El acta secreta, ap¨®crifa, de la guerra sucia

"El terrorismo no es un problema de delincuencia ni de orden p¨²blico, es una guerra [ ... ]. La acci¨®n directa, que no quiere decir eliminaci¨®n f¨ªsica, contra los l¨ªderes rebeldes y en los momentos iniciales, puede ser muy rentable [...] La ilegalidad se bordea o se conculca descaradamente a¨²n en los pa¨ªses -que m¨¢s alardean de respetar los derechos humanos".Los anteriores p¨¢rrafos no pertenecen al acta fundacional de los GAL, que con tanto de nuedo ha perseguido el juez Garz¨®n en las ¨²ltimas semanas, sino al libro Nuestra guerra y nuestra paz, editado en 1985 por el Estado Mayor del Ej¨¦rcito.

No hace falta recurrir a los archivos secretos del Cesid para obtener "un an¨¢lisis estrat¨¦gico en el que se explicaba qu¨¦ se ten¨ªa que hacer, partiendo de la base de que la lucha contra el terrorismo era una variante de guerra y, por tanto, exig¨ªa un Estado Mayor que pensara, para elaborar una respuesta en los mismos t¨¦rminos que los que utilizaban los terroristas", tal como describi¨® el ex dirigente socialista vasco, Ricardo Garc¨ªa Damborenea, el supuesto acta fundacional del Cesid.

Basta repasar la colecci¨®n del Servicio de Publicaciones del Ej¨¦rcito para hallar trabajos como Introducci¨®n a la Estrategia Militar Espa?ola, premio Adalid de pensamiento militar en 1983, que cita a ETA entre losgrupos que practican la "guerra subversiva", algunas de cuyas modalidades son el "terrorismo, [los] sabotajes [o los] movimientos secesionistas". El mismo libro, prologado por el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, critica "la pasividad con el terrorismo [de las autoridades francesas], con lo que el Pa¨ªs Vasco franc¨¦s ha sido en muchas ocasiones un santuario seguro de bandas que, bajo una capa que quiere ser pol¨ªtica, cometen asesinatos, secuestros y extorsiones".

Lo que busca Garz¨®n no es, sin embargo, una mera justificaci¨®n m¨¢s o menos impl¨ªcita del terrorismo de Estado sino, seg¨²n el escrito remitido al Supremo, un "documento que se refer¨ªa al contenido te¨®rico y estrat¨¦gico y en el que se recogen los dos niveles pol¨ªtico y operativo a trav¨¦s de los cuales se desarrollaron [en la pr¨¢ctica] las actividades ilegales contra ETA. Este documento", asegura el magistrado, "fue elaborado por el Cesid al parecer en el verano de 1983".

Seg¨²n el sumario del GAL, la primera menci¨®n a ese documento la hizo en su declaraci¨®n del 20 de julio Ricardo Garc¨ªa Damborenea, quien dijo haberlo visto, aunque no pudo precisar qui¨¦n ni d¨®nde se lo ense?¨®. Ocho d¨ªas despu¨¦s, el ex dirigente socialista refresc¨® su memoria para recordar que, efectivamente, el texto fue elaborado por el servicio secreto Cesid, que muy probablemente se lo entreg¨® el ya fallecido comandante Jes¨²s Somontes, responsable del centro en el Pa¨ªs Vasco en 1983, "que lo tuvo en su poder en el verano de 1982 [sic] y que, si lo encuentra, lo aportar¨¢ al juzgado".

Respecto a su contenido, explic¨® que en el texto "se examinaban los objetivos, las condiciones, los medios y los riesgos que dicha estrategia conllevaba y se se?alaban unas l¨ªneas de actuaci¨®n que finalmente fueron las que se utilizaron (campa?as de intoxicaci¨®n, secuestros, o eliminaciones f¨ªsicas)".

Tambi¨¦n Juli¨¢n Sancrist¨®bal, ex director de la Seguridad del Estado, le dijo a Garz¨®n "que ha o¨ªdo de la existencia de un documento donde se teorizaba sobre las distintas formas de llevar adelante esa lucha contra ETA".

Sin embargo, ni Damborenea ni Sancrist¨®bal hablaron espont¨¢neamente de ese estudio. S¨®lo lo hicieron, como reflejan sus declaraciones, a preguritas del interrogador. ?Qui¨¦n revel¨® a Garz¨®n la existencia del pol¨¦mico informe? Presumiblemente, el coronel Juan Perote Pell¨®n, jefe de la Agrupaci¨®n Operativa del Cesid entre 1082 y 1991 y hoy procesado por sustracci¨®n de documentos secretos, que compareci¨® ante el juez diez d¨ªas antes que Damborenea.

El escrito de Garz¨®n al Supremo no contiene, parad¨®jicamente, ninguna alusi¨®n a Perote, por la sencilla raz¨®n de que ¨¦ste no declar¨® en relaci¨®n con el caso GAL sino con el sumario de Monbar, la cafeter¨ªa de Bayona donde fueron asesinados cuatro etarras en 1985, que instruye el mismo juez.

Garz¨®n no se content¨® con interrogar a Damborenca y Sancrist¨®bal, sino que se dirigi¨® al propio Cesid y cit¨® a declarar a finales de julio tanto al actual director del centro, el general F¨¦lix Miranda, como a su antecesor, el teniente general Emilio Alonso Manglano, dimitido a ra¨ªz del esc¨¢ndalo de. las escuchas ilegales.

Por escrito y de palabra, los responsables actuales y pasa dos del Cesid negaron la existencia en sus archivos de un documento como el descrito por Damborenea, pero admitieron en cambio que s¨ª hay informes y "notas de despacho" sobre. la guerra sucia contra ETA, cuya entrega al juez les impide la ley de Secretos Oficiales.

El general Miranda, con menos de dos meses al frente del Cesid, pidi¨® y obtuvo del ministro de Defensa, Gustavo Su¨¢rez Pertierra, un dictamen jur¨ªdico para respaldar su negativa a entregar a Garz¨®n lo que le ped¨ªa. ?ste ser¨ªa el escrito que se transmut¨®, seg¨²n un diario, en una orden del ministro al militar para que no diera el acta de los GAL al juez.

El 7 de agosto, Perote compareci¨® por segunda vez ante Garz¨®n, a quien reconoci¨® esta vez que ¨¦l mismo fue el autor de la presunta acta fundacional de los GAL; redactada, seg¨²n su versi¨®n, por orden del entonces director, Alonso Manglano.

Fuentes del Cesid sospechan que el documento, como ha sucedido con tantos otros de los 1.200 que se llev¨® Perote en noviembre de 1991, acabar¨¢ publicado en determinado medio de comunica ci¨®n. La clave est¨¢ en si se trata de una mera propuesta del antiguo jefe de la secci¨®n operativa del Cesid o si puede demostrarse que fue asumido por sus superiores y sirvi¨® de base para la actuaci¨®n de los GAL.

Aunque se dir¨ªa que despu¨¦s de m¨¢s de 20 asesinatos resulta superfluo contar o no con un estudio meramente te¨®rico sobre la guerra sucia, el juez Garz¨®n no parece considerarlo de ese modo. Tiene muy presente el magistrado que el Cesid es, seg¨²n la normativa vigente, "el ¨®rgano de informaci¨®n del presidente del Gobierno", ¨²ltimo destinatario de los informes del servicio secreto.

Si se demuestra que el centro de inteligencia dise?¨® la estrategia que dio origen a los GAL, posteriormente aplicada por los mandos de las fuerzas de seguridad, la responsabilidad penal por la guerra sucia no podr¨ªa quedar ya circunscrita al Ministerio del Interior.

Por eso, en la exposici¨®n razonada que envi¨® al Supremo, el juez Garz¨®n no incluye las alusiones al documento del Cesid entre los datos que afectan al entonces ministro de Defensa, Narc¨ªs Serra, en cuyo departarnento estaba encuadrado el servicio secreto, sino entre los escasos, inconcretos y gen¨¦ricos, como viene a reconocer el pr opio escrito, que apuntan directamente a Felipe Gonz¨¢lez.