El juez Cotta sugiere que el Supremo dejar¨¢ la actuaci¨®n contra Gonz¨¢lez en manos del Congreso

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Fernando Cotta, declar¨® ayer que "muy posiblemente" se tendr¨¢ que aplicar el art¨ªculo 102 de la Constituci¨®n para que sea el Congreso el que determine si Felipe Gonz¨¢lez puede estar implicado en el caso GAL. El citado art¨ªculo establece un sistema de impeachment para exigir la responsabilidad criminal del presidente, que s¨®lo podr¨¢ ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y aprobada por mayor¨ªa absoluta. Izquierda Unida se opone a su aplicaci¨®n porque considera que su eventual rechazo se convertir¨ªa en una ley de punto final encubierta. El PMV cree prematura la iniciativa, mientras que el PP guarda silencio.

El magistrado Fernando Cotta manifest¨®, en declaraciones a la cadena SER, que el Supremo est¨¢ estudiando el art¨ªculo 102 de la Constituci¨®n "'porque muy posiblemente se tenga que aplicar" en el caso GAL. El juez entiende que, aunque el precepto no se ha aplicado nunca, no es "disparatado que pueda aplicarse ahora". El magistrado Cotta asegur¨® que el Supremo no recibe presiones del ejecutivo para que se tramiten las diligencias con rapidez: "En el Supremo no se reciben presiones, de eso puede estar seguro el pueblo, soberano".El primer p¨¢rrafo del art¨ªculo 102 establece: "La responsabilidad criminal del presidente y los dem¨¢s miembros del Gobierno ser¨¢ exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Suprenio". El segundo, el que debate el Supremo, dice: "Si la acusaci¨®n fuere por traici¨®n o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, s¨®lo podr¨¢ ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobaci¨®n de la mayor¨ªa absoluta del mismo". El tercero dispone: "La prerrogativa real de gracia no ser¨¢ aplicable a ninguno de los supuestos del presente art¨ªculo".

"Auto de procesamiento"

Fuentes del Supremo indica ron que el problema deriva del enfoque que Baltasar Garz¨®n ha dado al documento env¨ªa do al tribunal. Seg¨²n dichas fuentes, m¨¢s que una "exposici¨®n motivada", limitada a los datos de la investigaci¨®n y la existencia de indicios, Garz¨®n elev¨® un documento "con todo el aire de un auto de procesamiento, en el que califica los hechos y acusa al presidente de un delito de promoci¨®n de banda armada". Fuentes jur¨ªdicas recogidas por Efe aseguraron ayer que el juez Garz¨®n ha remitido al Supremo nuevos documentos que completan la citada exposici¨®n motivada.El delito contra la seguridad del Estado ha suscitado el debate en la Sala Segunda, aunque la hip¨®tesis del env¨ªo de la exposici¨®n de Garz¨®n al Congreso es, seg¨²n fuentes del Supremo, "prematura".

En cualquier caso, el procedimiento del 102.2 tambi¨¦n ser¨ªa aplicable a los ministros, al tratarse de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones", y seg¨²n algunas opiniones, incluir¨ªa a Jos¨¦ Barrionuevo, ya que su supuesta implicaci¨®n en el secuestr¨® de Segundo Marey ser¨ªa un delito cometido por funcionario p¨²blico.Otra posibilidad, al margen del 102, ser¨ªa enviar a las Cortes los correspondientes suplicatorios. En ese caso, el Supremo podr¨ªa instruir "de forma escalonada hacia arriba" para comprobar si de las declaraciones de los ministros surgen implicaciones para el presidente.El Supremo remit¨ª¨® ayer la exposici¨®n del juez Baltasar Garz¨®n a la fiscal¨ªa, que ha designado a Emilio Vez Pazos para redactar el informe. Emilio Vez, pr¨®ximo al Opus Dei, trabajar¨¢ bajo la supervisi¨®n del fiscal del Estado, Carlos Granados.

Perd¨®n encubierto

Mientras que magistrados y fiscales dudan sobre la aplicaci¨®n del 102.2, Mariano Santiso (IU) rechaza esta v¨ªa penal. Seg¨²n Santiso, una cosa es atentar contra la seguridad del Estado y otra distinta cometer terrorismo de Estado. "En mi opini¨®n, no se puede seguir ese procedimiento, porque ser¨ªa tan simple como que el Parlamento tendr¨ªa 350 jueces y por mayor¨ªa o minor¨ªa se decidir¨ªa si uno es culpable o inocente. Ello conducir¨ªa a una ley de punto final encubierta", afirm¨®.El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Javier P¨¦rez Royo declar¨® que la sugerencia de Cotta "es un disparate, que sigue con el disparate que se ha hecho con este tema". "Al Supremo se le ha puesto ante una posici¨®n disparatada y est¨¢n considerando posibilidades que tambi¨¦n lo son". Un portavoz del Partido Nacionalista Vasco citado sin identificar por Europa Press consider¨® "prematura" y "cogida por los pelos" la propuesta. Para este partido; despu¨¦s de la avalancha de cr¨ªticas que Cotta ha recibido por ser un juez proveniente del franquismo "igual quiere pasar la patata caliente al Congreso de los Diputados".Fuentes de la Fiscal¨ªa del Supremo recogidas por la agencia Efe se?alaron que el procedimiento para la aplicaci¨®n del art¨ªculo 102.2 de la Constituci¨®n, seg¨²n se recoge en un tomo sobre. Derecho Procesal Penal escrito, entre otros, por el magistrado del Tribunal Constitucional Vicente Gimeno Sendra, exige que la acusaci¨®n contra el jefe del Ejecutivo por delitos contra la seguridad del Estado sea pedida por una cuarta parte del Congreso de los Diputados, que tendr¨ªan que personarse ante el Supremo para ejercer la acusaci¨®n despu¨¦s de conseguir el apoyo de la mayor¨ªa absoluta de la C¨¢mara.