P¨¦rez Villar, condenado a 8 a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricar cuando era consejero con Aznar
JOS? YOLDI. Miguel P¨¦rez Villar, de 49 a?os, ex senador del PP y consejero de Econom¨ªa de la Junta de Castilla y Le¨®n cuando Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar la presid¨ªa, fue condenado ayer por el Tribunal Supremo a ocho a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricador (dict¨® a sabiendas resoluciones injustas). Por lo tanto, P¨¦rez Villar, que concedi¨® de forma irregular subvenciones a empresas mineras asesoradas por su esposa, no podr¨¢ ser elegido para ning¨²n cargo p¨²blico en el Gobierno, comunidad aut¨®noma o Ayuntamiento. El ex consejero y su esposa, Rosario Carballo, fueron absueltos del delito de fraude del que estaban acusados.
Junto a P¨¦rez Villar, y por el mismo delito continuado de prevaricaci¨®n, ha sido condenado Javier Valenzuela Seoane, que era director general de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa cuando se concedieron las subvenciones., No obstante, la condena a Valenzuela es s¨®lo de seis a?os y un d¨ªa de inhabilitaci¨®n por no ser el autor genuino del delito, sino cooperador necesario.La sentencia se?ala que P¨¦rez Villar aprob¨® de manera personal y directa los expedientes de las subvenciones "conociendo su clara ilegalidad por chocar frontalmente con la normativa de aplicaci¨®n". Valenzuela, por su parte, present¨® los expedientes para su aprobaci¨®n "conociendo sobradamente la ilegalidad de las propuestas".
El Supremo ha absuelto a todos los acusados de cualquier clase de responsabilidad civil porque no se acredit¨® que se hubieran producido da?os a la Administraci¨®n del Estado. Precisamente porque el da?o producido no, fue grave, el Supremo impuso las penas a P¨¦rez Villar y Valenzuela en su grado m¨ªnimo.
La sentencia declara probado que P¨¦rez Villar hab¨ªa dirigido un, despacho de asesoramiento fiscal y laboral de empresas en Le¨®n entre cuyos clientes figura ban diversos empresarios y sociedades mineras. Cuando en 1987 fue designado consejero de Econom¨ªa de la Junta, dej¨® a su mujer, Rosario Carballo, al frente del despacho, que continu¨® la labor de asesoramiento.Subvenciones a clientes
En los a?os sucesivos, hasta 1991, la Consejer¨ªa de Econom¨ªa concedi¨® diversas subvenciones a la miner¨ªa de la comunidad, siete de las cuales recayeron en clientes del despacho, que hab¨ªan seguido pagando por el asesoramiento. La sentencia se?ala, sin embargo, que entre 1988 y 1989 las subvenciones a los clientes del despacho ascendieron a casi 550 millones de pesetas, cantidad exigua frente al total de esos a?os, que fue de casi 3.000 millones.
Adem¨¢s, algunas empresas clientes del despacho no consiguieron la subvenci¨®n y otras de las que las obtuvieron no llegaron a recibirla o la recibieron minorada, por lo que el Supremo considera que no se han aportado pruebas para acreditar la existencia de fraude.
"No puede sostenerse razonablemente que la retribuci¨®n de un asesoramiento fiscal y laboral pueda devenir en delictiva por una mera incompatibilidad que ni siquiera estaba determinada normativamente cuando ocurrieron los hechos", precisa la sentencia.
Respecto al delito de prevaricaci¨®n, la sentencia destaca que fue la Consejer¨ªa de Econom¨ªa la que dict¨® una orden que desarrollaba el decreto que fijaba el r¨¦gimen de ayudas a la miner¨ªa. P¨¦rez Villar firm¨® esa orden en calidad de consejero, y el decreto, juntamente con el presidente de la Junta, a la saz¨®n Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. En las citadas normas se especificaba que los beneficiarios de las ayudas tendr¨ªan que ser necesariamente empresas que desarrollasen su actividad en Castilla y Le¨®n.Sin actividades mineras
La empresa Recursos Naturales (Renasa) solicit¨® subvenciones para la realizaci¨®n de estudios sobre la miner¨ªa a pesar de que no ten¨ªa actividades mineras en la comunidad. El Servicio Territorial de Econom¨ªa inform¨® negativamente la ayuda, pero Valenzuela present¨® una propuesta favorable y P¨¦rez Villar la aprob¨®, aunque ambos conoc¨ªan que infring¨ªan las disposiciones aplicables.
Otra de las empresas subvencionadas fue Minas de la Ventana, con cargo a conceptos como
"intervenciones coyunturales, fondo social minero, formaci¨®n minera y mejora de la seguridad minera". Los casi 14 millones de ayuda le fueron entregados con cargo al fondo social minero para el pago de indemnizaciones a obreros despedidos. La empresa estaba en suspensi¨®n de pagos y dej¨® de indemnizar a 40 mineros, por lo que tuvo que hacerse cargo de los pagos el Fondo de Garant¨ªa Salarial.
Tanto a P¨¦rez Villar como a Valenzuela les constaba, "con claridad meridiana", seg¨²n la sentencia, que la l¨ªnea del fondo social minero era para ayudar a empresas que incurrieran en ex tracostes por ajustes derivados de inversiones dirigidas a conse guir mayor competitividad, pero no, "de ning¨²n modo, al pago de indemnizaciones por despido".
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