El equipo de Conde desvi¨® dinero negro a una cuenta del partido de Jordi Pujol

Banesto desvi¨®, bajo la presidencia de Mario Conde, un tal¨®n por importe de 13,7 millones de pesetas a una cuenta de Converg¨¨ncia Democr¨¢tica de Catalunya (CDC), el partido que preside Jordi Pujol, seg¨²n datos de entidades bancarias implicadas en esta operaci¨®n. Seg¨²n dichas fuentes, la cuenta estaba controlada por Albert Serra Hugas, ex tesorero de dicha formaci¨®n e implicado en el caso Casinos, presunta v¨ªa de financiaci¨®n irregular del partido. El supuesto desv¨ªo de fondos de Banesto a CDC se inscribe en la presunta estafa realizada por directivos de Banesto en la compra de terrenos y naves comerciales en Madrid y Guadalajara.

En dichas operaciones se gener¨® dinero negro por valor de m¨¢s de 1.500 millones. Precisamente, por esta fraudulenta maniobra bancaria la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional se querell¨® contra Fernando Garro, ex directivo de Banesto y hombre de confianza de Mario Conde.La operaci¨®n para generar dinero negro en Banesto, en cuyo contexto se inscribe el tal¨®n desviado a una cuenta de CDC, se realiz¨® mediante la compra de terrenos y locales entre marzo de 1989 y diciembre de 1990. Fernando Garro era entonces director general de Servicios y del ?rea Inmobiliaria de la entidad. Garro, considerado uno de los ¨ªntimos de Conde, se ocup¨® fundamentalmente en la entidad de asesorar al ex banquero en materia de imagen y de estrategia en medios de comunicaci¨®n.

El mecanismo, en s¨ªntesis, consisti¨® en escriturar la compra de locales a un precio sensiblemente inferior al que abon¨® el banco. Esta cobertura posibilit¨®, seg¨²n fuentes al tanto de estas operaciones bancarias, emitir una multiplicidad de cheques con dinero negro tanto hacia los compradores como hacia otras personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas sin relaci¨®n alguna con dicha operaci¨®n inmobiliaria. La mayor¨ªa se extendieron a trav¨¦s del Banco del Progreso y Banco del Comercio.

Un tal¨®n de la primera entidad por un importe de 13.700.000 pesetas fue ingresado, precisamente, en noviembre de 1989 a la cuenta complenientaria de CDC, n¨²mero 419/02/000289512, ubicada en la oficina de la Caixa situada en la calle Valencia de Barcelona. La persona que controlaba dicha cuenta era Albert Serra Hugas, entonces contable del partido de Pujol y de los Grupos Parlamentarios de CiU. Serra Hugas, aunque sigue vinculado al aparato de CDC, oficialmente dej¨® este puesto a ra¨ªz del Caso Casinos. En el caso Casinos, un directivo de la empresa Inverama, Jaime Sent¨ªs, acus¨® a Serra Hugas, entre otros miembros del aparato de CDC de haber recibido cheques al portador por importe aproximado a los 300 millones de pesetas. Serra Hugas neg¨® los hechos.

La partida de 13,7 millones ingresada en una cuenta de CDC, de haberse tratado de una donaci¨®n, tendr¨ªa que haberse ajustado a los siguientes requisitos legales: una misma persona f¨ªsica o jur¨ªdica no puede aportar m¨¢s de diez millones al a?o a un partido; tales donaciones deben ser ingresadas en cuentas dedicadas s¨®lo a este cometido; las ayudas econ¨®micas no han de ser finalistas; y, en caso de sociedades, han de ser aprobadas por el ¨®rgano social competente. Varios de estos requisitos, en principio, parecen incumplidos en este caso, en la medida que se sobrepas¨® la cuant¨ªa y se ocult¨® al consejo de Banesto, seg¨²n admiten fuentes pr¨®ximas a. esta operaci¨®n.

Apropiaci¨®n indebida

La fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional implica a Garro en un presunto delito de apropiaci¨®n indebida y/o estafa relacionado con seis operaciones de compra de locales por parte de Banesto entre marzo de 1989 y diciembre de 1990. La compra m¨¢s importante, por m¨¢s de 730 millones de pesetas, se realiz¨® en la localidad de Azuqueca de Henares (Guadalajara). El precio escriturado de los locales fue de 1.363,9 millones de pesetas, pero el realmente pagado por Banesto ascendi¨® a 2.996,4 millones. La diferencia entre el precio contabilizado en la entidad y el realmente pagado (unos 1.600 millones de pesetas) acab¨® convertida en cheques al portador. En algunos casos, el sobreprecio fue a parar a los vendedores de los inmuebles.

Este hecho lo investiga la Agencia Tributaria. En otros casos, el sobreprecio se destin¨® a pagar estudios supuestamente ficticios realizados por varias sociedades, entre ellas Cimasa y Cimecon.

En su declaraci¨®n ante el juez, Garro afirm¨® que todas las operaciones inmobiliarias bajo investigaci¨®n contaron en su momento con la aprobaci¨®n del entonces presidente del banco, Mario Conde. ?ste, por su parte, asegur¨® en su declaraci¨®n ante el magistrado que en su calidad de m¨¢ximo responsable de la entidad no se ocupaba de tales detalles.