Jugando con cuchillos

?Cu¨¢ndo fue esa reuni¨®n, se?or Damborenea? ?Qui¨¦n estuvo presente? ?D¨®nde tuvo lugar?", preguntaban, ansiosos, los periodistas. "Mire usted, eso es no saber c¨®mo se hacen las cosas", contestaba el interpelado; "lo comentamos en diversas ocasiones, lo he hablado repetidas veces". En ese di¨¢logo se exhibe todo el alcance del malentendido. Cuando Damborenea proporciona datos (y no opiniones) aplica un modelo no intencional de la historia: el GAL como consecuencia de las decisiones de muchos. Los periodistas aplican un modelo conspirativo: si hubo GAL es porque alguien, en alg¨²n sitio y en un momento concreto decidi¨® crear exactamente eso. Lo que dice Damborenea es probablemente cierto. Lo que los periodistas (y el juez Garz¨®n) nos transmiten es probablemente falso. Pero entre un relato y otro media un abismo.S¨®lo tenemos un testimonio que inculpe jur¨ªdicamente al presidente Gonz¨¢lez en la trama de los GAL: el de Damborenea. No es un testimonio fidedigno, pues carece de datos y referencias comprobables. Y es evidente que quien lo emite est¨¢ objetivamente interesado en ampliar las responabilidades. Tiene a su favor la l¨®gica y el buen sentido; no resulta cre¨ªble que el ex ministro de Interior haya arriesgado tanto sin protegerse. Eso es todo. Mucho, pero quiz¨¢ no tanto y, desde luego, jur¨ªdicamente discutible.

Pues bien, tan absurdo es negarse a ver la evidencia pol¨ªtica y / o penal all¨ª donde est¨¢ (seg¨²n nos tienen acostumbrados el Gobierno y el PSOE) como verla all¨ª donde no est¨¢. Ya ha ocurrido con el caso Crill¨®n, una tormenta en un vaso de agua, como advert¨ª en solitario en estas p¨¢ginas. Puede volver a ocurrir. Las declaraciones de Damboenea son explosivas, como su vida. Pero lo que en ellas es nuevo no est¨¢ fundado y lo que s¨ª lo est¨¢, la responsabilidad pol¨ªtica, no es nuevo. Ella es tan grave por s¨ª sola que deber¨ªa llevar a la dimisi¨®n de Felipe Gonz¨¢lez; si ¨¦l no lo hace, a que el partido se la pida o, cuando menos, a presentar la moci¨®n de confianza; y, si ellos no lo hacen, a que la oposici¨®n plantee una moci¨®n de censura. Ese es el camino constitucional.

Ahora bien, ?es razonable que porque alguien afirme sin m¨¢s que ha cometido un delito el presidente del Gobierno espa?ol (¨¦ste u otro) se vea obligado al absurdo jur¨ªdico de tener que demostrar su inocencia ante el Congreso, interrumpiendo incluso las vacaciones parlamentarias? ?Es ¨¦se un precedente saludable para la democracia espa?ola? Y, tras la jura de Santa Gadea, palabra contra palabra, la de un terrorista y la del presidente del Gobierno, ?es razonable que se acepte aqu¨¦lla como cierta y, con esta sola base, se inculpe penalmente al presidente? Quienes hemos clamado contra la constante judicializaci¨®n de la pol¨ªtica a que conduce la actitud del Gobierno (por ¨²ltima vez, en el reciente pleno) debemos tambi¨¦n mostrar nuestro asombro ante este intento de politizar la justicia, arrastrada por una vor¨¢gine de rencores, ambiciones y vanidades que, de modo insensato, piensan que cuanto peor, mejor. Porque, caso de que eso llegara a suceder, no se tratar¨ªa del triunfo de nadie, sino del fracaso de todos, no de Gonz¨¢lez o del PSOE, sino de la democracia y de Espa?a toda.

Pues quien pretenda inculpar penalmente al presidente del Gobierno (repito: ¨¦ste u otro) deber¨ªa estar cargado de raz¨®n y abrumado de evidencias. Por el momento, tales no existen o no las conocemos. Sin duda, el Tribunal Supremo dir¨¢ lo oportuno. Yo espero, deseo y, desde luego, creo que sobre una ¨²nica, incierta e interesada confesi¨®n poco puede construirse. Y, si es as¨ª, Espa?a entera sabr¨¢ qui¨¦n est¨¢ dispuesto a anteponer ciegamente sus ambiciones o rencores a los intereses nacionales. En todo caso, esa estrategia puede acabar con quien la utilice. El PP no la necesita y mejor har¨ªa en dejar de jugar con cuchillos cachicuernos. Esos compa?eros de viaje se revolver¨¢n como perros rabiosos contra quien les azuz¨® en primer lugar. Toda la delicadeza e incluso generosidad del mundo ser¨¢ poca en este asunto.