Garz¨®n pregunta a las partes si Pertierra ha incurrido en delito

El juez Baltasar Garz¨®n solicit¨® ayer al fiscal y a los abogados personados en el sumario Monbar -que investiga el asesinato de cuatro miembros de ETA en Francia a manos de los GAL- que se pronuncien sobre si el ministro de Defensa, Gustavo Su¨¢rez Pertierra, ha incurrido en delito de falta de colaboraci¨®n con la justicia al haberse opuesto a el Cesid entregase dos documentos sobre el de la guerra sucia que el magistrado le hab¨ªa requerido. La acci¨®n popular volvi¨® a pedir ayer al juez instructor del caso GAL en el Supremo, M¨®ner, que sea ¨¦l quien requiera al Cesid los documentos.

Garz¨®n, en una providencia notificada ayer a los abogados caso. Monbar a raiz del conflicto de jurisdicci¨®n planteado por Defensa, pregunta a las partes si "procede tener por formulado el conflicto de jurisdicci¨®n o si, por el contrario, "no procede admitirlo a tr¨¢mite al no_ existir materia que dilucidar. en tal conflicto al reconocerse expresamente por el juzgado que el Consejo de Ministros tiene competencia exclusiva para clasificar y desclasificar documentos y que, por ello, el juez se dirigi¨® al ministro de Defensa requiriendo su colaboraci¨®n con la justicia". Esta clolaboraci¨®n inclu¨ªa la propuesta de desclasificaci¨®n de los documentos en el caso de que se considerasen secretos.El juez de la Audiencia Nacional baraja la posibilidad de pedir al Supremo que estudie si la actuaci¨®n del ministro constituye obstrucci¨®n a la acci¨®n de la justicia. As¨ª, en el ¨²ltimo punto de la providencia, insta a las partes a que se pronuncien. sobre." si habi¨¦ndose negado el Excmo. Sr. Ministro de Defensa reiteradamente a cumplimentar o dado orden para que no se cumplimentaran los requerimientos de este juzgado al Cesid, enmarcados en la m¨¢s estricta legalidad, como han entendido todas las partes al haberse aquietado con las resoluciones dictadas, procede elevar atenta exposici¨®n a la Sala 2? del Tribunal Supremo ante la eventualidad de que se hubiera podido incurrir en responsabilidad penal por el Excmo. Sr. Ministro de Defensa al amparo de lo establecido en el art¨ªculo 371 del C¨®digo Penal".

El citado art¨ªculo establece que el funcionario que, requerido por la autoridad competente, no prestare la debida cooperaci¨®n para la administraci¨®n de justicia u otro servicio p¨²blico, incurrir¨¢ en las penas de suspensi¨®n y multa de 100.000 a 500.000. pesetas.

Garz¨®n ha pedido al Cesid en varias ocasiones dos documentos: la llamada acta de los GAL, en la que se describ¨ªan l¨ªneas de actuaci¨®n de la guerra sucia contra ETA, una de cuyas copias le fue entregada por Ricardo Garc¨ªa Damborenea y una nota de despacho, elaborada por el ex jefe de la Agrupaci¨®n Operativa del Cesid, el coronel Juan Alberto Perote, en la que informaba del inicio de atentados por parte de mercenarios y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Defensa entiende que Garz¨®n trata de arrogarse competencias que no le corresponden, como la clasificaci¨®n o desclasificaci¨®n de material secreto, que es funci¨®n exclusiva del Consejo de Ministros.

En la providencia que reproduce el acuerdo de Defensa de promover el conflicto de jurisdicci¨®n se recoge que en el requerimiento de Garz¨®n al Cesid fechado el 9 de agosto pasado se anunciaba la. posibilidad de resolver la petici¨®n del fiscal de que el juzgado se constituyese en el Cesid y se procediese a una eventual entrada y registr¨® del Centro.

Por otro lado, la acci¨®n popular en el caso GAL present¨® ayer un escrito ante el juez instructor, Eduardo M¨®ner, en el que precisa que, en tanto se tramitan los suplicatorios para citar como imputados a Felipe Gonz¨¢lez, Jos¨¦ Barrionuevo, Narcis Serra y Txiki Benegas, reclame al Cesid los documentos sobre los GAL fechados en 1983 que solicita Garz¨®n, as¨ª como todos aquellos otros, datos o investigaciones que tenga el citado organismo relativos a la creaci¨®n, funcionamiento, financiaci¨®n o encubrimiento de los GAL.