El contexto

El asunto GAL cobra cada d¨ªa m¨¢s el aire de un culebr¨®n interminable, pero tal es el precio a pagar por la actitud de defensa palmo a palmo adoptada desde medios oficiales. Dada la estrategia gubernamental, cerrando los archivos de Interior y Cesid a la investigaci¨®n y negando todas y cada una de las imputaciones, justo sobre la base de esa ausencia forzosa de pruebas documentales, los ¨²nicos avances sustanciales han podido provenir de los arrepentidos que hacen la conocida apuesta del ladr¨®n, confesando la propia culpa a cambio de trasladar la responsabilidad principal a un escal¨®n superior. Es un recurso bien conocido en la teor¨ªa de los juegos, que incluso ha servido para explicar la versi¨®n hobbesiana del contrato social. Frente a tales declaraciones inculpatorias, y siempre con el apoyo de la pol¨ªtica de cajones cerrados, la respuesta consiste en descalificar la confesi¨®n, tanto por los intereses subjetivos que la motivan como por la supuesta p¨¦rdida de credibilidad de quien ha hecho p¨²blico un comportamiento abyecto. Siempre la clave defensiva reside en la inexistencia de pruebas, pues si un documento sale a la luz, como el conejo de la vieja chistera, es al modo del texto del Cesid de tiempos de UCI), para servir de ant¨ªdoto favorable al Gobierno frente al "acta fundacional" que pusiera sobre el tapete Garc¨ªa Damborenea.En la superficie, la estrategia gubernamental descansa sobre un reparto de tareas perfectamente definido. En el v¨¦rtice, Felipe Gonz¨¢lez debe, aparecer como una figura situada por encima de los acontecimientos, una vez comprobado el escaso ¨¦xito de sus alusiones a la conspiraci¨®n, ahora convertida en chantaje. Proclamar¨¢ bien alto, en consecuencia, su respeto a la actuaci¨®n del poder judicial, lo cual no impide que los voceros de su partido, encabezados por el crispado n¨²mero tres, aprovechen todas las ocasiones disponibles para censurar la m¨¢s peque?a acci¨®n desfavorable de los jueces y especialmente para cubrir de lodo la figura del gran responsable de cuanto ocurre, el juez Garz¨®n: lo malo no fue el GAL, sino la decisi¨®n de investigarlo. Semejante actitud, cuando menos sorprendente en un sistema democr¨¢tico, es acogida con aparente neutralidad por los medios de comunicaci¨®n propios (estatales) y afines, sobre quienes recae adem¨¢s la labor imprescindible de resaltar ante la opini¨®n p¨²blica todo elemento favorable a la presunta inocencia de Gonz¨¢lez, as¨ª como de presentar aquellos documentos que van surgiendo del procedimiento judicial de modo que las, acusaciones parezcan inconsistentes y los agentes que las pronuncian poco fiables. En cuanto a los personajes directamente amenazados, como Vera y Barrionuevo, las conferencias de prensa convenientemente difundidas les permiten adoptar ante la opini¨®n el aire de inocentes que por fuerza tienen que convertirse en acusadores frente a la actuaci¨®n judicial, condenada al silencio y que a pesar de ese silencio, obligado no se libra de verse motejada como fruto espurio de las intenciones de un juez o de unos jueces aspirantes al estrellato o impulsados por el deseo de venganza.

As¨ª se da como resultado la paradoja de que partiendo de una recusaci¨®n del procedimiento judicial en curso, y en particular de la instrucci¨®n desarrollada por Garz¨®n, se va a parar a una judicializaci¨®n total del caso, tanto para afirmar la inocencia que debe prevalecer hasta la condena para los imputados como para confirmar la plena inocencia de Gonz¨¢lez si no lo es, e incluso para arrogarse en todo momento desde los medios pr¨®ximos al Gobierno la facultad de juzgar y sentenciar. "Barrionuevo es inocente", proclama cualquier dirigente regional socialista, como si personalmente ¨¦l estuviera al corriente de todo cuanto sucedi¨®. "Los diputados socialistas valorar¨¢n la petici¨®n -es decir, se convertir¨¢n en. ¨®rgano judicial- si se produce el suplicatorio", apunta otro. En el fondo, se trata de ir asentando la idea de que en el Supremo o en la C¨¢mara el procedimiento se detendr¨¢ para los aforados y ¨¦stos podr¨¢n proclamarse entonces no s¨®lo inocentes, sino v¨ªctimas de una persecuci¨®n. Es el "principio de la igualdad ante la ley", tal y como lo entiende Felipe Gonz¨¢lez, proclamado por ¨¦l mismo al concluir la entrevista con el Rey en Mallorca. Igualdad entre los iguales.

Por eso conviene recordar que al lado de las responsabilidades de que viene habl¨¢ndose para el caso GAL, la penal y pol¨ªtica, y Una vez obstruido implacablemente por el Gobierno el acceso a la segunda, cabe hablar de un tercer tipo de responsabilidad, que podr¨ªa calificarse de responsabilidad hist¨®rica. El recurso a ella resulta inevitable, dadas la intensidad y la cuant¨ªa de los desmanes y cr¨ªmenes de todo tipo que han ido produci¨¦ndose en nuestro siglo sin que hayan encontrado el castigo de una condena en un tribunal. N¨²remberg es la excepci¨®n. Nadie llev¨® ante los jueces ni conden¨® a Franco, Stalin o Pinochet, e incluso este ¨²ltimo sigue permiti¨¦ndose hoy insultar a las que fueran sus v¨ªctimas. Pero, al mismo tiempo, tampoco nadie en su sano juicio estimar¨¢ por ello que no son responsables de sus cr¨ªmenes y que ha de presumirse la inocencia. Incluso cabe que en una circunstancia dada -y esto me parece perfectamente aplicable al caso GAL- el respeto a la legalidad imponga un veredicto de inocencia por insuficiencia de las pruebas para un individuo, sin que ello autorice a liberarle de su responsabilidad hist¨®rica. Un dem¨®crata s¨¦ felicitar¨ªa entonces de las garant¨ªas que permiten entonces al imputado proseguir su existencia en libertad, pero dif¨ªcilmente podr¨ªa aceptar que como consecuencia los cr¨ªmenes no existieron o que no se dio la acci¨®n responsable de quien los decidi¨® o autoriz¨®.

Porque, como apunt¨® Garz¨®n en el escrito enviado al Supremo, lo que cuenta a la hora de imputar posibles responsabilidades a Gonz¨¢lez y otros es que la explicaci¨®n de los hechos derivada de las confesiones resulta cre¨ªble. Puede que no existan pruebas suficientes para convertir al presidente en imputado, y hay que felicitarse por ello. Pero los cr¨ªmenes son reales, es real el documento an¨®nimo del Cesid que explicaba la v¨ªa seguida, son reales las responsabilidades criminales asumidas desde altos niveles por personajes del Ministerio del interior y del PSOE vizca¨ªno. En t¨¦rminos penales, la ausencia de pruebas concluyentes de cuyo origen ya hemos hablado abre el camino a la exculpaci¨®n, pero en el plano de la responsabilidad hist¨®rica eso no basta. Una anastilosis elemental revela, con los datos actuales en la mano, que la adopci¨®n de decisiones tan graves no pudo detenerse en el nivel de Vera y Sancrist¨®bal, pues no fue un solo acto criminal, sino una estrategia desarrollada a lo largo de a?os. A no ser que exista otra explicaci¨®n "cre¨ªble" que invalide las confesiones ya realizadas y d¨¦ con otra l¨ªnea de responsabilidad criminal, pero es obvio que el Gobierno ni siquiera lo intenta. De modo que el ¨¢mbito en que ha de buscarse la responsabilidad hist¨®rica es el del terrorismo de Estado, y en ¨¦l los posibles responsables se encuentran ya perfectamente identificados.

Los efectos de la onda expansiva que en un caso como ¨¦ste se derivan de la responsabilidad hist¨®rica desbordan tambi¨¦n, incluso espectacularmente, el espacio de lo penal. Es ya un lugar com¨²n el reconocimiento de la deslegitimaci¨®n del Estado que el caso GAL ha producido en el Pa¨ªs Vasco: me atrever¨ªa a decir que gracias a este tr¨¢gico episodio de terrorismo oficial la cohesi¨®n del Estado ha comenzado a cuartearse por efecto de una sacudida cuya intensidad desborda a todas las anteriores producidas desde la entrada en vigor de la Constituci¨®n. El propio partido del Gobierno ha visto agudizada su crisis interna; afectado por la bunkerizaci¨®n que supone la defensa a ultranza de los dirigentes amenazados y por la p¨¦rdida de iniciativa pol¨ªtica resultante del clima de inseguridad. Por fin, un Gobierno fr¨¢gil contempla desde la impotencia c¨®mo se consolidan los brotes de v¨ªolencia juvenil fascista e independentista, o ambas cosas a la vez. Son costes muy superiores en entidad a lo que representa la cuesti¨®n de la continuidad pol¨ªtica de Felipe Gonz¨¢lez. Aunque ¨¦l sin duda contempla los acontecimientos a trav¨¦s de otro prisma y desde la idea de que su mantenimiento al frente del Gobierno y del PSOE constituye una misi¨®n irrenunciable. Un enfoque del poder que tambi¨¦n contribuye a acentuar su responsabilidad hist¨®rica.