Los jueces censuran que el Gobierno se ampare en la ley de Secretos para negar datos a Garz¨®n

Las asociaciones judiciales creen que el Gobierno no puede ampararse en la ley de Secretos Oficiales para negar al juez Garz¨®n los documentos del Cesid que solicita para investigar cuatro asesinatos de los GAL. Asociaciones de todas las tendencias estiman que la presentaci¨®n. de un conflicto de jurisdicci¨®n no tiene cabida en la ley de 1987 y que se, trata de una argucia del ministro de Defensa, Su¨¢rez Pertierra, para interrumpir la instrucci¨®n. Este extremo fue negado ayer por el titular de la Presidencia, P¨¦rez Rubalcaba, quien garantiz¨® que "en modo alguno" se busca retrasar las pesquisas.

El juez Baltasar Garz¨®n ha solicitado en reiteradas ocasiones al Cesid, dentro de la investigaci¨®n del sumario del caso Monbar, dos documentos: uno de ellos conocido como acta de los GAL, en el que se establec¨ªan criterios de actuaci¨®n en la guerra sucia contra ETA, y otro, elaborado por el coronel Juan Alberto Perote, en el que informaba que mercenarios y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. iban a iniciar los atentados. El Cesid siempre se ha negado a facilitar esos papeles por considerar que son material clasificado y, por tanto, amparado por la ley de Secretos Oficiales.El ¨²ltimo requerimiento de Garz¨®n al ministro de Defensa ha tenido como respuesta la f¨®rmulaci¨®n de un conflicto de jurisdicci¨®n, que ser¨¢ resuelto por una sala presidida por el titular del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, e integrada por los magistrados del Supremo Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Jarabo y Pedro Esteban Alamo y los consejeros de Estado Jer¨®nimo Arozamena, Fernando de Mateo y Andr¨¦s S¨¢nchez del R¨ªo. Esta sala fue constituida en noviembre de 1994 para todos los conflictos que surgieran a lo largo de 1995.

Las asociaciones de jueces, de todas las tendencias, han respondido de manera un¨¢nime a la presentaci¨®n del conflicto de jurisdicci¨®n. Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia, portavoz de la asociaci¨®n Francisco de Vitoria, afirm¨® ayer que el Gobierno no puede ampararse en la ley de Secretos Oficiales para negar a Garz¨®n los datos que solicita, puesto que en un Estado de derecho, un juez debe buscar la verdad material de, los hechos all¨¢ donde est¨¦. V¨¢zquez Honrubia considera una "triqui?uela jur¨ªdica" la presentaci¨®n del conflicto por parte del Gobierno para no entregar los documentos.

Esta asociaci¨®n considera que la v¨ªa elegida por Defensa es totalmente inadecuada y lo ¨²nico que persigue es dilatar el proceso de los GAL. V¨¢zquez declar¨® que roza lo escandaloso que el Gobierno se niegue a colaborar con la justicia, especialmente cuando son miembros del Gobierno los investigados.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Jos¨¦ Antonio Alonso, destac¨® que frente a la investigaci¨®n judicial de un delito no se puede alegar la existencia de un secreto oficial para no entregar al juez encargado del caso el material que solicite. Alonso tiene muchas dudas de que existan bases jur¨ªdicas para que el Ejecutivo plantee este conflicto, puesto que, a su entender, la Constituci¨®n encomienda en exclusiva a los jueces la investigaci¨®n de los delitos.

El presidente de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, Ram¨®n Rodr¨ªguez Arribas, explic¨® que si se habla de un delito y de las pruebas que pueden conducir a su esclarecimiento, el Gobierno no puede negar ning¨²n tipo de colaboraci¨®n alegando la defensa de la seguridad del Estado, porque se promover¨ªa la impunidad del delito. Rodr¨ªguez Arribas cree que la negativa de entregar la documentaci¨®n solicitada por Garz¨®n no parece que pueda encajar en un conflicto de jurisdicciones.

Frente a estas opiniones, el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, declar¨® a Radio Nacional que la presentaci¨®n del conflicto entra dentro de la "normalidad institucional". Por su parte, el secretario de Estado de Defensa, Juan Ram¨®n Garc¨ªa Secades, neg¨® que la medida sea una maniobra dilatoria, la misma opini¨®n del titular de la Presidencia, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, quien asegur¨® que el Gobierno "en modo alguno" pretende retrasar las investigaciones y aleg¨® que el Ejecutivo ha elegido en este contencioso la v¨ªa aconsejada por la abogac¨ªa del Estado.