Iniciativa dudosa

EL PARTIDO Popular se ha convertido en el primer grupo del Senado con la incorporaci¨®n de los senadores designados por los nuevos parlamentos auton¨®micos elegidos en mayo. La suma de los esca?os del PSOE y CiU no alcanza ya la mayor¨ªa - absoluta de la C¨¢mara alta. De ah¨ª que los populares, junto con el PNV e Izquierda Unida, hayan trasladado al Senado la iniciativa que fracas¨® en el Congreso para constituir una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre los GAL. Para que prospere es necesario que voten a favor al menos cinco senadores m¨¢s que los 122 que suman los tres grupos proponentes.Ya la votaci¨®n en el Congreso fue precedida de bastante juego sucio o, como m¨ªnimo, oculto: bajo la mesa se jugaron algunas partidas, y al menos dos diputados votaron en sentido diferente al anunciado por sus grupos. Los nacionalistas catalanes denunciaron que algunos diputados del PP se hab¨ªan dirigido a ellos pidi¨¦ndoles que votasen en contra de la comisi¨®n propuesta por su partido, cuya constituci¨®n les parec¨ªa una locura.

Puede serlo, pero ello no justifica que el juego sucio haya continuado. Hay motivos para desconfiar de algunas denuncias demasiado ad hoc, como la de ese senador del PP acusado de irregularidades en su trabajo. como funcionario, y que alega haber sido amenazado con ser sancionado si vota lo que no debe. Pero no hay duda del car¨¢cter amenazador de la advertencia del ministro Saavedra a los senadores de Coalici¨®n Canaria, condicionando las ayudas solicitadas para su tierra a su actitud en el asunto GAL. La mentalidad que esa amenaza revela es incompatible con la condici¨®n de ministro de un Gobierno democr¨¢tico.

En cuanto a la iniciativa misma, resulta m¨¢s que discutible. El PNV e Izquierda Unida han sido coherentes, porque siempre levantaron la voz contra la guerra sucia. No as¨ª el PP, que cuando se llamaba Alianza Popular y se estaban produciendo los cr¨ªmenes de los GAL se abstuvo cuidadosamente no ya de pedir una comisi¨®n, sino tan siquiera de expresar la m¨¢s ligera inquietud sobre qui¨¦n podr¨ªa estar financiando, amparando, organizando esas. actividades.

Tratar de dilucidar las responsabilidades respecto a la creaci¨®n y funcionamiento de los GAL hubiera tenido pleno sentido a fines de 1983. De haberse producido entonces, como reclam¨® en soledad este peri¨®dico, es casi seguro que como m¨ªnimo habr¨ªa provocado la interrupci¨®n de aquella desgraciada aventura, que se prolongar¨ªa hasta 1987. Si AP no tom¨® esa iniciativa fue sin duda porque, como entonces dijo su presidente-fundador en el Congreso, pensaba que "la ¨²nica guerra sucia es la que practica ETA"`. Hacerlo hoy, cuando el asunto est¨¢ en manos del Supremo, y sin mediar siquiera una autocr¨ªtica s obre su abstencionismo de entonces, resulta de un oportunismo insuperable. Especialmente cuando, adem¨¢s, la anunciada disoluci¨®n del Parlamento garantiza la imposibilidad pr¨¢ctica de que la comisi¨®n, si se constituye, llegue a realizar una investigaci¨®n m¨ªnimamente solvente.

Pero el portavoz del PP ya ha anunciado que su primera iniciativa ser¨ªa llamar a declarar al presidente del Gobierno. As¨ª, incluso si la investigaci¨®n no puede ir muy lejos, el efecto medi¨¢tico de esa comparecencia, no dif¨ªcil de imaginar si se recuerdan los antecedentes de Rubio, Rold¨¢n..., ser¨ªa ya un ¨¦xito para los publicitarios que dise?an la estrategia del PP.

Al margen de ese componente oportunista, la iniciativa resulta discutible cuando ya hay una investigaci¨®n judicial en marcha. El argumento de que la investigaci¨®n parlamentaria s¨®lo establece responsabilidades pol¨ªticas, sin efecto penal, es cuestionable. En la medida en que ambas indagan sobre los mismos hechos y Que la parlamentaria se pronuncia sobre la existencia de indicios de criminalidad -que seg¨²n el reglamento de la C¨¢mara deber¨¢n ser puestos en conocimiento del fiscal general-, s¨ª hay una calificaci¨®n con efectos penales realizada por un ¨®rgano que es parcial por definici¨®n. Ello plantea graves problemas en materia de derechos individuales porque el investigado no dispone en una comisi¨®n parlamentaria de las garant¨ªas propias del derecho penal, lo que podr¨ªa contaminar de nulidad todo el proceso judicial.

Es inevitable que en este momento una comisi¨®n GAL sea percibida como un juicio paralelo, y que sus trabajos interfieran en los del Supremo. Algo especialmente inquietante, por lo dem¨¢s, a la luz de la doctrina ?lvarez Cascos, que descalifica como injusta cualquier sentencia de ese tribunal que no coincida con la que, seg¨²n ¨¦l, ya ha dictado la opini¨®n p¨²blica.