Estado de la justicia

FELIPE GONZ?LEZ tuvo ocasi¨®n ayer de escuchar de boca del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Pascual Sala, y del fiscal general del Estado, Carlos Granados, el cat¨¢logo de necesidades de la justicia que constitucionalmente corresponde atender al Ejecutivo que ¨¦l preside. El escenario fue el acto de apertura del a?o judicial, que inaugur¨®, como es ya tradicional en el actual r¨¦gimen democr¨¢tico, el rey Juan Carlos. El motivo de la presencia de Gonz¨¢lez fue la inauguraci¨®n de las obras de remozamiento del vetusto edificio que alberga la sede del Tribunal Supremo.No faltar¨¢n quienes relacionen esa presencia con la situaci¨®n personal del presidente del Gobierno, en el caso GAL, pendiente de tramitaci¨®n en el Supremo. Pero lo que pueda suceder sobre esta cuesti¨®n en el futuro no tiene porqu¨¦ condicionar lo que deben ser unas normales relaciones institucionales en un Estado democr¨¢tico. Algunos aprendices de derecho pol¨ªtico teorizar¨¢n lo contrario. Pero si alguien deb¨ªa atenderla invitaci¨®n de acudir a ese acto, junto a los m¨¢ximos representantes de las otras instituciones del Estado, era el presidente del Gobierno. Es. decir, el responsable de la instituci¨®n a quien corresponde acabar con la incuria secular" -en palabras de Pascual Salade una sede del Tribunal.Supremo instalada en un caser¨®n destartalado.

En cualquier caso, la inauguraci¨®n de las nuevas instalaciones del Supremo es una muestra m¨¢s de que los problemas de la, justicia en la Espa?a de hoy han dejado de ser, en lo esencial, de car¨¢cter. material y econ¨®mico. La Administraci¨®n, de justicia ya no es la pariente pobre de las instituciones b¨¢sicas del Estado y participa en, pie de igualdad en -la asignaci¨®n de los Presupuestos Generales., Hoy los problemas de la justicia son, ante todo, d¨¦ legitimaci¨®n social y de calidad profesional, de modernizaci¨®n de m¨¦todos de trabajo y de organizaci¨®n, de simplificaci¨®n de procedimientos. Es, decir, cuestiones, -que compete resolver m¨¢s a los propios jueces y al resto de los operadores de la justicia que al Gobierno.

Granados y Sala hicieron referencia a algunas de estas cuestiones. Para el presidente del Poder Judicial y del Supremo, es urgente la mejor los contornos constitucionales y legales d¨¦ la presunci¨®n de inocencia, la pureza de las pruebas y el principio de proporcionalidad en la aplicaci¨®n de la prisi¨®n preventiva, entre otros derechos y garant¨ªas. Y atribuye al Tribunal Supremo el principal pap el en esa tarea clarificadora que debe servir d¨¦ gu¨ªa al resto de jueces y tribu nales. El caso GAL es una buena ocasi¨®n para ello. No es tarea normal del Supremo instruir sumarios -s¨®lo en el 'Caso de personas aforadas - pero de ¨¦l depende, en gran inedida, que desaparezca, de la pr¨¢ctica judicial espa?ola ese modelo de juez, instructor m¨¢s inquisitorial que constitucional e interesado m¨¢s en, sacar adelante su sumario que en respetar el procedimiento. Es probable que, por ello, reciba sugerencias e incluso admoniciones y advertencias, pero la justicia y el com¨²n de lo s ciudadanos saldr¨¢n ganan do. Se dar¨¢ un espaldarazo a una forma de hacer justicia sobria y serena, lejos de esa otra teatral y compulsiva que a veces nos invade;