El Supremo decidir¨¢ si abre otra causa contra Barrionuevo por el reparto de fondos reservados
El Tribunal Supremo no s¨®lo tiene en sus manos el caso GAL, sino que tambi¨¦n deber¨¢ decidir sobre el pago de sobresueldos con cargo a los fondos reservados, el segundo gran esc¨¢ndalo que ha sacudido al Ministerio del Interior en el ¨²ltimo a?o. Junto con los testimonios referidos al secuestro de Segundo Marey, el juez Garz¨®n ha enviado al alto tribunal una declaraci¨®ndel ex director de la Seguridad del Estado Juli¨¢n Sancrist¨®bal, quien reconoce haber cobrado 66 millones de pesetas con cargo a dichos fondos, supuestamente por decisi¨®n del ex ministro Jos¨¦ Barrionuevo.
En su escrito al Supremo, Garz¨®n reconoce impl¨ªcitamente que este testimonio de Sancrist¨®bal tiene poco que ver con el caso GAL, por lo que "habr¨¢ de decidirse si se queda unido a esta causa por conexidad o se remite al juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 43 de Madrid [donde ya se investiga el pago de sobresueldos con cargo a los fondos reservados] o se abre otra [causa] diferente".Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, de las tres opciones que ofrece Garz¨®n, la m¨¢s probable es la tercera: que el Supremo decida separar esta declaraci¨®n del resto del caso GAL y abrir una nueva causa por supuesto delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. La remisi¨®n del testimonio de Sancrist¨®bal al juzgado 43 resulta m¨¢s problem¨¢tica, ya que el ex alto cargo de Interior acusa directamente a Barrionuevo, que es diputado del Congreso y por tanto goza de fuero. S¨ª podr¨ªa darse el caso inverso: que el Supremo reclamase a la juez de instrucci¨®n de Madrid Mar¨ªa Jes¨²s Coronado la remisi¨®n de lo instruido hasta ahora, precipitando la llegada al alto tribunal del esc¨¢ndalo de los sobresueldos.
La juez Coronado, en virtud de una denuncia del Partido Popular, ha tomado ya declaraci¨®n a numerosos funcionarios y antiguos altos cargos de Interior, incluido el ex ministro Antoni Asunci¨®n, sobre el supuesto reparto de sobresueldos, que fue inicialmente denunciado por el antiguo director general de la Guardia Civil Luis Rold¨¢n, quien reconoci¨® haberse quedado con 400 millones de los fondos reservados.
En la declaraci¨®n remitida por Garz¨®n al Supremo, Sancrist¨®bal afirma que, entre 1982 y 1984, cuando era gobernador civil de Vizcaya, recibi¨® 21 millones de gratificaci¨®n, a raz¨®n de siete por a?o.
Cuando ascendi¨® a director de la Seguridad del Estado, agrega, "habla con el ministro Jos¨¦ Barrjonuevo y acuerda que se revise al alza" el sobresueldo, percibiendo 10 millones al a?o en 1985 y 1986. Poco antes de cesar en el cargo, "por acuerdo entre el ministro y Rafael Vera, que entonces era subsecretario", se le entrega una indemnizaci¨®n de 25 millones.
Sancrist¨®bal asegura asimismo que, a trav¨¦s de ¨¦l mismo o de Vera, tambi¨¦n cobraban sobresueldos los gobernadores civiles de las tres provincias vascas, Navarra, Madrid y Barcelona; as¨ª como el delegado del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco y que el ministro Barrionuevo era informado de estos pagos cada tres semanas aproximadamente.
Por otra parte, la acci¨®n popular del caso GAL anunci¨® ayer que tambi¨¦n solicitar¨¢ a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que cite a declarar, como imputados, al presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y a los otros tres aforados (los ex ministros Barrionuevo y Narc¨ªs Serra y el diputado Jos¨¦ Mar¨ªa Benegas).
El abogado Teodoro Mota, que representa a 104 particulares, se suma as¨ª a las peticiones que han anunciado los defensores de los ex polic¨ªas Francisco ?lvarez, antiguo jefe superior de Bilbao, Jos¨¦ Amedo y Michel Dom¨ªnguez.
La acci¨®n popular no formular¨¢ inicialmente acusaciones contra los aforados, sino que esperar¨¢ a conocer sus declaraciones, agreg¨® Mota, quien suscribi¨® los argumentos expuestos por el juez Garz¨®n en su escrito al Supremo.
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