

"Ciudadano normal"

Otra reclamaci¨®n es que se supriman de los atestados policiales expresiones como "de raza gitana", "aspecto agitanado" o "de etnia gitana", que discriminan. Lozano cuenta los esfuerzos de un polic¨ªa que ten¨ªa que testificar y que, debidamente asesorado para que no mencionara la palabra gitano, la sustitu¨ªa por "el ciudadano", hasta que termin¨® describiendo al que no era gitano con un absurdo "ciudadano normal".

Los juristas gitanos coincidieron en que no todo es bueno en la cultura gitana y que "es preciso",' explic¨® Fern¨¢ndez, "distinguir entre sus elementos esenciales y algunos usos que pueden estorbar el desarrollo individual".