El fiscal del "caso Filesa" acusa a 23 de los 39 inculpados por el ex juez Barbero

El fiscal del Tribunal Supremo adscrito al caso Filesa, Antonio Salinas, ha solicitado que se sienten en el banquillo de los acusados 23 de los 39 inculpados por el ex juez Marino Barbero, para los que pide penas que en el caso del ex diputado socialista Carlos Navarro suman 24 a?os de c¨¢rcel. Entre los 16 excluidos de la lista de acusados, para los que el fiscal ha pedido el sobreseimiento, figuran Emilio Ybarra Churruca y Jos¨¦ ?ngel S¨¢nchez Asia¨ªn, presidente y ex presidente del BBV. En cambio, ha pedido cinco a?os para Alfonso Esc¨¢mez, presidente de CEPSA -que en ning¨²n caso los cumplir¨ªa, al haber rebasado la edad de ingreso en prisi¨®n-, y Jos¨¦ Antonio S¨¢ez de Azc¨²naga, consejero del BBV.

El fiscal Salinas pide para el senador del PSC-PSOE Josep Mar¨ªa Sala siete a?os de prisi¨®n; para Alberto Flores, ex responsable de relaciones internacionales del PSOE, y Luis Oliver¨®, administrador de Filesa, 19 a?os de c¨¢rcel y 500 millones de multa a cada uno, y para el ex diputado socialista Carlos Navarro, 24 a?os de prisi¨®n y 503 millones de multa.La lista de acusados comprende a 14 empresarios y financieros, y a nueve miembros del PSOE o pr¨®ximos a este partido.

El fiscal se?ala que, a finales de 1986 o principios de 1987, el PSOE, en colaboraci¨®n con el PSC, y con la finalidad de contar con un sistema de financiaci¨®n complementario, inici¨® la ejecuci¨®n de un plan de financiaci¨®n electoral consistente en la creaci¨®n de varias sociedades aparentamente "consultoras" te¨®ricamente prestadoras de servicios de asesoramiento, pero encubridoras de su verdadera finalidad y funci¨®n: servir de depositarias y administradoras de los fondos recaudados por el PSOE para canalizarlo posteriormente hacia el partido.

Seg¨²n el escrito del fiscal, en el proceso de financiaci¨®n electoral del partido socialista cabe distinguir cuatro fases, que no necesariamente pueden considerarse sucesivas: la de la construcci¨®n del holding de empresas formado por Malesa, Time Export y Filesa; la de recaudaci¨®n de fondos por el partido; la de aplicaci¨®n de los mismos al pago de los servicios electorales del PSOE, y una cuarta fase, de car¨¢cter complementario de la anterior, dirigida a encubrir la financiaci¨®n electoral lograda por el partido mediante las correspondientes omisiones contables en la contabilidad electoral a remitir al Tribunal de Cuentas.

Miembros del PSOE

El escrito del fiscal desarrolla a lo largo de 133 folios las cuatro fases. El holding parti¨® de la empresa Time Export. El senador Josep Maria Sala y el entonces diputado Carlos Navarro, como secretario de organizaci¨®n y secretario de finanzas del PSC, respectivamente, crearon, seg¨²n el fiscal, un grupo de empresas que servir¨ªa de base para la financiaci¨®n electoral del PSOE. El 30 de diciembre de 1988 qued¨® constituido el grupo, en el que aparec¨ªan como te¨®ricos copropietarios Alberto Flores y Luis Oliver¨®.La recaudaci¨®n de fondos se realiz¨® "con las empresas que acuerdan con el PSOE contribuir a su financiaci¨®n, mediante el giro de facturas o informes inexistentes que puedan encubrir jur¨ªdicamente la realidad del pago", seg¨²n el texto de la fiscal¨ªa.

El administrador de Filesa, Luis Oliver¨¦, fue quien, con la ayuda de dos auxiliases administrativos, confeccionar¨¢ por s¨ª solo los 35 informes "sobre las m¨¢s variadas y complejas materias del conocimiento t¨¦cnico y jur¨ªdico, por los que el holding percibir¨¢ la suma de 1.084.271.962 pesetas". El pago de servicios electorales prestados por el PSOE con cargo a los fondos depositados en las firmas Filesa y Time Export constituye al tercera de las fases.

En este punto, el fiscal considera que Ram¨®n Moreda Luna, que fue coordinador electoral del partido socialista, omiti¨® en la contabilidad los servicios prestados al partido y pagados por Filesa y T¨ªme Export, y fue ayudado en las manipulaciones por Guillermo Galeote y Carlos Navarro.

De las dem¨¢s acusaciones personadas en el caso Filesa, el abogado Marcos Garc¨ªa Montes, acusador en nombre del empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, solicit¨® la apertura de juicio oral para 37 acusados, entre ellos todos los banqueros y empresarios citados por el ex juez Barbero, que durante casi cuatro a?os instruy¨® el caso, hasta su reciente solicitud de la carrera judicial.

El representante legal de la acusaci¨®n del Partido Popular, Juan Ramon Montero Est¨¦vez manifest¨® anoche a este peri¨®dico que ya hab¨ªa entregado su escrito de acusaci¨®n, pero que no pod¨ªa hacerlo p¨²blico "porque a¨²n no lo conoc¨ªa el cliente".

Recursos rechazados

Por otra parte, y coincidiendo con la entrega de escritos por parte de las acauciones, la Sala Segunda del Tribunal Supremo rechaz¨® recursos de queja contra el auto del ex juez Marino Barbero en el que ¨¦ste inculp¨® a 39 pol¨ªticos del partido socialista, empresarios y banqueros.La resoluci¨®n, de la que ha sido ponente el magistrado Jos¨¦ Augusto de Vega Ruiz, se?ala que en el procedimiento abreviado no existe un verdadero auto de inculpaci¨®n -que en realidad se denomina "auto de acomodaci¨®n al procedimiento abreviado" lo que supone que el juez no tiene por qu¨¦ describir hechos, preceptos penales y grados de participaci¨®n, tal como reclamaron los letrados de algunas de las partes.

Seg¨²n la resoluci¨®n de la Sala Segunda, Barbero se limit¨® a describir los hechos y su posible tipificaci¨®n jur¨ªdica, pero s¨®lo someramente y a los ¨²nicos efectos de justificar la raz¨®n del acuerdo adoptado para, finalmente, indicar las personas que aparecen como querellados y las que son imputados.

Tras haber confirmado la Sala Segunda del Supremo el auto de inculpaci¨®n y haber entregado al instructor sus escritos de acusaci¨®n, el ministerio fiscal y las dem¨¢s acusaciones, la causa pasar¨¢ ahora a los abogados defensores.

Posteriormente, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo, a la vista de los escritos de todas las partes, dictar¨¢ el auto de apertura del juicio oral, en el que se?alar¨¢ definitivamente qui¨¦nes se sientan en el banquillo de los acusados para ser sometidos a juicio por la presunta financiaci¨®n irregular del PSOE en el caso Filesa.