El contrato social impl¨ªto en Espa?a

En un pa¨ªs como Espa?a, no hace falta una memoria hist¨®rica larga para recordar lo muy diferente que puede ser -en funci¨®n del g¨¦nero o sexo-, la relaci¨®n de ciudadan¨ªa. M¨¢s de la mitad de las espa?olas vivas ha conocido los a?os en que a la penuria general de derechos pol¨ªticos se un¨ªan las restricciones espec¨ªficas para las mujeres en materia de patria potestad; acceso a la educaci¨®n o al empleo, que s¨®lo a partir de los cambios legales de 1961, 1970 y 1978 fueron gradualmente aminor¨¢ndose. Todav¨ªa en la actualidad, el marco constitucional espa?ol arrastra las huellas de su pasado hist¨®rico.La Constituci¨®n espa?ola ha configurado la nueva ciudadan¨ªa de las mujeres a trav¨¦s, principalmente, de dos art¨ªculos: el 14, que proclama la igualdad ante la ley sin que prevalezca discriminaci¨®n por raz¨®n de sexo, y, m¨¢s importante todav¨ªa, el art¨ªculo 9.2, que encarga a los poderes p¨²blicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y remover los obst¨¢culos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participaci¨®n de todos los ciudadanos en la vida pol¨ªtica, econ¨®mica, cultural y social. En realidad, este art¨ªculo 9.2 es la base para un mandato pol¨ªtico administrativo de gran alcance, puesto que obliga a los poderes pol¨ªticos intermedios a contribuir a una tarea gigantesca de cambio social.

Para que la participaci¨®n social sea eficiente se requiere un elevado grado de presencia de las mujeres en todo tipo de grupos e instituciones y no se agota en el "derecho" a participar. sino en su correlativo "deber de participaci¨®n". Y para que no sea una forma disfrazada de obediencia a los poderes p¨²blicos, las participantes tienen que ser corresponsables en la toma de decisiones y en el acceso a los riesgos y recompensas. En este aspecto la Constituci¨®n espa?ola rebasa claramente la ideolog¨ªa del igualitarismo nominal (que se conforma con decir que hombres y mujeres tienen igual valor pero les adscribe funciones y recompensas muy diferentes) y del igualitarismo de mercado (que presupone una inexistente igualdad de partida y se escuda en la recompensa igual para resultados iguales).

Sin embargo, es llamativo que algunos grandes ¨¢mbitos de la vida social espa?ola donde las relaciones desigualitarias de g¨¦nero han sido tradicionales (Familia, Iglesia, Corona y Ej¨¦rcito) no reciban en el texto constitucional una menci¨®n m¨¢s vigorosa. Sin duda, no era la misma sensibilidad la que mostraron los padres redactores de la Constituci¨®n en 1978 que a la que pueden aspirar las nuevas generaciones de mujeres cada vez mejor formadas y menos asustadas ante cambios que ya han entrado a formar parte de su vida cotidiana y que antes o despu¨¦s habr¨¢ que incorporar en nuevos textos legales.

Los Estados nacionales son construcciones hist¨®ricas, igual que los de rechos y obligaciones que componen la ciudadan¨ªa. A las mujeres europeas de hoy, m¨¢s que el recuento de viejos agravios hist¨®ricos, lo que les importa es la construcci¨®n de su presente y de su futuro. Para eso tienen que cambiar el contrato social impl¨ªcito con el que no est¨¢n de acuerdo, que vincula a los hombres y mujeres. Un contrato impl¨ªcito que afecta a las relaciones con el Estado, la familia, con las instituciones religiosas, con la econom¨ªa; que llega, incluso, a campos tan aparentemente neutrales como el lenguaje, la creatividad o la construcci¨®n de la ciencia.

A diferencia de la antigua noci¨®n de ciudadan¨ªa -que derivaba de la idea de una procedencia com¨²n-, la ciudadan¨ªa moderna deriva de un pacto pol¨ªtico esencial que no sirve para restringir la soberan¨ªa del pr¨ªncipe por parte de su pueblo, sino para constituirse mediante la voluntad de todos, para ejecutarse en la autolegislaci¨®n democr¨¢tica. El consenso no es natural ni heredado, sino disputado; y para que el consenso sea posible es necesario el reconocimiento de los sujetos como libres e iguales.

El var¨®n como referencia

Aunque la Constituci¨®n espa?ola sea una de las m¨¢s modernas de la Uni¨®n Europea -y esto es una condici¨®n positiva para las mujeres espa?olas-, el ciudadano de referencia es sin duda un var¨®n integrado en la econom¨ªa monetaria, en condiciones f¨ªsicas de madurez y procedente de una tradici¨®n cultural compartida. Esto se ve claramente en la referencia a los derechos y deberes de los ciudadanos (art¨ªculos 30-38) y, sobre todo, en el t¨ªtulo VII, dedicado a la econom¨ªa y hacienda.Para la construcci¨®n de su ciudadan¨ªa, las mujeres espa?olas necesitan hacer expl¨ªcito lo impl¨ªcito, y esto no es tarea f¨¢cil ni a resolver en pocos a?os. La fuerza de la tradici¨®n es tan fuerte que incluso relaciones tan centrales como las econ¨®micas resultan borradas de la consciencia colectiva, invisibles al an¨¢lisis. Uno de los retos del siglo XXI, para hombres y mujeres, ser¨¢ cambiar una relaci¨®n que permite que en pa¨ªses como Espa?a m¨¢s d¨¦ dos tercios del trabajo real lo hagan mujeres y, al mismo tiempo, menos de una de cada cinco tenga un oficio que le garantice, como promete la Constituci¨®n, el derecho a la promoci¨®n y a la remuneraci¨®n suficiente para satisfacer las necesidades propias y las de la familia.